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El ‘caso Ayotzinapa’ aguarda un nuevo impulso

El director de la comisión investigadora y el nuevo fiscal reciben a las familias de los 43 tras las críticas a la gestión del caso, en un intento por recuperar credibilidad de cara a los últimos dos años del sexenio

estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en una barricada frente a Palacio Nacional
El 26 de septiembre de este año, una manifestante pega fotografías de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en una barricada frente a Palacio Nacional.Manuel Velasquez (Getty Images)

El vértigo del verano ha dejado paso a la cautela en el caso Ayotzinapa. Todos callan desde principios de noviembre. Ni el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ni su hombre para el caso, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ni el fiscal que dirige las investigaciones desde septiembre, Rosendo Gómez Piedra, se han referido al tema en varias semanas. Un contraste con los meses previos, cuando el caso aparecía día sí y día también en la prensa, por la cascada incesante de novedades y también por los errores y presiones del Gobierno y la Fiscalía General de la República (FGR).

Este martes, familiares de los 43 normalistas desaparecidos, sus abogados y el grupo de expertos de la CIDH que ayuda en las pesquisas, el GIEI, se han reunido con el fiscal Gómez Piedra y con Encinas, entre otros. Era el primer contacto de las familias con el nuevo fiscal y la primera reunión entre las partes desde el vértigo de los meses pasados. Fuentes conocedoras del desarrollo de la junta consultadas por EL PAÍS destacan el tono “de escucha”, pese al enfado de las familias por lo ocurrido estos meses. No es que haya ningún avance importante, pero visto lo visto en los últimos tiempos, el mero hecho de sentarse a hablar parece un logro.

Lejos quedan ya la salida del anterior encargado de las pesquisas, Omar Gómez Trejo, por las presiones y choques con el fiscal general, Alejandro Gertz, o la criticada decisión de la FGR de cancelar dos decenas de órdenes de detención que Gómez Trejo pidió antes de salir. Más lejos todavía, la detención del primer investigador del caso, aun durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Jesús Murillo, o la presentación del controvertido informe de la comisión investigadora que dirige Alejandro Encinas, origen de las primeras diferencias estos años entre los equipo de investigadores.

Se impone ahora la cautela como método cauterizador. No hablar del caso públicamente parece de momento la única forma de curar la herida, de reconstruir la confianza entre la comisión de Encinas, el GIEI, la FGR y las familias de los estudiantes normalistas. Mientras tanto, entre bastidores, los actores tratan de encontrar puntos en común, un piso válido para todos. En la reunión de este martes, representantes de las familias han señalado dos puntos, cruciales a su entender para el avance de la investigación, que atañen a la Secretaría de la Defensa (Sedena) y a la propia FGR.

Las familias han insistido en que el Ejército debe entregar todos los mensajes y comunicaciones interceptadas a la red criminal de Iguala en la época del ataque, de septiembre de 2014 en adelante. Además, han pedido al fiscal Rosendo Gómez que reactive las 21 órdenes de detención canceladas en septiembre, la mayoría contra militares. Según el criterio del GIEI, voz respetada en el colectivo de familiares, hay pruebas de sobra para procesar a todos.

En el caso de los documentos de la Sedena, la historia viene de largo. En octubre de 2021, la comisión de Encinas reveló dos documentos que recogían dos intercambios de mensajes, uno entre dos integrantes del grupo criminal atacante, Guerreros Unidos, y otro entre otro miembro de la banda y un presunto policía de Tepecoacuilco, pueblo cercano a Iguala. En ambas conversaciones se hablaba del ataque contra los muchachos y su posible destino. El Ejército había interceptado las comunicaciones del grupo criminal, asunto desconocido hasta entonces.

La existencia de documentos de este tipo y su divulgación tantos años después del ataque abrían cantidad de interrogantes. El primero y más importante apuntaba al alcance del monitoreo. SI el Ejército había interceptado esos mensajes, ¿cuántos más había, que dirían y qué panorama dibujarían de lo ocurrido? El segundo e igualmente relevante alimentaba una sospecha sobre la actitud del Ejército estos años: ¿por qué han callado tanto tiempo la existencia de este tipo de documentos y por qué no entregan el resto?

Para las familias de los 43, la importancia de estos archivos ha crecido estos meses, a la luz de las revelaciones de la última entrega de los denominados chats de Chicago, incorporados a la indagatoria de la Fiscalía. La intercepción de mensajes de Guerreros Unidos en la época del ataque realizada por la DEA en Estados Unidos, por un proceso judicial contra el grupo criminal en el país vecino, señala directamente a militares de colaborar con la banda delictiva.

Pero no solo los chats de Chicago. En el informe de la comisión que dirige Encinas, decenas de capturas de pantalla de mensajes intercambiados entre presuntos integrantes de la red criminal de Iguala señalaban igualmente a militares de participar en el ataque. Aunque el GIEI ha insistido en que resulta imposible verificar la autenticidad de esos mensajes, la comisión insiste en que trabajan en acceder a la fuente original. Es decir, a los teléfonos desde los que fueron enviados y/o recibidos. Así lo dijo Encinas y su equipo a las familias este martes en la reunión.

Con el Ejército en la mira, reactivar las órdenes canceladas parece en todo caso un objetivo más realista a corto plazo. Las familias se lo han expresado este martes al fiscal Rosendo Gómez, quien se ha mostrado abierto a “examinar la evidencia”, según explican las fuentes mencionadas arriba. 16 de las 21 órdenes canceladas son contra militares. Al GIEI y las familias les ha extrañado que algunos de los militares que de momento se han salvado de la acusación jugaron un papel parecido a los que sí han sido detenidos estos meses.

En sus intervenciones, Rosendo Gómez ha destacado además el trabajo de la Fiscalía en mejorar la acusación contra el exprocurador Murillo, preso desde agosto por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. El caso Murillo abrió precisamente la grieta entre la estructura de la FGR y el exfiscal Gómez Trejo en agosto. Como este diario ha explicado estos meses, Gertz pidió repentinamente a su subalterno la presentación del caso de Murillo ante el juez. Gómez Trejo pidió un mes, pero Gertz se negó, apartó al fiscal y puso a otros funcionarios sin experiencia en el caso Ayotzinapa a cargo. En las audiencias, el juez recriminó a los nuevos fiscales su falta de conocimiento en el caso. Aún así, Murillo fue a prisión a la espera de juicio.

Salvo sorpresa, el caso entra en pausa hasta enero, cuando el GIEI y las familias aguardan una reunión con López Obrador. La actitud del Ejército, las órdenes de detención y el futuro de Murillo y de otros personajes requeridos por la justicia, caso de Tomás Zerón, segundo Murillo en la época, escondido en Israel, dibujan del horizonte del proceso, a dos años de que termine el sexenio.

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Sobre la firma

Pablo Ferri
Reportero en la oficina de Ciudad de México desde 2015. Cubre el área de interior, con atención a temas de violencia, seguridad, derechos humanos y justicia. También escribe de arqueología, antropología e historia. Ferri es autor de Narcoamérica (Tusquets, 2015) y La Tropa (Aguilar, 2019).

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