El cierre de la frontera entre Estados Unidos y México durante la pandemia aumentó la transmisión del VIH

El cruce fronterizo que separa Tijuana, en México, de San Diego, en Estados Unidos, es uno de los pasos más transitados del mundo por el tráfico de drogas y la migración. Un dinámico corredor humano moldeado por las deportaciones, la desigualdad, la prostitución y la marginación que las autoridades decidieron cerrar en 2020 para contener los contagios de un lado al otro cuando estalló la pandemia por la covid-19.

El bloqueo no frenó el narcoturismo entre los dos países. Y, en lugar de prevenir la propagación de enfermedades, la estrategia de las autoridades provocó un aumento de la transmisión de VIH. Así lo constata un estudio recién publicado en la revista The Lancet, un trabajo colaborativo entre científicos estadounidenses de la Universidad de California en San Diego e Irvine que analizó la propagación del virus a través de entrevistas a usuarios de drogas y datos genéticos del patógeno.

Según concluye la investigación, el bloqueo del paso entre los dos países incrementó la expansión de la infección, agravando la transmisión transfronteriza. Cerrar la frontera durante la pandemia, expone el trabajo, resultó una causa de riesgo estructural que aumentó la vulnerabilidad de contraer VIH. “El consumo de drogas inyectables es uno de sus principales determinantes para adquirirlo y la movilidad a través de fronteras geográficas para ello puede aumentar el riesgo de exposición”, destaca una de las autoras del trabajo, la epidemióloga Britt Skaathun.

De acuerdo con los datos que recolectó su equipo, la prevalencia del VIH entre esa población alcanzó una tasa del 16% en Tijuana, en comparación con el 4% en San Diego. Lo que evidencia cómo la situación geográfica y social en la frontera norte de México fomentan la vulnerabilidad a la exposición de la infección en la población concentrada en dicho lugar.

Para investigar la relación entre el cierre de fronteras, el consumo de drogas y la transmisión del VIH, los científicos siguieron la pista a más de 600 ciudadanos, 74% de ellos hombres que viven en Tijuana y en San Diego y que, durante el cierre del paso, cruzaron de un lado a otro para comprar y consumir estupefacientes.

La primera fase de la investigación constó de una entrevista en la que los encuestados respondieron preguntas sobre su demografía, comportamientos de uso de drogas, sexuales y de cruce de fronteras. Cada seis meses, el equipo científico les tomó muestras de sangre y les hizo pruebas de VIH y hepatitis C. Para profundizar en su análisis, los investigadores llevaron a cabo técnicas de epidemiología molecular con las respuestas al cuestionario. Con el fin de averiguar qué tan estrechamente estaban relacionados genéticamente los virus, por cada paciente que dio positivo al VIH se aisló el agente, se secuenció su ARN y se analizó la diversidad genética en la región fronteriza.

A través de técnicas de filogenética se construyeron árboles en representación a cómo se relacionan los patógenos entre sí para, una vez conocidas las relaciones evolutivas de los virus aislados en los participantes, hacer un análisis de reloj molecular. Con esta técnica estimaron el momento de la transmisión transfronteriza del VIH. De acuerdo con los resultados, el aumento de la transmisión ocurrió justo cuando se cerró la frontera. Restringir el paso sin otras medidas para frenar las actividades clandestinas no funcionó como estrategia de salud pública. “Los esfuerzos por construir un muro más alto o las políticas para detener la inmigración no mitigan la propagación del VIH”, dice Tetyana Vasylyeva, profesora asistente de Salud y Prevención de Enfermedades en Universidad de Irvine y la autora principal del estudio.

Para prevenir la propagación viral, agrega su compañera Skaathun, “mejor que intentar cerrar una frontera porosa es establecer programas para eliminar la transmisión del VIH en la frontera, como servicios de tratamiento del uso de sustancias y de reducción de daños”. “Estas intervenciones desempeñan un papel clave en la reducción de la incidencia, por ello es necesario asegurar su financiación. Combinados con otros servicios, constituyen una herramienta rentable para reducir el costo económico así como la carga de salud pública del VIH”, destaca Carlos Magis, profesor de salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y exdirector de Atención Integral del Censida entre 2013 y 2019.

Desde los noventa, la mayor institución gubernamental en México para combatir el VIH ha desarrollado en México diversas estrategias comunitarias e institucionales para acercar servicios de reducción de daños a las personas que se inyectan drogas, “desde entregas de jeringas limpias, condones o tratamientos a enfermedades asociadas”, explica el experto.

Según declara el experto, con más de 30 años de experiencia en el campo, “gracias a los programas de reducción de daños dirigidos a la población que se inyecta drogas, entre 2003 y 2017 se evitaron más de 200 infecciones al año”. No obstante, la decisión de López Obrador de cortar los recursos públicos a organizaciones o fundaciones intermediarias, “acabó con este tipo de iniciativas”, lamenta.

“La reducción del apoyo a los programas de intercambio a las jeringas bajo la intención de frenar la corrupción afectó a las organizaciones comunitarias, causándoles un gran golpe. Dejaron de tener apoyo para ejecutar en campo los programas de reducción de daño”, advierte Clara Fleiz, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría especializada en el consumo de drogas inyectadas en la frontera norte del país.

Como expone un estudio que coordina y que tiene con fin monitorear la tasa de enfermedades infecciosas entre aquellos que se inyectan drogas en el norte de México, los nuevos casos de VIH repuntaron en los últimos años. “Si en 2019 la tasa en Tijuana era del 4,5%, ahora es hasta del 12%”, señala la investigadora, para quien los recortes del Gobierno provocó “que los insumos para frenar la propagación de infecciones se redujeran, repercutiendo el incremento de prácticas de riesgo, como compartir la agujas, y haciendo crecer el número de contagios”.

Por eso, sostiene el ex director de Censida, resulta imprescindible “recuperar el apoyo a los programas”. En 2019, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) lanzó un plan para reducir en hasta un 90% la incidencia del VIH en 2030. El plan tiene como objetivo capitalizar los avances científicos en el diagnóstico, el tratamiento y la prevención en el control de la infección. “Creemos que a Tijuana y la región fronteriza se les deben proporcionar estos fondos para ayudar a unir esfuerzos en el área”, sostiene Skaathun.

“Y no podemos olvidarnos de la necesidad urgente de atender las condiciones sociales y ambientales que favorecen y acompañan el aumento de estas infecciones”, agrega Fleiz. En su opinión, para avanzar en esta lucha “necesitamos dar respuesta a los determinantes que obligan a las personas a vivir en condiciones de calle, sin acceso a necesidades básicas, como comida y un trabajo seguro, y mejorar el acceso a los servicios de salud que se han recrudecido en el país”

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