La investigación del ‘caso Odebrecht’ en México extiende el foco al sexenio de Felipe Calderón

Más de un año después de la catarata de acusaciones lanzadas ante un juez por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el saldo de la derivada mexicana del caso Odebrecht es de tan solo uno de los señalados en la cárcel. En abril, el exsenador del PAN Jorge Lavalle fue procesado por recibir sobornos a cambio de aprobar la reforma energética a comienzos del mandato del expresidente del PRI, Enrique Peña Nieto (2012-2018). Entre una maraña de opacidad y filtraciones, la investigación avanza a trompicones centrada en ese mismo periodo de acuerdo a las declaraciones de Lozoya, convertido en una especie de testigo colaborador, que señaló que más de una decena de legisladores y altos funcionarios fueron sobornados a cambio de apoyar las reformas priistas.

Las dos nuevas imputaciones conocidas esta semana, contra el líder opositor Ricardo Anaya y el último director de Pemex durante el Gobierno del PRI, Carlos Treviño, siguen la misma línea. Ambos están acusados de recibir sobornos de parte del Gobierno de Peña Nieto. Pero, a la vez, añaden otra nueva vía. Treviño, que trabajó en la petrolera estatal durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, aparece también en la diana de las acusaciones de Lozoya como operador de otra red de sobornos de la filial mexicana de Odebrecht, Braskem, durante los años 2010 a 2012.

Antes de ser nombrado director de Pemex en noviembre de 2017, cargo en el que se mantuvo apenas un año, Treviño contaba con una extensa carrera como alto funcionario durante los dos gobiernos panistas, pasando por las secretarías de Energía, Hacienda y Economía. Su entrada en la petrolera llega de la mano de Calderón, primero como director de Finanzas y después como director de Administración. En sus funciones de alto directivo, Lozoya lo acusa de ser uno de los responsables de la trama corrupta detrás de la venta de gas etano por parte de Pemex a Braskem con un descuento del 25% sobre el precio de mercado a cambio de sobornos millonarios.

En su declaración de agosto del año pasado, Lozoya afirmó que el director de Odebrecht en México, Luis Weyll, había entregado por medio de la filial Braskem sobornos en los años 2010 y 2012, durante la administración de panista Felipe Calderón, para engrasar el cierre del contrato de gas. Entre los nombres apuntados por Lozoya aparecen otros directivos de Pemex así como los entonces secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero y de Energía, Jose Antonio Meade. El exdirector de Pemex reiteró en su denuncia que “se le entregó dinero tanto a Carlos Treviño Medina como a Ernesto Cordero”.

Lozoya, con dos causas abiertas por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, ha basado desde el principio su estrategia procesal en presentarse como un mero engranaje de una red criminal más amplia dirigida directamente por el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, señalados de recibir entre abril de 2013 y agosto de 2014 casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores. Esta es la línea principal de la Fiscalía que ya se ha cobrado el procesamiento de un primer político, el exsenador Lavalle. Pero las denuncias de Lozoya van más atrás en el tiempo y alcanzan también a Felipe Calderón (2006-2012) y hasta a Carlos Salinas (1988-1994).

La nueva vía abierta con la imputación de Treviño no cuenta de momento con respaldo judicial. Un juez federal del penal del Altiplano, en el Estado de México, había citado este miércoles al funcionario para una primera audiencia. Sin embargo, en el último momento el magistrado ha decidido aplazar la cita dando por bueno un recurso de la defensa. Los abogados de Treviño expusieron que la comunicación de la audiencia no cumplió con los plazos y que todo se precipitó tras la filtración de la imputación a la prensa mexicana este mismo martes.

El episodio de Treviño ilustra los accidentados avances del caso, a golpe de filtraciones y opacidad. Desde su detención y extradición de España, Lozoya, sobre el que gravita todo el caso, no ha pisado la cárcel y continúa estirando los plazos a base de prórrogas en busca de más pruebas que apuntalen sus acusaciones. Mientras, la secretaría de Hacienda continúa añadiendo denuncias en su contra. La salida esta semana del país de Ricardo Anaya, imputado también por recibir sobornos, representa otro de los hitos fallidos de la causa.

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