Las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa abandonan la mesa de diálogo de López Obrador

El grueso de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ha dicho basta. Después de casi seis años y 30 reuniones con el Gobierno y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el colectivo ha declinado participar en más encuentros de aquí a que acabe el sexenio, el 30 de septiembre. El choque frontal sobre la entrega de documentos de espionaje militar, que las familias reclaman y el Gobierno desconoce, el estancamiento de las extradiciones pendientes y el rechazo a profundizar en líneas de investigación que apunten al primer escalafón del Gobierno pasado, han acabado por romper el hilo.

Era un hilo muy fino, en todo caso, enlace que respondía más a la voluntad de las familias y el Gobierno, que a posibilidades verdaderas de avanzar. Las familias pensaban que, mientras siguieran en la mesa, mientras continuara la interlocución, el Gobierno se sentiría presionado, obligado a seguir con las pesquisas. El Gobierno asumía que una ruptura unilateral, decidida por su lado, sería un desastre en materia de imagen. Así, el balón seguía corriendo, despacio, por inercia. Hasta hoy. Queda para el recuerdo el éxito de los primeros años, con el hallazgo de huesos de dos de los 43, y la catástrofe posterior, marcada por la salida de buena parte de los equipos de investigación y la cerrazón del Ejército a entregar información, postura apoyada desde el Gobierno.

“No vemos condiciones de más reuniones, porque nada más son confrontaciones”, ha dicho Vidulfo Rosales, abogado que ha acompañado al colectivo principal de familiares estos casi 10 años, desde el ataque contra los estudiantes, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. “No tiene caso estar viniendo a confrontarnos, cuando no hay resultados. Y el presidente ha dicho, ‘bueno, si ustedes no quieren, no nos reunamos. Si hay algo relevante, les avisaremos’. Ha dicho eso y que en septiembre mandará su último reporte”, ha añadido el abogado.

“Este gobierno no alcanzó a darnos verdad y justicia. Hoy en día no hay dato objetivo de qué paso con ellos, donde están. Hubo hipótesis importantes, hasta el año 2021, esta idea de que los estudiantes fueron fragmentados en distintos grupos y llevados a distintos lugares”, ha seguido Rosales. “Solo se ha tenido éxito en uno, en la barranca de la carnicería”, ha añadido, en referencia al paraje donde los investigadores encontraron restos de Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero, entre 2019 y 2021.

El abogado ha continuado. “Eso fue en 2021, pero de allá para acá no ha pasado nada. Hubo avances importantes. Pero cuando tocamos las fibras sensibles del Ejército mexicano ya no se pudo avanzar. Hubo un quiebre, una crisis en el diálogo”. Rosales se ha referido ahí al gran elefante en la habitación, una historia que inició en octubre de 2021, cuando la sociedad descubría que el Ejército había monitoreado, en tiempo real, los mensajes de integrantes de la red criminal de Iguala, lugar del ataque, al menos durante la embestida y los días posteriores. En uno de esos intercambios, hecho público entonces, dos de los criminales hablaban de un grupo de 17 estudiantes, retenidos en una “cueva”, el mismo día del ataque.

Pese a las exigencias de las familias, que pensaban que el Ejército debía tener otros intercambios parecidos guardados en sus archivos, la Secretaría de la Defensa apenas ha abierto la mano con algunos documentos más, poco importantes para la investigación. En ese tira y afloja, el presidente López Obrador acabó por dar la razón al Ejército, postura que puso la relación entre las partes al borde del precipicio. La salida de interlocutores válidos para las familias, caso del primer responsable de la comisión presidencial que ha investigado el caso estos años, Alejandro Encinas, apuntaló la caída final.

Es el peor de los finales imaginados para un caso señalado como paradigmático por el propio Gobierno, ejemplo de todo lo que está mal en el país, de la connivencia entre autoridades y criminales, de su trabajo conjunto, de la incapacidad –cuando no algo peor– de fiscalías y Fuerzas Armadas de separarse del crimen y enfrentarlo. O peor aún, de actuar con apego a la ley, más allá de intereses políticos o negocios, de ser independientes. Salvo sorpresa, aquí concluye la investigación más importante del Gobierno de López Obrador.

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