Latinoamérica se enfrenta a los límites de su capacidad de testeo

Bien sea por antígenos o PCR, los análisis para detectar casos de coronavirus se han convertido en un termómetro –aunque sea inexacto– para seguir la evolución de las nuevas oleadas de contagios durante la pandemia. En paralelo a los malabares diplomáticos y presupuestarios para acceder a las vacunas, los gobiernos de Latinoamérica expandieron su capacidad de testeo, pero ahora, en el momento en el que el número de casos alcanza un máximo histórico en la región —más de ocho millones en una semana—, se ven obligados a recalibrar sus estrategias de toma de pruebas ante la avalancha de positivos provocada por la llegada de la variante ómicron.

Las pruebas diagnósticas fueron las primeras herramientas que tuvieron los países para dimensionar la pandemia. Las de reacción en cadena de la polimerasa, que el mundo entero ya conoce por sus siglas inglesas (PCR), sirvieron para medir la altura de los primeros picos, si bien de manera imperfecta: entonces se hicieron patentes los límites de capacidad de unos sistemas de salud que necesitaban procesar miles de tests diarios. Cada uno de ellos requería maquinaria costosa, ingredientes reactivos y varias horas de personal especializado. Estos cuellos de botella dejaron a la mayor parte de los casos en América Latina sin diagnosticar en los primeros momentos de 2020. Pero poco a poco se ampliaron capacidades, y también se extendió el uso de un segundo tipo de prueba diagnóstica: la basada en antígenos, mucho más barata, fácil de usar y con resultados en quince o veinte minutos.

Mientras, los sucesivos picos de contagio hicieron evidente para la población que la convivencia con el virus iba a ser larga. Así, las pruebas diagnósticas pasaron a ser también, y sobre todo, una manera de manejar riesgos individuales a la hora de encontrarse con otras personas, o un trámite necesario para conseguir una baja médica. Su agregación junto a las PCR permitió tener imágenes algo más fieles de los tamaños de las siguientes olas, aunque muy distintas en su precisión país a país en función del acceso a pruebas y los recursos invertidos en este frente.

Las de antígenos han sido y siguen siendo las predilectas para usos no estrictamente clínicos en la región y en el mundo entero, dada su rapidez y bajo coste. Sin embargo, en comparación con las PCR también son menos sensibles: eso quiere decir que, por regla general, su índice de falsos negativos es más alto. Es además posible que con ómicron esta sensibilidad sea un poco menor: algunos estudios preliminares que comparan positividad con antígenos y PCR han notado cierta erosión en su capacidad diagnóstica, que además varía entre marcas y proveedores.

Las pruebas diagnósticas están transitando hacia su segundo reacomodo durante la pandemia. Si primero pasaron de medidor público a evaluador privado esencial, ahora se convierten poco a poco en un ingrediente más en la cotidianeidad, una señal que debe contrastarse con otras a la hora de que hogares, empresas o gobiernos manejen el riesgo en cada instante. Cada vez menos gente entiende como incuestionable un negativo en antígenos en una persona con síntomas compatibles con covid que vive relacionándose en zona de alto contagio, y el “por si acaso” se va imponiendo poco a poco como modulador del autodiagnóstico. Lo que no ha cambiado tanto en estos dos años es la distribución de la disponibilidad de este recurso. Las principales diferencias se dan entre países, pero también dentro de ellos: en sociedades desiguales, especialmente aquellas con acceso a salud que no es universal de facto, las pruebas frecuentes se parecen más a un bien de lujo que a uno garantizado por considerarse de primera necesidad.

Desde gobiernos que desincentivan el testeo masivo, como los de Andrés Manuel López Obrador en México o Jair Bolsonaro en Brasil, a los que los promueven como Argentina o los que priorizan a personas mayores o con comorbilidades como Colombia , así es la situación en diferentes países de la región:

México, un cuello de botella

México atraviesa una cuarta ola disparada por ómicron, en un repunte que se ha caracterizado por récords de casos diarios de covid y largas filas para realizarse pruebas en las principales ciudades. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desalentado la aplicación masiva de tests desde el inicio de la pandemia y los ha descartado como una herramienta útil en la gestión sanitaria. Como resultado, México solo aplica un test por cada 3.000 habitantes, una proporción casi diez veces menor que en Argentina y seis veces menor que en Colombia, de acuerdo con el portal Our World in Data.

