Los puntos ciegos del desastre minero en Coahuila

Sabinas ha aguantado la respiración durante más de una semana, a la espera de tener noticias de los 10 trabajadores que quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina de carbón del pasado 3 de agosto. La angustia del rescate tras la inundación del pozo se ha topado con otra incertidumbre alrededor del desastre en Coahuila: un alud de irregularidades, sospechas de corrupción y negligencias que detonaron el colapso y han dificultado las labores de rescate. Cuatro especialistas en Geología, Protección Civil y Minería desgranan sus dudas y cuestionamientos sobre cuáles fueron las fallas que se cometieron, quiénes fueron los responsables y qué tiene que cambiar en la industria para evitar que una emergencia como esta vuelva a repetirse.

“Solo nos queda esperar un milagro”, afirma el geólogo Delfino Hernández, con más de 25 años de experiencia en Protección Civil y Gestión de Riesgos. El académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) pone en la mira todas las normas oficiales de prevención que no se cumplieron: desde lineamientos específicos sobre la seguridad en minas subterráneas hasta protocolos de emergencia, medidas de mitigación de riesgos y reglamentos pertinentes sobre señalización, trabajo en alturas, equipo necesario, explotación y trabajo de obras. Hernández, certificado en varias de estas normas, asegura que se dejaron de hacer muchas cosas: “Es un sinfín de incumplimientos e irregularidades”.

Wendy Morales y Sergio Rodríguez, académicos del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayan que en el caso de Sabinas todo indica que no se tomaron las precauciones necesarias ante la presencia de agua y gas metano en el subsuelo ni se estudiaron las condiciones geológicas que podían afectar la extracción de carbón. Tampoco funcionaron los sistemas de alarma, las rutas de evacuación ni hubo un seguimiento de la obra civil, de la estructura o de la necesidad de estabilizar el pozo y los túneles, de acuerdo con la información que se ha hecho pública. Los investigadores señalan que no hay planos de la mina, bitácoras para monitorear el trabajo de los mineros ni documentos que acrediten que se haya cumplido con los protocolos o que se les haya capacitado para responder a una emergencia. “Esto hace que los rescatistas vayan a ciegas y que definan su estrategia conforme van enfrentando estos obstáculos”, apunta Morales. “Es posible que las labores de rescate se prolonguen por varias semanas”, agrega.

“Hacer un rescate como este no es tarea sencilla”, acota Rodríguez, quien señala que es todo un cúmulo de factores lo que precipitó el siniestro y evita hablar de un fenómeno generalizado en la industria a partir de este incidente. A la profundidad, la falta de visibilidad y al terreno inundado, se suma el reto de que las condiciones en el subsuelo son cambiantes. El material se sigue moviendo y puede haber el riesgo de que haya más colapsos. En escenarios como este, precipitarse significa poner en peligro también la vida de los rescatistas y es otro factor por considerar para que los daños no sean mayores. “Se hace lo mejor que se puede”, dice el académico, “pero la prevención tenía que haber sido una labor constante, de todos los días”.

La ley minera establece que las empresas deben garantizar las condiciones de seguridad para que el Gobierno les otorgue una concesión de explotación. En el caso de la mina colapsada en la zona de Las Conchitas, la concesión fue otorgada en 2003 a Minera Río Sabinas SA de CV, pero después la transfirió a la compañía minera El Pinabete, han informado las autoridades. Aleida Azamar, investigadora de la UAM, cuestiona que esta transferencia no quedó asentada propiamente en los registros comerciales y asegura que es un punto clave para entender las irregularidades. No está afiliada a la cámara minera, no hay información fiscal ni de sus protocolos de seguridad, asegura Azamar. “Es un contexto sumamente opaco y un tema francamente preocupante”, dice la académica, que ha seguido la industria minera desde hace 10 años.

El supuesto propietario de la mina, Cristian Solís Arriaga, es “un joven trabajador, sin ningún tipo de riqueza y que muy posiblemente sea un prestanombres”, comenta Azamar. En el trasfondo del rescate también se ha señalado a Regulo Zapata, exalcalde de Sabinas, como uno de los dueños reales. El político se ha deslindado de cualquier vínculo con el Pinabete. La polémica ha llegado hasta la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador. El presidente ha dicho este viernes que la hipótesis de que Solís sea un hombre de paja es factible y ha exhortado a la Fiscalía a dar con todos los responsables.

Las irregularidades en torno a la propiedad impactan directamente en la tragedia, por las condiciones de trabajo de los trabajadores y el reparto de responsabilidades. López Obrador tocó también el tema de que la concesión se otorgó a 50 años, vence en 2053. Azamar afirma que este es otro de los puntos delicados: tras un derrumbe como este, la concesión se suspende, pero no se pierde. “Hay una corrupción evidente entre los empresarios y los gobiernos, porque se permite que operen estos proyectos”, dice Azamar. “La principal causa de este desastre es la flexibilidad de la ley minera con los empresarios, se les permite hacer cualquier cosa con tal de que paguen”, asegura.

“La zona minera no se escapa de un país que es corrupto y de algunos funcionarios que claramente no son competentes”, concuerda Hernández y agrega que la corrupción es más habitual al momento de otorgar los permisos. “No hay voluntad política en ninguno de los niveles de gobierno para atacar el problema de fondo”, afirma.

López Obrador señaló directamente al “periodo neoliberal” como origen de esas irregularidades. Pero el derrumbe también ha salpicado a la política de austeridad de esta Administración. Hernández comenta que la normativa está bien definida, pero el problema es que no se vigila que se cumpla la ley. Azamar dice que los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no son suficientes y cuentan con pocos recursos. No son los únicos que han hecho estos señalamientos y la cartera a cargo de Luisa María Alcalde ha rebatido en un comunicado este viernes que prácticamente cuatro de cada diez inspecciones mineras se han realizado en la zona carbonífera de Coahuila (387 en los últimos tres años), que el 84% de las concesiones que se han suspendido están en ese Estado y que tres de cada cuatro multas que se imponen son a mineras de esa entidad, donde se extrae el 99% del carbón en México.

Pero son muchos más los encargados del cumplimiento: la Secretaría de Economía otorga las concesiones, Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social deberían revisar las condiciones de los trabajadores, las autoridades medioambientales estatales deben monitorear la contaminación y Protección Civil tiene atribuciones de vigilancia. El modelo extractivista y la legislación que favorece a las mineras también vuelven a ser interpelados, así como la demanda permanente de carbón para la producción eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y el alcance de las fiscalías para procurar justicia.

La norma oficial sobre minas subterráneas (NOM-032-STPS-2008) establece que los trabajadores deben usar equipo de protección personal, contar con servicios de seguridad y una brigada propia de rescate, recibir atención médica y capacitación periódicas, identificar los riesgos y acreditar el cumplimiento de la normativa como obligaciones del patrón. En el fondo del colapso de Sabinas y de episodios como Pasta de Conchos, en el que murieron 65 personas, se tocan los factores políticos, sociales y técnicos con la precariedad y la falta de garantías para los mineros, que han asegurado que regresarían a trabajar ante la falta de oportunidades y alternativas laborales. “Las empresas priorizan las ganancias, lo demás queda en segundo plano”, lamenta Hernández. El investigador advierte de la urgencia de un viraje: “Si las cosas no cambian, esta desgracia no será la última”.

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