El bombazo que volvió a poner a Enrique Peña Nieto bajo los reflectores políticos de México

Una serie de transferencias irregulares en el extranjero por 26 millones de pesos y vínculos con dos empresas con finanzas y operaciones inusuales. Ese es la base de la demanda que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el brazo de la Secretaría de Hacienda contra los delitos de cuello blanco, ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Enrique Peña Nieto. La nueva investigación ha sacado de forma involuntaria al exmandatario de un exilio político autoimpuesto en España y ha significado el señalamiento más explícito de la Administración de Andrés Manuel López Obrador contra su predecesor por supuestos actos de corrupción.

La denuncia de la UIF habló a detalle de las operaciones financieras, los depósitos en efectivo, los cheques y los posibles conflictos de interés del expresidente Peña Nieto y su familia. No fueron acusaciones contra antiguos miembros de su Gabinete, como en el caso de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social. No fueron señalamientos en su entorno, como en el caso de Juan Collado, su antiguo abogado. No se habló de escándalos derivados de publicaciones periodísticas, como La Casa Blanca o La estafa maestra, ni de actos de corrupción durante su Gobierno, como con Emilio Lozoya, principal funcionario mexicano en la trama de Odebrecht y exdirector de Petróleos Mexicanos. Esta vez es directamente sobre el expresidente.

En el imaginario del obradorismo, Peña Nieto simboliza el último representante del periodo neoliberal, caracterizado por el saqueo, la corrupción y la subordinación del Gobierno a las élites y los poderes fácticos. En campaña, López Obrador se refería a la presidencia del político priista como “el despeñadero”, una expresión que salió de sus discursos apenas llegó al poder.

El actual mandatario ha optado por una especie de ambivalencia. Impulsó la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes en 2021, permitió un acuerdo de colaboración con Lozoya estrechar el cerco sobre la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ha esgrimido críticas permanentes por el papel que desempeñaron sus predecesores en áreas como seguridad, salud y corrupción. Sin embargo, como presidente, López Obrador ha evitado criticar de manera abierta a Peña Nieto. En cambio, se ha referido a su predecesor como un político “traicionado por los de arriba” y que tuvo el decoro de “no meter las manos” en la elección que le permitió llegar al poder. Cuando se le hace alguna pregunta sobre la gestión del político priista, la mayoría de las veces prefiere no meterse y dice que no le corresponde pronunciarse. Esa actitud ha dado pie a especulaciones sobre un supuesto pacto, que se apuntala bajo la antigua máxima política de que “perro no come perro”, pero que nadie ha logrado demostrar de forma tajante.

La conferencia de este jueves no fue la excepción. “No vamos a perseguir a nadie”, ha dicho López Obrador en su conferencia de prensa. “No vamos a fabricar delitos a nadie”, ha insistido. Tras una larga exposición sobre vínculos con una empresa trasnacional, depósitos hechos a su hermano y triangulación de operaciones a través de un familiar consanguíneo, el titular de la UIF, Pablo Gómez, también matizó: “No hay delitos todavía”.

La primera denuncia contra Peña Nieto, promovida por una institución que depende del Ejecutivo e investigada por un fiscal propuesto por esta Administración, no se ha traducido en un enfrentamiento abierto con el actual Gobierno. El expresidente también fue mesurado y apenas respondió que espera tener la oportunidad de demostrar la “legalidad de su patrimonio”. “Expreso mi confianza en las instituciones”, manifestó en una escueta publicación en Twitter.

La investigación de la FGR ha dado pie a múltiples lecturas políticas: desde las implicaciones que esto tiene en la promesa de combatir la corrupción y el protagonismo de actores políticos como el fiscal Alejandro Gertz Manero hasta la hipótesis de que el pleito tiene como telón de fondo la elección del año próximo en el Estado de México.

Pero son muchas más las incógnitas que las certezas. El curso legal en México prohíbe dar detalles sobre una investigación abierta y faltan piezas clave para elucidar cuán sólidos son los indicios contra Peña Nieto. La duda más grande es qué tan factible es que se pueda llegar a una sentencia, a la luz de los resultados en las causas contra otros políticos y personajes vinculados con el PRI.

Rosario Robles, por ejemplo, fue arrestada en abril de 2019, lleva tres años en la cárcel, todavía sin una certeza sobre su futuro jurídico. La colaboración con Lozoya como testigo protegido parece haber volado por los aires. El caso contra el abogado Collado se ha visto salpicado en el pleito entre el fiscal Gertz y Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la Presidencia. Alejandro Moreno, actual presidente del PRI, parece estar en la lona tras el juicio mediático de su escándalo de filtraciones, pero aún falta que se formalicen las acusaciones. La causa por el escándalo de la Casa Blanca cerró después de que se sancionara a los funcionarios que extraviaron el expediente. Ninguno ha sido sentenciado.

La investigación formal, sin embargo, es el primer paso en el camino para esclarecer la procedencia del dinero y si hay un delito qué perseguir. Ya no es una insinuación desde una tribuna política ni una filtración a la prensa. Al margen del juego político y mediático, está por verse si el sistema judicial del país está a la altura de las circunstancias.

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