El dolor eterno de Tamaulipas

Arde Tamaulipas y arrecian las preguntas de por qué ha pasado lo que ha pasado estas semanas. Ignorada ante pequeños fuegos de alcance aparentemente local, los gobiernos de México y Estados Unidos miran ahora a la región del Golfo como no lo habían hecho en años. La masacre a manos de militares de cinco muchachos en Nuevo Laredo, a finales de febrero, y el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, a principios de marzo, han puesto en el punto de mira al Estado. La mala noticia es que ambos eventos responden en realidad a la normalidad reinante en la zona en los últimos años.

Tamaulipas es una de las regiones del país donde más personas desaparecen, en general y relación con su población. Preso de la corrupción y de la cercanía de los grupos criminales con el aparato político y de seguridad, el Estado ha sufrido picos de violencia brutales, explicados a partir de disputas entre grupos criminales, primero entre el Cartel del Golfo y Los Zetas, y luego entre facciones de ambos grupos, todos con la mirada puesta en la frontera y el contrabando. Hay que sumar a las Fuerzas Armadas a la ecuación, en particular al Ejército, policía de facto de la región. De 2007 a 2022, militares han mantenido casi tantos enfrentamientos con presuntos agresores en Tamaulipas, el 45%, como en el resto de estados combinados.

La desaparición de personas en México es una constante desde finales de 2006, cuando el Gobierno federal le declaró la guerra al crimen organizado. En pocos lugares se ha sentido esta situación como en Tamaulipas, que cuenta 11.680 personas desaparecidas, según el registro de la Secretaría de Gobernación, de las que han aparecido restos de 527. Con una población de 3,5 millones, la tasa de desapariciones por cada 100.000 habitantes en el Estado es una de las más altas del país. Todo eso sin contar los casos no denunciados, por miedo, amenazas… Es imposible saber cuántos desaparecidos no figuran en el cómputo oficial, que el año pasado superó los 100.000 en todo el país.

Con 17 puentes fronterizos que cruzan a Estados Unidos, Tamaulipas es guarida además de una enorme cantidad de centros de exterminio, pedazos de tierra donde criminales deshacen cuerpos para dificultar el trabajo de las autoridades. Es el caso del que encontraron hace año y medio en Nuevo Laredo, del que los peritos apenas han podido rescatar unos pocos centenares de trocitos de hueso. O el de La Bartolina, en Matamoros, muy cerca de la caseta donde los investigadores rescataron a los estadounidenses secuestrados hace semana y media. Las autoridades llevan más de cinco años sacando restos de allí.

Todo esto da una idea del grado de violencia que impera en la entidad. No es que todo lo anterior no ocurra en otras partes de México, lo hace, pero Tamaulipas, por su posición geográfica y la cantidad de cruces al país vecino, es lugar predilecto para las mafias y sus redes de apoyo institucionales. Lo que en Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo o cualquiera de los pueblos de la frontera chica vale 20 dólares, multiplica su valor 200 metros al norte, sean droga o migrantes.

Todavía no se sabe el motivo del ataque contra los cuatro ciudadanos estadounidenses, pero se tiene una idea del despliegue de los perpetradores. Detectados los estadounidenses tras su cruce, hasta ocho vehículos participaron en su seguimiento, el tiroteo y el secuestro. La teoría de la confusión, enarbolada por el fiscal estatal, Irving Barrios, aparece como una hipótesis válida. La filtración de los antecedentes penales de las víctimas sugiere otras posibilidades, que las autoridades mexicanas no han comentado de momento.

Lo que resulta evidente del caso es la capacidad de movilización del crimen en la región, expresada estos años también en sus choques continuos con las fuerzas de seguridad, particularmente el Ejército, que ha sustituido a las policías en la frontera. En ningún otro lugar de México, los militares han protagonizado más tiroteos con presuntos criminales que aquí. El carácter recurrente de los enfrentamientos, la facilidad para apretar el gatillo, esconde, sin embargo, una cadena de errores, en el mejor de los casos, negligencias y delitos, en el peor, que apunta al mismo origen de la estrategia.

