El ‘caso Pegasus’ se estanca en la justicia mexicana

El caso Pegasus navega por los tribunales mexicanos sin rumbo y sin avance. La Fiscalía General de la República (FGR) ha divulgado este lunes un comunicado en el que informa escasos avances en la investigación por la compra que se realizó del malware durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El mensaje señalaba que pidieron tres veces sin éxito una audiencia inicial para imputar a cuatro exfuncionarios, entre quienes está Tomás Zerón, antiguo jefe de los investigadores de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR), por los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa. Las autoridades mantienen otra indagación, por las escuchas a periodistas y activistas, sobre la que han evitado hacer referencia. Lo mismo con las denuncias realizadas por el uso del programa espía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El boletín de la Fiscalía asegura que abrieron una investigación por la contratación y adquisición del software espía Pegasus durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, algo que ya habían informado en un comunicado el pasado octubre. En esa ocasión, también habían señalado que se buscaba a Zerón por el caso, y cuáles eran los delitos que se investigaban. El nuevo mensaje de este lunes agrega pocos detalles más a lo dicho entonces. Solo destaca que la investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR, y que están a la espera de que el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad de México les dé una fecha para celebrar la primera audiencia del juicio, donde se pedirán las imputaciones al juez.

Durante el sexenio pasado, Pegasus se usó para espiar a más de 15.000 personas, y pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido ya no utilizarlo, el Gobierno mexicano volvió a adquirirlo en 2019. La primera compra de este software se hizo en 2014, y se dio a conocer a través de investigaciones periodísticas. La FGR asegura ahora que esa adquisición fue hecha por fuera de la ley. “El monto de la operación fue de 460 millones de pesos, por un sistema que no lo tiene esta nueva Administración; que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente”, ha defendido la dependencia este lunes.

Además de Tomás Zerón, que está refugiado en Israel desde hace años, en esta carpeta están bajo investigación Judith Aracely Gómez Molano, ex oficial mayor de la entonces PGR; Vidal Díazleal, extitular de la Policía Federal Ministerial; y Rigoberto García Campos, exdirector de información sobre actividades delictivas del Centro de Nacional de Planeación Análisis e Información (Cenapi).

La Red en Defensa de los Derechos Digitales, abanderado en la defensa de aquellos que han sido espiados con Pegasus en México, ha criticado que lo anunciado este lunes por la FGR “no representa un esclarecimiento de los hechos de espionaje denunciados durante el gobierno anterior, ni implica el acceso a la justicia para las personas afectadas”. La organización ha recordado que además de 2014, la PGR “suscribió contratos para escalar las capacidades del malware en 2015, así como renovaciones de licencia en 2016 y 2017″. Tampoco fue la Procuraduría la única dependencia que compró el programa, sino que también lo hizo el antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional en 2016 y la Secretaría de la Defensa en 2019.

La FGR lleva de manera paralela otro expediente por las escuchas ilegales que se ejecutaron una vez se compró el programa. En julio de 2021, la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda (UIF) informó que investigaba a una maraña de empresas proveedoras de equipos de inteligencia y compañías fantasma, que habían sido usadas supuestamente para conseguir contratos inflados y triangular dinero entre ellas. Puntualmente, se señaló a Balam Seguridad y Grupo Tech Bull —una fachada de la primera—, que estaban vinculadas a un contrato que la anterior administración de la Fiscalía firmó en 2014 para la adquisición de Pegasus. El documento de la compra había sido firmado por Zerón, que entonces era jefe de la Agencia de Investigación Criminal.

En el entramado de empresas estaba KBH TRACK, que operó el Pegasus durante los años de Peña Nieto, según la Fiscalía. Por este segundo caso judicial ya hay detenido un hombre, Juan Carlos ‘N’, que era ejecutivo de la compañía y fue arrestado en noviembre de 2021. A él, las autoridades le imputan el delito de intervención ilegal de comunicaciones, agravado por cometerlo en contra de la libertad de expresión, ya que se usó para espiar a la prensa, como en el caso de la periodista Carmen Aristegui.

Los avances que ha anunciado la FGR sobre el caso Pegasus en México han sido pocos y han llegado de manera esporádica. Nada ha dicho la Fiscalía sobre si investiga el uso del malware en el Gobierno de López Obrador. En octubre del año pasado, gracias a la filtración de los papeles del Ejército y la publicación de una investigación periodística, se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa había comprado nuevamente el software en 2019 para espiar a activistas y periodistas. El presidente negó que fuera utilizado para espionaje, argumentó que era “para hacer investigación”. Quienes fueron víctimas en este sexenio, acompañados por organizaciones civiles, llevaron entonces el caso ante la justicia, donde de momento se ha estancado junto con las otras carpetas de investigación.

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