Renuncia el fiscal del ‘caso Ayotzinapa’ tras el conflicto abierto con Gertz Manero

El fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, ha presentado su renuncia después de un mes de presiones y choques con Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Según ha podido saber EL PAÍS, Gómez Trejo decidió dejar su puesto hace semanas, y ya lo había comunicado a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y sus abogados. La FGR no ha informado al respecto, pero fuentes cercanas al caso señalan que el todavía fiscal dejará oficialmente su puesto el 3 de octubre.

El desencuentro entre ambos viene de mediados de agosto. Entonces, el fiscal general exigió a Gómez Trejo que consignara el caso contra Jesús Murillo Karam ante el juez. Primer encargado de las pesquisas tras la agresión a los estudiantes normalistas en Iguala, en septiembre de 2014, la FGR acusa a Murillo de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia.

Murillo era un objetivo a medio plazo de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), pero la exigencia del fiscal Gertz dejó a sus integrantes descolocados. Gómez Trejo pidió tiempo a Gertz, un mes, para presentar el caso al juzgado y así llegar bien preparados. El fiscal general se negó y apartó a la UEILCA del proceso. A la detención de Murillo, el 19 de agosto, Gertz puso las audiencias en manos de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos. Aunque Asuntos Internos logró procesar a Murillo, el juez amonestó a los fiscales en varias ocasiones porque, dijo, no parecían conocer la investigación.

Hasta el momento se desconoce el motivo de las prisas de Gertz por llevar el caso Murillo ante el juez. Entonces, a mediados de agosto, las prioridades de la UEILCA eran otras. Gómez Trejo tenía planeado un viaje a Israel para compartir con sus pares allá datos de la investigación que han armado estos años contra Tomás Zerón, segundo de Murillo Karam en las investigaciones. La unidad trabajaba además en un pliego de consignación, el documento de acusación contra 83 personas, que tenía previsto presentar al juez en esos días.

La diferencia de criterio en el caso Murillo complicó todo. Asuntos Internos ocupó la UEILCA y las decisiones sobre el caso dejaron de estar en manos de la unidad. Ejemplo de lo anterior fue la cancelación de parte de las órdenes de detención que la unidad obtuvo, cuando presentó el pliego de consignación al juez. El día 19, la FGR informaba de que el juez había concedido las 83 órdenes de captura, 20 de ellas contra militares. El 7 de septiembre, la dependencia pidió, sin embargo, cancelar 21 de las 83, petición que el juez aceptó el 13 de septiembre. De esas 21 órdenes canceladas, 16 eran contra militares.

Al mismo tiempo, Gertz dejó sin policías ministeriales a la UEILCA, impidiendo el desarrollo normal de su trabajo. Durante estos años, la unidad ha trabajado en dos núcleos, uno centrado en el ataque contra los normalistas, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y otro en la construcción de la “verdad histórica”, versión de los hechos armada por el equipo de Murillo Karam, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), hoy considerada un montaje por la UEILCA.

La unidad contaba con 13 policías ministeriales para el trabajo de campo, seis para un grupo y siete para otro. Pero desde finales de agosto, los agentes dejaron de aparecer en la unidad. Los integrantes de la UEILCA supieron más tarde que los habían mandado a La Muralla, el centro de capacitación de la FGR en San Juan del Río, Querétaro. La Fiscalía no ha informado de los motivos que precipitaron la salida de los policías de la UEILCA.

Aunque lentos, los avances de la unidad que investiga el caso Ayotzinapa han sido constantes estos años. En junio de 2020, los fiscales anunciaron la identificación de restos de uno de los 43 normalistas, Christian Rodríguez. Los investigadores encontraron un trocito de uno de sus huesos en la barranca de la Carnicería, un paraje a las afueras de Cocula, cerca de Iguala, lugar del ataque.

