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La caída de Gualberto Ramírez apunta a la cúpula del Gobierno de Peña Nieto en el ‘caso Ayotzinapa’

Fuentes cercanas a la investigación señalan que Ramírez y su entorno exploran la posibilidad de convertirse en testigo colaborador. Con Murillo detenido y Zerón a la espera, los investigadores esperan información de exfuncionarios de mayor calado

Pablo Ferri
Gualberto Ramírez en una conferencia de prensa en Ciudad de México
Gualberto Ramírez en una conferencia de prensa en Ciudad de México, el 20 de enero de 2016.Isaac Esquivel Monroy (Cuartoscuro)

Esperada desde hace años, la caída de Gualberto Ramírez, viejo investigador del caso Ayotzinapa, insufla esperanzas a la actual administración de la Fiscalía. También a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. Tercero en el escalón jerárquico de la vieja Procuraduría General de la República, la policía ministerial lo detuvo este fin de semana en Tecamac, en el Estado de México, cerca de Hidalgo, tierra de su familia, mientras paseaba con su novia. Buscado desde hace años, Ramírez peleó su captura a golpe de recursos en los juzgados. Al final, lo atraparon. La Fiscalía General de la República (FGR) se anota un punto aquí, a la espera de ver las intenciones del detenido.

Su testimonio sería de gran valor para profundizar en el conocimiento del caso Ayotzinapa. Los investigadores tendrán que convencerle de que hable, tarea de dificultad incierta, vista la capacidad de Ramírez para esconderse estos años, lo que sugiere cierto nivel de comunicación con sus viejos colegas de la FGR. Su captura indica sin embargo cierto atasco en sus canales de comunicación con sus antiguos camaradas. Una fuente cercana a la investigación señala que Ramírez “se confió” cuando ganó un recurso en el juzgado. El exfuncionario desconocía que la FGR manejaba otros procesos en su contra y que ya había obtenido órdenes de detención del juez.

Esta misma fuente señala que Ramírez está buscando colaborar. “Parece que quiere acogerse a un criterio de oportunidad”, dice, en referencia al programa de testigos protegidos de la Fiscalía. Este programa está pensado para que los colaboradores aporten información sobre posibles delitos cometidos por superiores jerárquicos. Los casos más evidente serían Tomás Zerón, jefe operativo de las pesquisas del caso Ayotzinapa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y su inmediato superior, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

La misma fuente señala que los casos contra Murillo, acusado de desaparición forzada y tortura en dos procesos distintos, están “bien amarrados”. Con Zerón, la cosa es distinta. El ex director de la Agencia de Investiación Criminal, acusado de tortura y desaparición forzada entre otros delitos, huyó de México hace años y se esconde en Israel. México solicitó al Gobierno de aquel país su extradición y espera la decisión de la justicia israelí, entorpecida por gestiones diplomáticas del Gobierno mexicano estos años. De todas formas, los casos contra Zerón parecen igualmente fuertes, a tenor de las decisiones que han tomado los jueces con Murillo.

La postura de Ramírez aparece así como una nueva ventana a posibles corruptelas de altos funcionarios del Gobierno anterior en el marco del caso Ayotzinapa, más allá de los sospechosos habituales, Zerón, Murillo y el resto de altos cargos de la vieja Fiscalía. Otra fuente, esta conocedora del desarrollo de las pesquisas desde el ataque contra los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014, señala a la Secretaría de Gobernación de Peña Nieto, con su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, y el subsecretario, Luis Miranda Nava, a la cabeza. La primera fuente prefiere no dar nombres. “Más arriba de Ramírez había mucha gente”, zanja.

La segunda fuente abunda en la importancia de Ramírez, que este sábado comparece ante el juez, para decidir si lo procesa por delitos de tortura y desaparición forzada. El exfuncionario encara además otras acusaciones dentro y fuera del caso Ayotzinapa. La segunda fuente señala que Ramírez podría dar detalles de cómo la vieja Fiscalía trató de cerrar el caso en falso, con la versión del basurero de Cocula. Esa versión señala que el grupo criminal Guerreros Unidos, coludido con policías locales, desapareció a los estudiantes, los mató en el basurero del municipio de Cocula, cercano a Iguala, lugar del ataque, y arrojó sus restos al río San Juan.

Titular de la unidad antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Ramírez participó en las pesquisas del caso Ayotzinapa en los primeros meses, tras el ataque contra los normalistas, el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, en el Estado de Guerrero. Los actuales investigadores le acusan de tortura y desaparición forzada temporal de uno de los presuntos atacantes, Felipe Rodríguez, alias El Cepillo, además de otros delitos al margen de Ayotzinapa. Ramírez estuvo presente en interrogatorios en los que presuntamente los investigadores torturaron a El Cepillo, en enero de 2015.

La Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR asume que Ramírez trabajó cerca de sus jefes, Tomás Zerón y Jesús Murillo, en la construcción de la verdad histórica. Según esta versión, divulgada por Murillo y Zerón entre octubre de 2014 y enero de 2015, el grupo criminal Guerreros Unidos, al que pertenecía supuestamente El Cepillo, atacó a los estudiantes en Iguala y desapareció a 43, que luego mató, todo en colusión con policías municipales. La red criminal habría matado a los desaparecidos en el basurero y luego habría arrojado sus restos al río.

Para la UEILCA, la verdad histórica fue un montaje orquestado por Murillo, con el objetivo de atajar las protestas contra el Gobierno, multitudinarias las primeras semanas después del ataque y la desaparición de los 43. “La investigación de campo la operó la Secretaría de Marina y la Agencia de Investigación Criminal, que dirigía Zerón”, explica una fuente que conoce bien el caso, “pero simultáneamente a eso había que darle forma jurídica, pedir arraigos, abrir investigaciones, certificar a los detenidos, vincularlos a investigaciones anteriores, etcétera, cosa que coordinó Gualberto. Es una detención muy relevante”, añade.