La historia es de sobra conocida. En diciembre de 2006, el recién llegado Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) ideó una estrategia para combatir al crimen organizado, que consistió en mandar al Ejército a las calles, plan que sus sucesores han heredado hasta hoy, ya con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Con los años caló la idea de que el movimiento de Calderón agitó un avispero lleno de insectos histéricos, que afinaron sus capacidades. Y no solo eso. La experiencia policial de los militares mostró sus límites, con continuas denuncias a soldados por tortura, desaparición forzada y asesinato.

El caso Nuevo Laredo es el mejor ejemplo de lo anterior. El ataque de un convoy militar a un grupo de muchachos desarmados, que salía de pasar la noche en una discoteca, interpela las estrategias de seguridad de los últimos tres Gobiernos, empezando por Calderón, pasando por Enrique Peña Nieto (2012-2018) y ahora con López Obrador. Con mayor o menor incidencia, las tres administraciones han registrado situaciones parecidas, militares que accionaban sus armas sin que hubiera una agresión previa.

Desde enero de 2007 hasta finales de 2022, militares se enfrentaron con civiles en México en 5.493 ocasiones, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), recopilados, ordenados e interpretados por Samuel Storr, que forma parte del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. De esos 5.493 enfrentamientos, el 45%, 2.494, ocurrieron en Tamaulipas. La mayoría de esos choques ocurrieron además en las grandes ciudades fronterizas, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

Casos como el de los cinco muchachos masacrados en febrero no figuran en estas estadísticas. O no deberían hacerlo, ya que los muchachos muertos nunca dispararon. En una ciudad como Nuevo Laredo, que en estos años ha registrado 600 presuntos enfrentamientos solo entre militares y civiles -además de los que haya registrado la Armada, la Guardia Nacional o la policía estatal-, la actitud de los militares que dispararon contra los muchachos se explica a partir de lo que ha ocurrido antes. Y hace aflorar otras preguntas, de difícil respuesta.

¿Cómo saber si entre los 2.494 presuntos enfrentamientos registrados en Tamaulipas estos años hay más casos como el de Nuevo Laredo? A preguntas así, Storr apunta al índice de letalidad, una herramienta que ayuda a marcar eventos de este tipo por posibles irregularidades. El índice de letalidad mide la relación entre heridos y muertos civiles en enfrentamiento con cuerpos de seguridad. Expertos que desarrollaron la idea plantean que lo normal es que la relación sea de uno a uno: un muerto, un herido, dos y dos, etcétera. En la medida en que los muertos superan a los heridos, la sospecha aumenta.

“En Tamaulipas ocurre algo que apenas ocurre en el resto del país”, explica Storr. El académico se refiere a la cantidad de sucesos en la que el índice de letalidad no es parejo en el Estado. “De los 2.494 enfrentamientos registrados en el Estado, muchísimos más que en cualquier otro, en 384 se registraron más de tres civiles muertos. Y de esos, en 335 no hubo heridos, ni detenidos”, añade. Esto no significa que en esos 335 casos se hayan producido asesinatos, pero impide que se descarte la posibilidad de que ocurriera. La falta de capacidad de las fiscalías, tanto estatales como federal, impiden que se hayan llevado a cabo investigaciones exhaustivas. Solo cuando lo sucedido llega a la prensa nacional, el Gobierno federal interviene. Su aparición no asegura que haya justicia, pero es al menos un inicio.

Los datos dibujan una aceleración de la tendencia en los años de López Obrador en la presidencia. Con él al frente del Gobierno, la cantidad de enfrentamientos con más de tres muertos civiles y ningún detenido o herido crece, conformando porcentajes sobre el total superiores a los registrados con Peña Nieto o Calderón. Así, de diciembre de 2018 a diciembre de 2022, México registro 85 enfrentamientos que acabaron con más de tres muertos civiles, sin heridos ni detenidos. De esos 85, 62 ocurrieron en Tamaulipas, el 73% del total. En los años de Peña Neto el porcentaje baja al 59% y en tiempos de Calderón, al 45%. Durante la actual administración, además, la letalidad del Ejército en Tamaulipas es de más de nueve, más del doble de la media nacional, superando por mucho lo ocurrido en los dos gobiernos anteriores.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país