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Las tres huidas de Magdalena

El caso de esta mujer tsotsil, atravesada por todo tipo de violencia, es un retrato preciso del desamparo estructural que sufren las mujeres indígenas en México

El País

Una colaboración de

Pictoline & EL PAÍS

La vida de Magdalena es una huida constante. Esta mujer tsotsil nacida en un pequeño pueblo de Chiapas lleva luchando contra todo tipo de violencias desde los cinco años. Desde que su madrastra empezó a pegarle y su padre quiso casarla con un primo suyo mucho más mayor. Desde que se quedó embarazada con 16 años y el padre de sus hijas le pegó tanto que perdió la movilidad de la mitad de su cuerpo. Y desde que decidió denunciar y la Fiscalía, tras un sinfín de obstáculos, le dijo que no tenía suficientes heridas. Violencia familiar, de género e institucional. El caso de Magdalena, nombre ficticio por seguridad, es un retrato preciso del desamparo estructural que sufren las mujeres indígenas en México.

Magdalena en San Andrés Larráinzar, Chiapas.
Magdalena en San Andrés Larráinzar, Chiapas. Mónica González Islas

La espiral comenzó con la muerte de su madre. Magdalena tenía cinco años y la nueva pareja de su padre, campesino, comenzó a maltratarla a ella y a su hermana. Aquello detonó la primera huida para vivir con su tía, donde pudo continuar la escuela primaria hasta el cuarto año. Pero en ese entonces, su padre la quiso casar con un familiar mucho mayor y Magdalena buscó refugió con una señora que la acogió por un tiempo. Mientras, pudo terminar la primaria en su comunidad, parte del municipio de San Juan Larráinzar.

Ya fuera de su pueblo, a los 12 años, su padre vuelve a querer casarla con un hombre 25 años mayor que ella. Por segunda vez, Magdalena huye rumbo a casa de una de sus hermanas en San Cristóbal de las Casas, una de las principales ciudades de Chiapas y destino habitual de la migración indígena procedente de las comunidades de alrededor. Chipas es una de los Estados mexicanos con mayor población indígena y mayores tasas de pobreza y marginación para esta población. En ese momento, Magdalena no sabía hablar español.

Junto a su hermana, retoma sus estudios de secundaria y en la escuela conoce al papá de sus hijas. A los 14 años tiene un embarazo adolescente y la pareja deciden mudarse juntos. Ella empieza a trabajar haciendo aseo en casas. Recuerda que los primeros tres meses de embarazo la relación de pareja no era mala pero, ante la presión económica, la relación se fue deteriorando y se tornó violenta. “Me empezó a decir que yo tenía la culpa, que los hijos eran mi responsabilidad. Llegaron los golpes, los insultos feos, me decía que yo no servía para nada. Pensé que con el tiempo podía cambiar, pero fue a peor”, cuenta Magdalena.

Tras más de una década soportando maltrato, en 2019, rebasada ya por los actos de violencia en su contra y las amenazas, decide dejar su casa y huir por tercera vez en busca de protección. Su primer recurso fue solicitar el auxilio al número de emergencia 911. Con esa llamada comienza toda una odisea de irregularidades y desamparo institucional. Magdalena decide entonces acudir a la Fiscalía, en concreto a la dependencia de Justicia Indígena, para realizar la denuncia correspondiente. La respuesta es que la policía no contaba con personal suficiente y equipo necesario para patrullajes preventivos y permanentes. Otra de las respuestas, según cuenta Magdalena, fue: ¨La violencia familiar no es grave, no tiene suficientes heridas¨.

A raíz de las agresiones, en septiembre del 2020 el cuerpo de Magdalena había sufrido una parálisis en la mitad derecha: su brazo, su pierna y su rostro quedaron inmóviles, estaba paralizada. Decidió entonces volver a huir y dejar su casa. Pero ante la falta de dinero, ella y sus hijas tuvieron que regresar. Su expareja acudía al domicilio y las amenazaba con matarlas. Esta vez, Magadalena se negó a huir y cambió las cercas con muros. Todo sin ayuda alguna de las autoridades.

En ese momento comenzó a ser acompañada por la abogada Teresa Camacho, quien logra reactivar el caso en la Fiscalía Indígena añadiendo una denuncia por violación de los derechos humanos ante a la falta de investigación y medidas de protección por parte de las autoridades. ¨Denunciar es importante, pero muchas mujeres como yo no denuncian, lo dejan así porque no hay nada de avance mientras no tienes suficientes pruebas y te dicen que no procede¨, dice Magdalena.

Las mujeres y las niñas indígenas enfrentan las peores formas de exclusión del sistema de Justicia debido a la inaccesibilidad geográfica, lingüística, financiera y la discriminación. En San Cristóbal de Las Casas hay catorce colonias en dicha situación. La mayoría de las mujeres indígenas no denuncian, y las que lo hacen sufren otra montaña de vulneraciones a sus derechos: falta de traductores, falta protocolos en las policías y la constante rotación de personal. Para la abogada de Magdalena, el Estado es responsable por omisión al no intervenir en solucionar esos obstáculos con base a los estándares internacionales, de los que México es parte. Según ONU Mujeres: “Las mujeres y las niñas indígenas se ven afectadas de forma desproporcionada por la violencia de género, así como por la desigualdad y la discriminación, y siguen teniendo un acceso limitado a la justicia, la educación, el empleo decente y la atención sanitaria simplemente por ser quienes son”.

Un reciente informe de la organización Melel Xojobal, que acompaña procesos con niños y adolescentes de los pueblos originarios tsotsiles y tseltales señala que ¨la violencia familiar es el delito más común en Chiapas. En el caso de las niñas y adolescentes mujeres, se añade el peso de la violencia de género”. Además, da cuenta de la disputa creciente entre los grupos criminales en la zona, que no hace sino empeorar la situación. ¨La violencia familiar es el delito más común en Chiapas y la violencia de género se refleja en las 61.000 adolescentes casadas”, añade.

El sesgo criminal contra las mujeres y niñas se observa también analizando los datos de feminicidios en Chiapas. Del año 2015 al 2022, el 23,5% fueron contra niñas y mujeres adolescentes, siendo 16 años la edad más frecuente. San Cristobal de las Casas representa el primer lugar con 15 casos a lo largo de dicho periodo, 13 de ellos correspondientes a la población tsotsil y tseltal. Además, 16 de los 17 municipios de los Altos, la zona del pueblo de Magdalena, se encuentran en Alerta por Violencia de Genero.

Pese a la infinidad de agravios, Magdalena resiste: ¨Las mujeres como yo no somos escuchadas, pero después de todo lo que he pasado ahora quiero estudiar y luchar. Quiero traducir del tsotsil al español a las mujeres que son maltratadas por sus parejas, quiero ser traductora y que nos escuchen. No es justo vivir así”.

UNA PRODUCCIÓN DE EL PAÍS + PICTOLINE

Coordinación general: Hector Guerrero
Texto y video: Mónica González
Coordinación y producción: Carmina de la Luz | Sara Villegas | Hector Guerrero
Dirección de arte: Enrique Sañudo
Animaciones: Elisa Hernández | Pepe Avalos | Salvador Padilla
Edición de texto: David Marcial
Edición de video: Montserrat Lemus, Paulina Estrada
Colaboración editorial Pictoline: Hirasema Cruz | Miguel Basurto
Redacción Pictoline: Estefania Escobar | Rubén Aguijosa | Shantal Romero

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