La CNDH señala a cuatro militares por la matanza de mayo en Nuevo Laredo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha publicado este lunes su informe sobre la matanza de Nuevo Laredo, ocurrida a mediados de mayo. El organismo señala a cuatro militares del asesinato de cinco hombres, presuntos integrantes de un grupo criminal. Según ha explicado la comisión, dos militares mataron a los civiles después de una persecución, cuando estos ya habían sido desarmados y sometidos, sin que plantearan una amenaza para los uniformados.

La CNDH certifica así el contenido del vídeo de una cámara de seguridad, que captó la persecución, la detención de los cinco jóvenes y su posterior ejecución. Aunque el evento ocurrió el 18 de mayo, no llamó la atención de la opinión pública hasta el 6 de junio, cuando EL PAÍS divulgó las imágenes. Fue entonces cuando la Secretaría de la Defensa (Sedena) abrió una investigación de lo ocurrido, y cuando la Fiscalía General de la república (FGR) aceleró sus pesquisas.

Además de los dos militares que dispararon contra los civiles, la oficina del ombudsman señala igualmente a otros dos elementos, uno por “golpear sin justificación a las víctimas” y a otro por “colocar armas al lado de los cuerpos de las víctimas, alterando así el lugar de los hechos, antes de que llegaran las autoridades competentes”. Actualmente, 16 militares están presos por lo ocurrido, de momento, por un delito del fuero militar, desobediencia. La FGR, encargada de investigar delitos del fuero común, como el asesinato, no ha informado del estado de sus pesquisas.

La comisión señala precisamente el mal actuar de la FGR, concretamente de uno de sus peritos, encargado de realizar el informe de mecánica de lesiones, comparando las necropsias de los cadáveres de las víctimas, con el relato de lo ocurrido, según el responsable de los militares sobre el terreno el día de los hechos, el teniente Luis N. El perito concluyó que existía “correspondencia” entre el relato del militar y las necropsias. La CNDH señala que sus conclusiones “no se encuentran debidamente sustentadas”.

El informe de la comisión en el caso de mayo en Nuevo Laredo remite a un documento anterior, publicado igualmente este año, sobre otro evento controvertido que involucra al Ejército en la ciudad. En febrero, militares persiguieron y atacaron a un grupo de muchachos que salía de pasar la noche en una discoteca. A diferencia del suceso de mayo, los muchachos de febrero no iban armados. Su único delito fue acelerar cuando vieron a los uniformados, que dispararon repetidamente contra el vehículo.

Otra diferencia entre ambos casos es que el suceso de mayo quedó grabado en vídeo y el de febrero no. Pero en ese último, dos muchachos que sobrevivieron a los balazos relataron lo ocurrido, tumbando la primera versión de los militares que, igual que en mayo, descartaban cualquier desvío de normas y manuales. Los dos eventos muestran, de cualquier manera, una realidad preocupante: de 2007 a 2022, casi la mitad de los enfrentamientos entre militares y civiles en México han ocurrido en Tamaulipas, 2.494 de 5.493, según datos del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.

El altísimo ratio de enfrentamientos por habitante en Tamaulipas habla de la relativa facilidad con que los militares usan sus armas en el territorio, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones del país. Los casos de febrero y mayo en Nuevo Laredo elevan además una pregunta a la sociedad. Testigos o vídeos tumbaron en ambos casos la versión que dieron los militares inmediatamente después de los hechos. En otros cientos de casos ocurridos estos años no ha habido ni lo uno ni lo otro. ¿Existen eventos que Sedena catalogue como enfrentamiento estos años que en realidad fueran otra cosa?

En el caso de mayo, la CNDH omite el papel de la cadena de mando el día de los hechos. Como publicó EL PAÍS en junio, los militares implicados son parte del 5º Batallón de Fuerzas Especiales, con sede en el Estado de México. Los militares llegaron a Nuevo Laredo en abril, para apoyar en tareas de seguridad. El día de los hechos, el máximo responsable de los militares era el teniente José Luis N, que, como informó este diario, habría sido quien puso las armas junto a los cadáveres.

El teniente es uno de los señalados por la CNDH, pero la comisión evita mirar hacia arriba, misma actitud que mantuvo antes los sucesos de febrero. Este diario señaló que al menos un coronel llegó al lugar de los hechos, minutos después de la refriega, presumiblemente el coronel Héctor Aldape, entonces comandante del 16º Regimiento de Caballería, que tiene sede en la ciudad. Aldape habría sido el máximo responsable militar en el lugar, cuando elementos castrenses quitaron las esposas a uno de los cadáveres, antes de la llegada de la FGR.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país