Al año siguiente, la UEILCA anunció la identificación de un hueso de otro de los estudiantes, Jhosivani Guerrero, en el mismo sitio. Ambos hallazgos abrían nuevos agujeros en la verdad histórica, relato criticado desde hacía años por las familias de los 43, sus abogados, los peritos que contrataron, adscritos al prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y el grupo de expertos que la CIDH ha comisionado a México para investigar el caso.

La narrativa de Murillo Karam y su equipo decía que el grupo criminal Guerreros Unidos había asesinado a los muchachos, había quemado sus cuerpos en un basurero en Cocula, y luego arrojado sus restos al cercano Río San Juan. Pero el EAAF y los expertos de la CIDH señalaron casi desde el principio que el basurero no había albergado una hoguera de las características necesarias para deshacer a 43 personas. Ambos equipos mostraron sus sospechas además sobre otra de las patas de esa versión, el hallazgo de restos de uno de los 43, Alexander Mora, en el Río San Juan. Aunque los restos sí eran de él, el EAAF, la CIDH y ahora la UEILCA asumían que su aparición en el río fue un montaje orquestado por Zerón.

En ese contexto, la identificación de trozos de hueso de Rodríguez y Guerrero en la ladera de un cerro, a casi un kilómetro del basurero, abría nuevas interrogantes. Si los estudiantes no habían sido quemados allí, ¿qué había sido de ellos? Es la pregunta cuya respuesta han perseguido los investigadores. Aunque las dudas dominan todavía el relato, los caminos que ha tomado estos años señalan toda una operación del Gobierno anterior, ya no solo para cerrar en falso el caso, sino para ocultar su quehacer y dificultar cualquier acercamiento a la verdad.

La comisión

En agosto, la comisión presidencial que investiga lo sucedido en paralelo a la UEILCA aportó nuevos indicios sobre el posible destino de los estudiantes. Su responsable, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señaló que Guerreros Unidos había orquestado la desaparición de los 43, en connivencia con autoridades de todos los niveles de Gobierno. Según esta versión, los criminales asesinaron a los muchachos en diferentes lugares y repartieron sus restos en diferentes puntos de la región: minas, pozos, ríos, casas…

La mayor revelación de la comisión apuntó, sin embargo, al Ejército. El 26 de agosto, el subsecretario Encinas dijo que uno de los autores intelectuales del asesinato de seis de los 43 era presuntamente el general retirado José Rodríguez, comandante, en la época, del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala. Según Encinas, los criminales, en contacto con Rodríguez, habían mantenido cautivos a los seis muchachos durante días. Y el 30 de septiembre de 2014, el mando militar ordenó su asesinato.

El sorprendente anuncio de Encinas ocurría apenas unos días después de que la FGR informara de la obtención de 83 órdenes de detención, de las cuales dos decenas eran contra militares. El 7 de septiembre, EL PAÍS informaba de que una de las 20 órdenes era precisamente contra el general Rodríguez, aunque no por el presunto asesinato de los estudiantes, indicio que apenas se integraba a la investigación de la UEILCA. La unidad buscaba al general por delincuencia organizada y desaparición forzada, a la espera de que la información de la comisión pudiera ampliar la acusación.

El 15 de septiembre, el general Rodríguez se entregó y la Fiscalía militar lo recluyó en la prisión castrense del Campo Militar Número 1, en los límites de la capital y el Estado de México. Más tarde, el juez solo tuvo en cuenta la acusación por delincuencia organizada, desechando de momento el delito de desaparición forzada. Ese mismo día, las autoridades informaron también de la detención de otros dos militares, por delincuencia organizada y desaparición forzada, además del procesamiento de otro más que ya estaba preso por delincuencia organizada, acusado ahora de desaparición forzada.

Ni entonces ni después, la FGR informó sobre el estado de las otras 79 órdenes de detención. Este sábado, este diario informó de que la FGR, en contra del criterio de la UEILCA, había cancelado 21 de las 79. Entre las 21 había 16 contra militares, algunos de alto grado, caso del comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Rafael Hernández Nieto.

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