La marca invisible de la violencia hacia la infancia más desprotegida en México

Un albergue para niños sin hogar se ha convertido, una vez más, en el escenario de la más cruel y silenciosa violencia contra las infancias en México, que persiste a la vista de las autoridades. Un grupo de menores bajo la tutela del Estado amarrados, sedados y fotografiados por los trabajadores del centro de acogida San Bernabé, en Ciudad de México. Sus cuerpos expuestos en un chat como prueba de que fueron sometidos a una “intervención” por orinarse en la cama: un pequeño con los pantalones abajo. Otro, cubierto con una sábana y amarrado de la cabeza a los pies. El caso apenas ha causado revuelo tras ser desvelado hace una semana por el periódico Crónica Metrópoli. Ya hay dos denuncias al respecto, pero la respuesta del Gobierno ha sido evadir y negar los hechos.

Desde hace meses, la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCM) investigaba el caso en sigilo, tras recibir la denuncia de tres empleados del albergue. Un mes atrás, dos menores intentaron escapar. La titular de la Comisión, Nashieli Ramírez, ha reconocido que la investigación estaba abierta desde el 30 de noviembre, pero recientemente ha informado del cierre de la misma. La conclusión: “no existe evidencia que confirme los hechos como fueron denunciados en la queja que constituyan violaciones concretas hacia el derecho de las niñas, niños y adolescentes del CAI San Bernabé a vivir una vida libre de violencia”, ha asegurado en la presentación de un informe especial sobre el caso.

La CDHCM sostiene que no hubo violaciones a los derechos humanos de los menores, pero, al mismo tiempo, ha emitido una lista de observaciones para atender “las condiciones observadas y documentadas en la investigación de este caso”. Primero, señala que “el Interés Superior de niñas, niños y adolescentes debe de ser incorporado como una norma de procedimiento en las prácticas rutinarias del personal que labora en los albergues”. Luego, recomienda incorporar el uso de estrategias educativas “más allá del sistema de premios y castigos, mismos que dominan como forma de crianza en ese espacio”.

El Informe Temático Especial: Niñas, Niños y Adolescentes CAI San Bernabé también advierte de que “de manera obligada, es necesaria la eliminación de la aproximación patogenizante respecto a la salud mental en general y de las niñas, niños y adolescentes en particular”. Además de que “se requiere de la subordinación del enfoque médico al modelo social de la discapacidad y a los principios rectores y derechos de niñas, niños y adolescentes”. Por otro lado, menciona que “cualquier método de sujeción, contención mecánica o restricción física de una persona es una técnica a debate por su cuestionamiento ante los estándares internacionales en la materia”.

El centro de atención infantil (CAI) ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras cerró sus puertas a inicios de año. Hasta el momento, solo se ha informado de la reubicación de los menores en el albergue Coruña, en Iztacalco, donde también hay adultos. Son cinco niñas y cinco niños de entre dos y 16 años, y la mitad tienen diagnósticos psiquiátricos, según Ramírez. La queja ante la comisión encargada de velar por los derechos de los grupos más vulnerables también señalaba que los pequeños no contaban con agua caliente, tenían ropa en mal estado, estaban a cargo de las labores de limpieza del albergue por falta de presupuesto y eran fotografiados constantemente.

“Las fotos de maltrato explícito, como por ejemplo, puede ser la más llamativa la del niño envuelto en una sábana, esa foto fue tomada el 29 de octubre del año pasado”, dijo la titular de la CDHCM en una entrevista con W Radio tras la publicación del informe para dar por cerrada la investigación. El niño tuvo una “crisis severa” por la mañana e “intentó hacerse daño con unas tijeras”, explicó. Por lo que “el enfermero a cargo utilizó una técnica que está autorizada por la psiquiatría cuando hay una crisis que se sale de control y no puede controlarse bajo ningún otro poder disuasivo. En ese sentido, no es una acción disciplinaria”, justificó.

El destino incierto de los menores: “No es solo reubicarlos”

La segunda denuncia fue interpuesta el pasado martes 8 de febrero ante la Fiscalía de Ciudad de México por cinco asociaciones civiles que se sumaron al reclamo tras la publicación del caso. La abogada Andrea Rocha, de la asociación Jusdena, explica que la indignación al ver las fotografías de los menores provocó la necesidad de hacer algo por “esos pequeños que no tienen a nadie”. “El que debe de tutelar sus derechos es el Estado, pero cuando el Estado está fallando nosotros como sociedad tenemos el deber de exigirle al Estado que vele por ellos”, expone.

La demanda fue interpuesta por abuso de autoridad, lesiones y tentativa de homicidio, en contra de las autoridades responsables del cuidado de los menores. Una de ellas es la CDHCM y su presidenta Nashieli Ramírez, pero también están señaladas la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; la presidenta del DIF de la capital, Esthela Damián, y la titular del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), Nadia Troncoso. “Las personas que trabajan en el albergue mencionaron que ella (Troncoso) incitaba la violencia hacia los menores”, advierte Rocha.

La abogada señala que se puede configurar el delito de tentativa de homicidio porque “el hecho de amarrar a los niños de esa manera los puede orillar a ocasionar la muerte porque tú no sabes si el menor está respirando de la manera adecuada”. “Ellos lo están haciendo y no están viendo los riesgos que puede generar esa conducta y hay una tentativa de atentar contra la vida de esos pequeños”, señala. “Esos son los delitos que nosotros creemos que se pueden configurar, al final será la Fiscalía quien pueda a través de las investigaciones correspondientes decir qué delitos se pueden configurar”, puntualiza. Se espera que la denuncia sea ratificada la próxima semana, cuando los demandantes presentarán una ampliación de la misma, añade.

La Fiscalía también tiene el deber de realizar un peritaje psicológico a cada uno de los niños, considera Rocha. La perito en psicología Denise Meade, directora de la fundación Renaser, coincide en la urgencia de determinar los daños sobre los menores para que el Estado pueda repararlos. “Evaluar las repercusiones emocionales y psicológicas que muy probablemente hoy están sufriendo para que ya se pueda trabajar en un proceso psicoterapéutico”, indica.

“No es solo reubicarlos, los niños y niñas que sufren este tipo de traumas, muy probablemente tiene el trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, y esto aunque ya se haya retirado de la condición de donde fueron agredidos”, expone. La psicóloga detalla que para quienes viven este tipo de violencia, el trauma no se queda en el pasado y puede dejar “una huella invisible”. “Se va a su presente, se va a su futuro y puede incluso estar para toda su vida si no se trabaja y si no se atienden”, afirma.

La violencia hacia los niños que viven en albergues es una problemática que persiste en México, así como la falta de respuesta de las autoridades. El último informe sobre la niñez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), advierte de que en todo el país aún existen políticas públicas que “no atienden las causas que motivaron la institucionalización de personas menores de edad, los factores de riesgo y las consecuencias para el proyecto de vida individual, así como la actuación y responsabilidad de las familias, la comunidad y autoridades del Estado”.

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