El arreón final del Gobierno incomoda a las familias de Ayotzinapa

El final del sexenio aparece ya en el horizonte, mientras el Gobierno apura el pespunte de los temas pendientes, ninguno tan urgente como el caso Ayotzinapa, que languidece entre críticas y tensiones. A finales de diciembre, el Ejecutivo anunció la apertura de “todos los archivos” que las familias de los 43 estudiantes desaparecidos considerasen necesarios para profundizar en la investigación. Esta semana, las familias contestaron que el Gobierno sabe muy bien qué información se necesita y que, en todo caso, deben ser investigadores independientes quienes revisen el acervo documental. El Gobierno quedó en contestar el jueves que viene.

Así se lo hicieron saber este miércoles al nuevo presidente de la comisión presidencial que investiga el caso, Félix Medina, sustituto de Alejandro Encinas desde octubre. Medina, que llegó una hora tarde a la reunión, verbalizó la oferta del Gobierno, divulgada el 29 de diciembre en un comunicado de Presidencia. Para las familias, el ofrecimiento es casi un insulto, una trampa del Gobierno, cuyo único interés es hacerse la foto con ellos en archivos de instalaciones militares. Una forma de cambiar la imagen de fracaso del Ejecutivo, instalada en la opinión pública.

El desencuentro viene de lejos y tiene capítulos para llenar 20 temporadas. En resumen, las familias de los 43 y sus abogados, apoyados hasta hace unos meses por investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), exigen la entrega de cientos de documentos de espionaje militar. Según ha explicado el GIEI estos años, esos documentos contendrían información de las comunicaciones de la red criminal que atacó a los estudiantes normalistas, durante la embestida, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y los días posteriores.

La exigencia de las familias, sus abogados y el GIEI ha topado con el muro del Ejército, custodiado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que niega la existencia de los documentos requeridos. Ello a pesar de las detalladas explicaciones que han dado los investigadores estos años, sobre su posible ubicación, sobre los intentos de esconderlos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, y sobre su contenido. No solo eso, la misma comisión presidencial encontró y publicó dos documentos de este tipo hace algo más de dos años, en que cuatro presuntos perpetradores hablaban del posible destino de parte de los 43.

En la reunión del miércoles, el intercambio fue parecido al de ocasiones anteriores. Cambiaron algunos actores, faltaron otros —no estuvo el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra— pero en síntesis, las ideas que manejaron una y otra parte fueron las mismas. Medina y su equipo, del que aún forma parte Félix Santana, mano derecha de Encinas, y vínculo entre la primera y la segunda etapa de la comisión, señalaron que el Ejército ya ha entregado toda la información de que disponía. “Se ha generado la percepción” de que el Ejército no ha cooperado, dijeron los funcionarios, pero no es así, añadieron.

Las familias contestaron que no se trata de ninguna percepción, sino de hechos. Los documentos existen, dijeron, y recordaron la lista remitida a López Obrador a finales del año pasado, en que detallan, por número, cada documento faltante. Las familias de los 43 plantearon entonces que, en cualquier caso, deberá ser el GIEI, integrado en su última etapa por el español Carlos Beristain y la colombiana Ángela Buitrago, el que se encargue de la revisión de cualquier archivo.

La petición toma a contrapié a la comisión y el Gobierno, ambiguos en su ofrecimiento inicial. El retorno del GIEI implicaría volver a la situación de mediados del año pasado, cuando el grupo entregó su último informe, en que dio detalles de los documentos faltantes, y criticó la actitud del Gobierno y el Ejército. Fuentes cercanas al grupo señalan que la vuelta sería impensable sin unas condiciones muy claras, que sus integrantes gocen de inmunidad, vista la persecución de la Fiscalía contra el predecesor de Gómez Piedra, Omar Gómez, acceso absoluto a todos los archivos, y un nuevo acuerdo con la CIDH, paraguas del que dependía el GIEI.

En todo caso, el contexto sería bien distinto. Cuando el GIEI se fue, a finales del verano pasado, harto de topar con el muro castrense, la figura de Encinas mantenía en pie el puente entre las partes, un equilibrio imposible, en que aceptaba y negaba las críticas de las familias de los 43, en un intento de ganar tiempo, mientras aparecía una solución.

La salida final de Encinas, desgastado y dolido por las críticas recibidas desde Palacio Nacional y desde el mismo colectivo de familiares, ha abonado el aislamiento posterior. Las familias de los 43 no tienen fé alguna en el fiscal Gómez Piedra. Tampoco en Medina, hombre cercano a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, cercana, a su vez, a López Obrador. La respuesta del funcionario a la petición de las familias determinará el futuro del caso y los meses finales del sexenio.

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