El ‘caso Ayotzinapa’ se encamina a la parálisis tras una reunión frustrada de las familias con el Gobierno

El caso Ayotzinapa se encamina hacia la parálisis, tras una reunión frustrada con el Gobierno este jueves, junta que, de todas formas, no pintaba demasiado bien. La gran mayoría de familias de los 43 estudiantes desaparecidos esperaba algún tipo de apertura, aunque fuera simbólica, un saliente del que agarrarse en esta pared vertical en que se ha convertido su relación con el Ejecutivo, que preside Andrés Manuel López Obrador. Las familias piden cientos de documentos de espionaje militar, básicos, explican, para avanzar en la investigación sobre el destino de los 43 normalistas. El Gobierno sigue enrocado en su posición: esos documentos no existen.

Este jueves, la comisión presidencial que ha investigado el caso estos años, en paralelo a la unidad especial de la Fiscalía General de la República, la UEILCA, y el grupo de expertos comisionado a México por la CIDH, el GIEI, había citado a las familias de los 43, en teoría para dar respuesta a sus peticiones de la semana pasada: que el GIEI vuelva a México para revisar “todos los archivos”, oferta que el Gobierno hizo en diciembre. Desconfiados, sospechaban que el Ejecutivo solo quería una foto suya en alguna instalación militar. Además de la vuelta del GIEI, la solicitud era que los funcionarios llegaran con alguna novedad sobre los documentos de espionaje castrense. Pero ni lo uno ni lo otro.

Cuando han llegado a la junta, las familias de los 43 se ha encontrado algo nunca visto estos años. En la sala de reuniones estaba un pequeño grupo de familiares, ajenos a sus exigencias desde hace tiempo, cuya última aparición pública data de hace año y medio, cuando acudieron a una marcha en favor de José Luis Abarca, en Iguala, lugar del ataque contra sus hijos, en septiembre de 2014. Desde finales de ese año, Abarca vive en prisión, entre otros delitos, por su presunta colusión con el grupo criminal Guerreros Unidos, actor principal del ataque contra los estudiantes.

La gran mayoría de familias de los 43 no quiere tener que ver con los familiares desafectos a su lucha, como han señalado algunos de ellos este jueves en la tarde, en conferencia de prensa. “Íbamos a tener una reunión, pero no nos avisaron de que venían ellos. Es lo mismo que hacía el Gobierno anterior, nos quieren confrontar entre familias”, ha dicho Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los 43. “Nosotras no les quitamos su derecho de reunirse, pero es que nosotras sí buscamos a los 43. Como el Gobierno anterior, ahora nos han querido dividir. Por eso nos hemos levantado de la mesa”, ha añadido. No hay acusación más grave en este contexto, parecerse al Gobierno anterior, cuando se torturó a detenidos por este caso, se sembraron presuntamente evidencias y se manipuló la narrativa para zanjar con rapidez las pesquisas.

En la tarde, también, la comisión presidencial, dependiente de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ha divulgado un comunicado en que explica que ha ofrecido a las familias “la asesoría y el apoyo de instituciones académicas de alto prestigio para ayudar en la revisión de los archivos”. Sin decirlo, la comisión, cuyo nombre técnico es Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, Covaj, negaba toda intención de trabajar en la vuelta del GIEI, petición expresa de las familias.

La Covaj ha lamentado también que se halla “suspendido el diálogo con algunos padres y madres de los 43 normalistas, por cuestiones ajenas al trabajo” de la comisión. La Covaj daba a entender así que la mayoría de familias estaba de acuerdo con su trabajo. Nada más lejos. Hasta octubre, la cercanía entre la mayoría de las familias y la comisión se entendía a partir de la crítica constructiva y el avance. Había una base común. Ahora, con los cambios en Gobernación y la aceptación del postulado presidencial sobre la inexistencia de los documentos de espionaje militar, la ruptura parece total y definitiva.

Meses de decadencia

El cuadro ha cambiado en pocos meses. El espíritu constructivo que dominó las pesquisas durante el primer trienio se ha extinguido. A mediados del año pasado, recién inaugurada la última ronda de discusiones sobre la pertinencia -y existencia- de los documentos de espionaje castrense, López Obrador se movía entre la perplejidad y la sensación de maltrato. El presidente había ordenado hasta el cansancio a la Secretaría de la Defensa (Sedena) que entregara la documentación requerida. El Ejército había entregado algunos archivos, pero el GIEI supo, precisamente a partir de lo entregado, que había muchos que faltaban. Algunos, dijeron, son clave para profundizar en la investigación.

La sensación de maltrato de López Obrador se ha agudizado estos meses, empeñado en que los documentos requeridos no existen, no están, o alguna variante que hace absurda la insistencia de las familias. Molesto por su postura, el mandatario presenta ahora a los padres y madres de los 43 como títeres de diferentes fuerzas: sus abogados, el GIEI, la ONU... Para López Obrador, toda petición que se sale de lo que dicen él y sus funcionarios castrenses, principalmente el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, son en realidad ataques, alimentados por grupúsculos de conservadores, volcados en empañar su legado.

El cambio de tono de López Obrador coincide con los últimos meses en el cargo de Alejandro Encinas y su posterior salida. Encargado de la Covaj hasta octubre pasado, Encinas reconocía la existencia de estos documentos. No en vano, fue él quien encontró los dos primeros, como ha explicado varias veces estos años. Su importancia es mayúscula. Uno de los documentos muestra por ejemplo una conversación entre un presunto policía de Iguala, parte del ataque contra los estudiantes, y un presunto integrante del grupo criminal que lideró la embestida, Guerreros Unidos. En la conversación, interceptada la noche de los hechos, los dos hablan de un grupo de 17 estudiantes, desaparecidos ya a esas horas por la red criminal.

Este jueves, Mario González, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, César Manuel González, insistía en la necesidad de conseguir esos documentos. No es un objetivo final, sino apenas un medio para avanzar. González y sus compañeros no entienden por qué, pese a la evidencia sobre su existencia, acumulada por el GIEI estos años, el Ejecutivo insiste en negarlos. “Es un Gobierno tramposo, sin escrúpulos, nada más diciendo pura barbaridad de nuestros equipos. No es necedad ni terquedad lo que estamos pidiendo, es una exigencia, nos pertenece para saber la verdad. Son líneas precisas que dejó el GIEI, junto con documentos de la misma Sedena”, ha dicho.

Con el último fiasco, las familias reviven sensaciones de hace ocho o nueve años, esa inmovilidad lacerante que dominó las investigaciones de 2016 a 2018, últimos dos años de Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Entonces, las posiciones eran irreconciliables. Las denuncias por tortura contra detenidos empezaban a aflorar, las sospechas de montaje en partes de la versión de los hechos se robustecían. La llegada de López Obrador y su interés genuino en resolver el caso devolvió la esperanza a las familias, ilusiones que ahora se deshacen, a la espera, casi, de un milagro.

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