Gertz Manero, el grillete de la 4T

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, se ha convertido en el grillete que lastra la promesa de justicia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con poco menos de tres años y medio en el puesto, Gertz Manero ha acreditado que empeña energía y recursos públicos en causas en donde él tiene interés particular, como presunta parte afectada a nivel personal, no como representante de la ciudadanía.

Y si tener un sentido parcial de la justicia no fuera de suyo grave, el problema crece pues también en casos en que litiga a favor de sí mismo falla estruendosamente. Como ha ocurrido esta semana, cuando la Fiscalía General de la República ha sido exhibida y hasta regañada. Un juez federal ha desechado una acusación mediante la cual el titular de la FGR intentó una venganza en contra del exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra, en una guerra intestina que merma al lopezobradorismo.

La humillación de la fiscalía en el juzgado, en una comparecencia que inició el miércoles y terminaría 23 horas después, ha sido mal encajada por Gertz Manero, cuyo despacho ha publicado un boletín con acusaciones en contra del juzgador —por cierto, alguien utilitario en una revancha del presidente López Obrador— y de Scherer Ibarra, a quien menciona en el formato abreviado que se suele utilizar para salvaguardar la presunción de inocencia de los imputados, calidad que no tiene el exconsejero jurídico y amigo del presidente mexicano.

Ese enfrentamiento judicial podría tener nuevos capítulos pues ambas partes, la fiscalía y los abogados acusados de extorsionar desde la sombra de Scherer, han anunciado que las cosas no acabaron con la determinación del juez Jesús Delgadillo Padierna de desechar el caso con un severa descalificación de la teoría del complot que le fue presentada.

Independientemente de cuándo y cómo se vean las caras de nuevo ambas partes, en el plano político la resolución del juez es atronadora en contra de Gertz Manero, que en cosa de ocho semanas ha sido humillado dos veces por el Poder Judicial, derrotas que socavan al gobierno de López Obrador.

Apenas el 28 de marzo, el titular de la Fiscalía recibió el varapalo de la Suprema Corte, que por unanimidad votó en contra de mantener en la cárcel a la hija de la excuñada del fiscal. Y ahora, al no proceder en contra de un grupo de abogados ligados a Scherer acusados de traficar con la influencia del exconsejero, Delgadillo Padierna desmontó una acusación que, encima, enreda el expediente de Juan Collado, cuya detención a principios de sexenio mandó el mensaje de que Andrés Manuel y su fiscalía tendrían temple y eficacia.

Esa justiciera imagen —que empoderó tanto a López Obrador como al fiscal— está hoy en entredicho. Gertz Manero tiene en la cárcel a un puñado de figuras del ancien régime pero no necesariamente tiene casos sólidos, ni mucho menos uno o varios maxiprocesos que amenacen con desarticular y menos castigar la gran corrupción del pasado.

No tiene, en pocas palabras, ejemplos o pruebas del fin de la impunidad. Ni en los casos emblemáticos, ni de manera sistemática. Y eso es un problema ya no solo del fiscal sino sobre todo de quien lo nombró.

Entre las promesas de campaña de Andrés Manuel en 2018 estuvo el combatir la corrupción y abatir la impunidad. Algunas detenciones como la de Juan Collado, abogado de presidentes de la República apresado a los ocho meses del gobierno de López Obrador, alimentaron la esperanza de que en esta administración se ajustarían cuentas con abusos del pasado. Tres años después esas ilusiones son más bien una hidra marchita.

Detener al “intocable” Collado, días después de que diera una boda principesca con Julio Iglesias y ministros de la Corte en su banquete, fue el golpe político de Andrés Manuel para quienes no quisieron entender con la cancelación del aeropuerto peñista en 2018 que el régimen tenía nueva piel, nuevos modos, nuevo jefe.

Las posteriores extradiciones de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos ligado al escándalo internacional de Odebrecht, y del empresario Alonso Ancira, acusado de vender al gobierno de Peña Nieto una planta de fertilizantes con un sobreprecio de 200 millones de dólares, parecieron apuntalar la determinación de Andrés Manuel por llamar a cuentas a abusivos y criminales.

En ese sentido se puede decir que en sus primeros dos años López Obrador pudo acreditar que la justicia sería distinta. Y eso se tradujo en poder para el presidente y su fiscal, y temor para sus adversarios.

Sin embargo, Ancira salió de la cárcel con apenas pagar lo que se le reclamaba, mientras que Lozoya se ha convertido en el fallido instrumento de una cruzada en contra de panistas, priistas e incluso morenistas en la que es tan clara la motivación política como endebles las periciales que se aportan.

Las declaraciones de Lozoya ante la propia FGR, mismas que ha cambiado en varias ocasiones, constituyen chispeantes narraciones que corrían en paralelo del objetivo gubernamental de manchar la legitimidad de reformas legislativas como la que dio más apertura al sector energético en 2013.

El testigo a modo, como es visto Lozoya, recibió de la fiscalía mimos varios. A su llegada procedente de España, desde donde fue extraditado en julio de 2020, le fue permitido refugiarse en un hospital, nunca pisar un juzgado, ya no digamos la cárcel, y hasta ser apartado de la vista de la prensa.

