Las omisiones de la Fiscalía en el ‘caso Pegasus’ elevan las dudas sobre el Ejército

La Fiscalía General de la República (FGR) ha divulgado un boletín de prensa sobre el caso Pegasus, informando sobre las novedades de las investigaciones, abiertas desde 2017. En el comunicado, la FGR se refiere a los dos procesos abiertos por el mal uso del malware, los dos durante el Gobierno anterior. La Fiscalía evita, sin embargo, comentario alguno sobre el empleo del Pegasus durante la actual Administración, motivo de denuncias durante las últimas semanas.

El boletín refiere el caso por la compra fraudulenta de Pegasus en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), “sin que existiera justificación y evadiendo los procedimientos de licitación pública”. Por ese asunto, la FGR busca a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la vieja Fiscalía. La dependencia finca delitos de peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa al exfuncionario y busca a otras personas que colaboraron con él.

La nota de prensa informa también del caso contra Juan Carlos N, ejecutivo de la empresa KBH TRACK, operadora del Pegasus durante los años de Peña Nieto, según la Fiscalía. Detenido desde el año pasado, la dependencia acusa al hombre de intervención ilegal de comunicaciones privadas. Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), KBH era además parte de un entramado de empresas con las que se habrían desviado recursos públicos, aprovechando la adquisición de Pegasus.

El año pasado, la Fiscalía ya informó en términos parecidos de Pegasus, KBH TRACK y Zerón. Cuestionada por la falta de avances, la dependencia señaló por primera vez que una empresa privada había operado el malware. La empresa productora de Pegasus, la israelí NSO Group, siempre ha defendido que sus únicos clientes son Gobiernos, una cuestión de seguridad. Señalada de manera tangencial, la Fiscalía vuelve ahora a salir con un comunicado. Las novedades que aporta son, sin embargo, escasas.

Como ha ocurrido otras veces en este y otros temas, la FGR, ente independiente del poder Ejecutivo desde la reforma de principios de 2019, ha informado sobre Pegasus después de una petición directa de Palacio Nacional. El viernes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la dependencia que explicara en qué estado se encuentran las investigaciones, tras la bronca de las últimas dos semanas, por el presunto uso de Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa (Sedena).

Desde finales de septiembre, medios de comunicación y asociaciones civiles han denunciado que el Gobierno ha espiado al menos a dos periodistas y un activista durante el actual Gobierno, entre ellos Ricardo Raphael y Raymundo Ramos. Los tres han tratado casos de posibles violaciones a derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas. La denuncia sorprendía por el aparente rechazo de la actual Administración al uso fraudulento del malware.

López Obrador y su Gobierno han negado la mayor, insistiendo en una de sus máximas estos años, “nosotros no espiamos a nadie”. Como ha ocurrido en otros asuntos, el mandatario ha evitado entrar al fondo de las acusaciones, tratando de apuntalar su postulado moral, mencionado en la frase anterior. El presidente y su gabinete han empleado la misma energía en negar cualquier espionaje gratuito en sus años de Gobierno, que en atender las pruebas presentadas en contra del Ejército.

Las acusaciones contra la Sedena se agravaron a principios de octubre, en el contexto del hackeo masivo de servidores de la dependencia por parte del grupo de ciberactivistas Guacamaya. Entre las decenas de miles de correos electrónicos y archivos adjuntos divulgados, reporteros hallaron contratos del Ejército con una empresa para la adquisición de Pegasus en 2019. Sedena ha negado compra alguna de Pegasus desde 2013.

México, en lo alto

Pegasus encarna una de las grandes preocupaciones del mundo moderno, el uso de herramientas de espionaje digital contra opositores, periodistas y activistas. La compañía siempre ha dicho que Pegasus es una herramienta pensada para luchar contra grupos criminales, en una era donde parte de sus actividades suceden en entornos virtuales: chats, redes sociales, servicios de mensajería.

El año pasado, una investigación de la plataforma Forbidden Stories y medios de varios países reveló que clientes del malware lo usaron en realidad para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos. México destacaba en la lista por la cantidad y calidad de objetivos potenciales del malware, entre ellos el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y su entorno cercano.

Antes, periodistas y activistas ya habían denunciado la intervención de sus teléfonos. Con el tiempo, investigaciones de medios y asociaciones, caso de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, documentaron que Ejército, el centro de inteligencia federal, antes CISEN, ahora CNI y la vieja Fiscalía operaron Pegasus. Con el cambio de Gobierno, López Obrador rechazó el uso de Pegasus contra opositores, pero las últimas infecciones, corroboradas por el prestigioso centro de investigación Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, han desencadenado una gran oleada de críticas contra el Ejecutivo.

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