La Fiscalía reactiva 17 órdenes de detención por el ‘caso Ayotzinapa’

La Fiscalía mexicana ha reactivado órdenes de detención contra 17 personas, investigados en el marco del caso Ayotzinapa. La propia dependencia pidió estas detenciones al juzgado en agosto de 2022, pero luego se desdijo y el juzgado las canceló. De las 17 órdenes reactivadas, 16 son contra militares y una contra un civil, el antiguo juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, que vive en Estados Unidos con asilo político. Entre los militares figura el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante en su día de una de las dos guarniciones de Iguala, el 41 Batallón de Infantería.

De los 16 militares sobre los que pesan las órdenes reactivadas, ocho ya han sido “puestos a disposición” ante la Fiscalía General de la República (FGR), según una fuente conocedora del caso. Se trata de los elementos que siguen en activo en las Fuerzas Armadas. Otra fuente señala que los ocho están en la prisión militar de Ciudad de México. De los otros ocho no se tiene noticia. Entre estos últimos figura el coronel Hernández Nieto. Entre los 16 militares requeridos están al menos una decena de integrantes de la Fuerza de Reacción del otro cuartel de Iguala, el 27 Batallón de Infantería y dos elementos castrenses asignados a la central de comunicaciones y videovigilancia local, el C-4. La FGR no ha informado quién de los 16 está preso y quién no.

Aunque la orden original buscaba la captura de 15 de estos 16 militares por desaparición forzada y delincuencia organizada, y uno más, el coronel Hernández Nieto, por delincuencia organizada, sus capturas ocurren ahora por menos delitos. La excepción es el coronel Hernández Nieto, al que se le mantiene la acusación por delincuencia organizada. Los otros 15 caen solo por desaparición forzada. Al menos de momento. La acusación contra el juez de Barandilla, Ulises Bernabé, es por desaparición forzada. De nuevo, la FGR no ha dado detalles al respecto.

Los 16 militares requeridos se unen a otros cuatro que ya viven presos, todos indiciados en el marco de las investigaciones del caso Ayotzinapa. De los cuatro presos, uno es el capitán José Martínez Crespo, detenido en noviembre de 2020, mando de la Fuerza de Reacción del 27 Batallón de Infantería. Acusado de desaparición forzada y delincuencia organizada, Crespo y sus hombres circularon por Iguala durante el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, acudiendo a varios de los escenarios de la agresión, entre ellos el cruce de las calles Juan N. Álvarez y Periférico y la clínica Cristina.

Además de Crespo, los otros tres militares detenidos, vinculados al caso, son el general José Rodríguez, entonces comandante del 27 Batallón de Infantería, el sargento Eduardo Mota y el subteniente Alejandro Pirita. A Crespo, acusado de delincuencia organizada en 2020, se le añadió el año pasado el delito de desaparición forzada. A Pirita y Mota se les acusó de ambos. A Rodríguez solo de delincuencia organizada.

El vaivén de órdenes pedidas y canceladas de agosto respondía a un conflicto entre el fiscal general, Alejandro Gertz, y la Unidad de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), encabezada entonces por Omar Gómez Trejo. En septiembre, Gómez Trejo renunció y el Gobierno presionó para el nombramiento de un nuevo fiscal, Rosendo Gómez Piedra, cercano al presidente, Andrés Manuel López Obrador. 10 meses más tarde, las órdenes de captura han vuelto a estar vigentes.

Quedan en el limbo de momento cuatro órdenes de detención canceladas también en agosto, todas contra civiles. Se trata de las que la UEILCA pidió contra el entonces procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.

Todas estas acusaciones, las órdenes canceladas ahora reactivadas, apuntan a la red de complicidades alrededor del grupo de criminales y autoridades que perpetraron el ataque contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43. Al general Rodríguez, por ejemplo, se le acusa de delincuencia organizada por su presunta colaboración con el grupo criminal detrás del ataque, Guerreros Unidos. Con el capitán Crespo ocurre lo mismo. En su caso, la UEILCA presume además que Crespo tuvo que ver en la desaparición de los 43.

El caso de Ulises Bernabé es algo distinto. Encargado de una instalación de la Policía de Iguala en la época del ataque, Bernabé siempre negó que por allí hubiera pasado un grupo de normalistas tras el ataque, ya en manos de la red criminal. Los criminales asumen que esto es falso y que un grupo de más de una decena de estudiantes fueron llevados allí, como parte de la ruta de desaparición tejida por los perpetradores. El problema será la vuelta de Bernabé a México, por su condición de refugiado.

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