Si tan solo el caso denunciado en los términos de Lozoya hubiera fraguado, con la caída de varios exlegisladores y el descrédito al Partido Acción Nacional, principal beneficiario de la supuesta corrupción que instrumentó el exdirector de Pemex, Gertz hoy podría declarar que el paso corruptor de Odebrecht en México no quedó impune y que ahí se hizo justicia.

No ha sido así. Y si finalmente Lozoya lleva seis meses preso no necesariamente es porque una periodista agraviada por sus declaraciones le exhibiera comiendo opíparamente en un caro restaurante capitalino, sino porque los resultados de la pesquisa en la que él probaría sus acusaciones distan mucho de merecer una sentencia, ya no digamos una comilona. Ni ese caso está firme.

Así que el péndulo ha viajado en sentido contrario. En apenas tres años pasamos de importantes detenciones y procesos de alto perfil —podríamos sumar la causa en contra de polémicos exdirectivos de la cooperativa Cruz Azul— a juicios que mes a mes se enfangan en los vericuetos del sistema judicial mexicano.

Si en el pasado, al arranque de sus respectivos sexenios, los presidentes de la República instalaban el ritual del chivo expiatorio para meter a alguien a la cárcel y hacer como que todo iba a cambiar a fin de acallar el clamor de justicia, ahora tenemos el enorme contraste entre la promesa de fin de la impunidad hecha por López Obrador y los extenuantes enredos de procesos judiciales prácticamente estériles.

A todo gobierno mexicano le llega este golpe de realidad en donde la falta de resultados en términos de justicia comienza a inclinar la balanza hacia la inercial mediocridad. Pero una cosa hoy novedosa, sino que inédita, es que encima este presidente ha de cargar con el desprestigio social de un fiscal a todas luces abusivo por su agenda personal, además de errático.

Otros mandatarios sabían que en situaciones así había que remover al procurador, como se conocía antes a quien ocupaba el puesto del actual fiscal.

Andrés Manuel tiene un impedimento formal para tal cambio. Gertz Manero goza de una autonomía legal. Y si bien con su poder político el presidente puede sobrepasar sin mayor problema ese escollo, máxime cuando nadie reclamará que está siendo vulnerada una independencia que Gertz Manero convirtió en cercanía o asimilamiento al gobierno, sí es cierto que el guion presidencial no preveía este giro de los acontecimientos: el fiscal tenía que trascender en el tiempo a López Obrador.

Además de no aceptar nunca sus errores, el tabasqueño se resiste a reaccionar a jugadas como la echada andar por quien quiera que a principios de marzo pasado haya filtrado las conversaciones telefónicas del fiscal con su brazo derecho en maniobras para hacer que la Corte le diera la razón en el caso en contra de su excuñada, ese que terminaría perdiendo por once votos a cero.

Mas lo evidente es que López Obrador no tiene un fiscal funcional. Un empresario regresará 200 millones de dólares por un negocio abusivo, es cierto, como también lo es que ese caso constituye la excepción que confirma la falta de resultados del modo de operar de este fiscal, que no ha ejercido nunca la autonomía sino para cobrarse afrentas de su pasado en tanto exdirectivo de una universidad privada, heredero de su hermano o amigo de sus amigos con litigios familiares, como ha sido denunciado periodísticamente en el caso Alarcón.

Que Andrés Manuel no tenga un buen fiscal se traduce en que México carece en la titularidad de la Fiscalía General de la República de un funcionario eficiente e institucional. No hay que aventurar hipótesis de los problemas de gobernabilidad que ello podría acarrear en un país en donde la oficina del fiscal parece más preocupada por perseguir a un periodista que dio a conocer que en Youtube estaban las grabaciones de Gertz Manero antes que por el poderío de los grandes cárteles del crimen organizado.

México tiene un fiscal que persigue con más ahínco a los académicos que alguna vez le negaron el acceso al mundo del sistema nacional de investigadores que a los grupos criminales que desaparecen cada día a 25 personas, como es el récord que ha alcanzado la administración López Obrador en el delito de desaparición.

Quizá lo más paradójico de todo es que a Gertz Manero parece hacerle hace falta su examigo Julio. Sin éste en el gobierno, del que salió en agosto pasado, el fiscal luce incapaz de operar adecuadamente los problemáticos casos donde confluyen los poderosos mundos de la política, el dinero y la justicia en México.

Pues si algo de sustento tenían los señalamientos de Gertz Manero en contra de los abogados que comparecieron el miércoles, si estos en realidad traficaban influencias, si el fiscal no inventó por venganza a Scherer esas acusaciones y tenía razón legal, en tal escenario más grande aún es la falla de la Fiscalía General de la República, que con tal fracaso estaría galvanizando la impunidad de unos poderosos, escena propia de los tiempos que López Obrador prometió que en 2018 quedarían atrás. Si a punto de cumplir tres años y medio de fiscal Alejandro Gertz Manero no pudo con este caso que se supone Collado le entregó armado a fin de quedar libre, ¿con qué sí podrá?

Andrés Manuel ha dicho que sin paz su proyecto de transformación no será posible. Para lograr esa pacificación se propuso una presidencia que atajara las causas sociales de la violencia y el fin de la impunidad. Para lo segundo no tiene en la FGR al aliado correcto. Y el tiempo para hacer un cambio en esa oficina está a punto de pasar.

El aferrarse a las estadísticas de baja de criminalidad expuestas en las mañaneras no salvará al presidente del descrédito que le acarrea su actual fiscal por la falta de resultados y los escandalosos abusos.

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