La segunda fuente señala que Ramírez habría sido clave también en la construcción documental de la verdad histórica. Esto es, en plasmar en el expediente las instrucciones que daban Zerón y Murillo respecto a la versión que iban a compartir con la opinión pública, la verdad histórica. Así, por ejemplo, Ramírez sería cómplice de sus jefes en el hallazgo de restos de uno de los 43, el 29 de octubre de 2014, en el río San Juan. Para la UEILCA, el hallazgo de los huesos allí fue un montaje, orquestado por Zerón, con Ramírez como cómplice, que ordenó plasmarlo en el expediente.

Las irregularidades desde la misma apertura del expediente son apabullantes. Sobre el papel, las actuaciones de la vieja Fiscalía en el caso Ayotzinapa inician el 25 de octubre de 2014, 20 días después de que la dependencia tomara el caso de manos de la Fiscalía de Guerrero. Ese día, la SEIDO recibió supuestamente una llamada anónima, en que el denunciante señalaba a policías de Iguala y Cocula de estar detrás del ataque, además de El Cepillo y varios de sus hombres. Esa llamada dispara lo que vendría después.

La UEILCA duda de la existencia de esta llamada, igual que de los pasos siguientes. Según el expediente, responsabilidad de Ramírez, ese mismo día, dos policías de la Fiscalía llegaron a Cocula a investigar el contenido de la llamada y, gran casualidad, dieron con una mujer mayor, en una tienda, que por iniciativa propia les dio toda la estructura de Guerreros Unidos, además de su red de complicidades. Con la llamada y el informe de los policías sobre la señora de la tienda, la gente de Ramírez pidió detenciones de policías y criminales. La UEILCA cree igualmente que este informe de los policías no corresponde a ninguna indagación en Cocula.

Lo que creen, en cambio, es que Zerón y su equipo, junto a la Secretaría de Marina, actuaron a su antojo durante las primeras semanas, fuera del expediente, hasta la detención de varios presuntos integrantes de Guerreros Unidos, el 25 y 26 de octubre de 2014. Zerón y su equipo habrían torturado a los detenidos, entre ellos, por ejemplo, a Agustín García, alias El Chereje, clave para apuntalar el relato del hallazgo de los huesos en el río San Juan. Los investigadores piensan que las autoridades a cargo de la indagatoria torturaron a los detenidos para que se plegaran a una versión previamente establecida, no para que confesaran los hechos.

Militares detenidos

Son días de mucha información para el caso Ayotzinapa. La detención de Ramírez culmina jornadas de mucha actividad de la FGR, que días antes conseguía la detención de ocho militares vinculados al caso. Este fin de semana, el juez ordenaba procesar a los ocho por desaparición forzada. Todos viven presos en la cárcel militar de Ciudad de México, junto a los otros cuatro previamente detenidos, entre ellos el general José Rodríguez, comandante en la época de una de las dos guarniciones militares de Iguala, el 27 Batallón de Infantería.

Los ocho nuevos son Gustavo N, Omar N, Juan Andrés N, Ramiro N, Roberto N, Eloy N, Uri Yashiel N y Juan N. La UEILCA plantea que los militares sabían lo que estaba ocurriendo en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, estuvieron en varios escenarios del ataque y sus inmediaciones y, al permitir que la red criminal embistiera a los estudiantes, evitaron el final trágico de su desaparición. La acusación contra ellos enlaza con otras que ha hecho la UEILCA sobre los vínculos de los militares y Guerreros Unidos. La omisión de los soldados respondería a la cercanía de delincuentes y elementos del Ejército.

Ahora mismo, la UEILCA tiene en prisión al propio general Rodríguez, acusado precisamente de delincuencia organizada, por colaborar con Guerreros Unidos, y al capitán José Martínez Crespo, acusado de lo mismo, además de la desaparición forzada de los estudiantes. La unidad espera la detención de otros ocho militares sobre los que ya pesan órdenes de captura, entre ellos el comandante en la época del 41 Batallón de Infantería, Rafael Hernández, este también por delincuencia organizada.

Lo sorprendente de todo este movimiento es su carácter repentino. En agosto, la UEILCA ya pidió la detención de 83 personas, entre ellas 20 militares, algunos por delincuencia organizada, otros por desaparición forzada y unos más por ambos. Semanas más tarde, la FGR, en pleno choque con la unidad, entonces comandada por Omar Gómez Trejo, pidió cancelar 21 de esas 83 órdenes, 16 de las cuales eran contra militares. Ahora, de repente, la UEILCA, ya con otro titular, Rosendo Gómez, las volvió a activar.

Nada ha dicho la FGR sobre los motivos de la cancelación el año pasado, ni los motivos para reactivarlas ahora. En reuniones con las familias, el nuevo fiscal ha criticado que el trabajo de su antecesor había sido malo, de ahí la petición de cancelarlas. En estos meses se habrían dedicado a mejorar las acusaciones, de ahí la reactivación. Gómez Piedra no ha explicado en que ha consistido ese mejoramiento.

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Sobre la firma

Pablo Ferri
Reportero en la oficina de Ciudad de México desde 2015. Cubre el área de interior, con atención a temas de violencia, seguridad, derechos humanos y justicia. También escribe de arqueología, antropología e historia. Ferri es autor de Narcoamérica (Tusquets, 2015) y La Tropa (Aguilar, 2019).

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