El país padece un cuello de botella de pruebas ante el pico de casos, el incremento de otras enfermedades respiratorias por el invierno y la necesidad de demostrar el contagio para solicitar bajas laborales y días de descanso. En Ciudad de México, el motor de la epidemia a nivel nacional y donde el uso de tests está más extendido, las autoridades aplican seis veces más pruebas gratuitas que en noviembre. Antes de la llegada de la nueva variante se repartían unas 5.000 pruebas diarias, ahora se distribuyen más de 30.000.

Las personas que no pueden costearlas se forman durante varias horas en quioscos instalados por el Gobierno de la ciudad o afuera de instituciones públicas de salud, aunque en este último caso se restringe la aplicación a casos graves y avanzados. Afuera de laboratorios privados se observan largas filas de coches y algunas farmacias lucen abarrotadas, con estimaciones del sector que señalan un alza del 50% en la demanda durante los primeros días de 2022. “A todos mis pacientes les he dicho que no se hagan pruebas, ¿para qué? Es mejor que asuman que es covid en vez de que salgan a la calle por varias horas”, señala el infectólogo de la UNAM Samuel Ponce de León.

“En México se han hecho pocas pruebas y ha sido una mala política. No se ha visto la detección como algo importante, cuando es una estrategia útil”, apunta en cambio Carlos del Río, profesor de la Universidad de Emory. “La escasez de pruebas es mundial”, justificó la semana pasada el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. En medio de esa tendencia mundial, los tests se han convertido en objeto de debate en México, donde las pruebas también han alcanzado un pico de demanda y un protagonismo mediático sin precedentes durante la pandemia.

Colombia cambia de estrategia y restringe las pruebas

Con la llegada de ómicron a Colombia, el Gobierno de Iván Duque cambió los lineamientos para establecer que la toma de pruebas, que solo pueden hacer profesionales de la salud, se limita para menores de 3 años, embarazadas y mayores de 60 o personas con alguna comorbilidad. Aunque existe una propuesta de la Federación Nacional de Comerciantes para que les permitan vender pruebas caseras en farmacias, hasta ahora tanto las PCR como las de antígenos o anticuerpos únicamente se consiguen en los laboratorios.

Con los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud, además, las personas jóvenes no necesitan hacerse ninguna prueba, pues los síntomas son considerados evidencia suficiente. “A nivel global con ómicron la demanda de pruebas ha estado muy por encima de las necesidades de testeo, incluso en los países de altos ingresos”, señala Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud. El funcionario ha explicado que la decisión de restringir las pruebas se tomó para priorizar a los mayores. “Como es tan abrupto el incremento con ómicron, lo que podría pasar es que las personas jóvenes sin factores de riesgo, que pueden hacer la fila, desplacen en el turno y afecten la oportunidad de tomarle la prueba a los mayores, cuyo resultado nos permite hacerles un monitoreo clínico”.

Con esa restricción, la alternativa –exclusivamente para aquellos que tienen esa capacidad adquisitiva– es hacerse una prueba por fuera del sistema de salud acudiendo a laboratorios privados donde se paga entre 80.000 y 200.000 pesos según el tipo de prueba (aproximadamente entre 20 y 50 dólares).

La falta de pruebas para la población general ha generado dudas a la hora de solicitar incapacidades laborales. Según la norma del Ministerio de Trabajo, en casos sintomáticos como asintomáticos, los empleadores deberán permitir el aislamiento obligatorio y de forma inmediata del trabajador. Sin embargo, son los médicos, teniendo en cuenta la actividad laboral de los pacientes, quienes determinan si entregan o no el certificado de incapacidad.

Brasil, sin una política pública de test en masa y lotes caducados

Al inicio de la pandemia, las autoridades brasileñas atribuyeron la escasez de test de covid a las enormes dificultades para comprarlos en los mercados internacionales. Durante estos dos años, ha habido muchas promesas de compras a gran escala pero test, muy pocos. En ningún momento ha habido una política pública sistemática para tener una imagen nítida de la magnitud de las olas y hacer seguimiento de los casos sospechosos. El Gobierno dice que ha distribuido 58 millones, una cantidad minúscula. No alcanza para dar uno por cabeza a los habitantes de los Estados de São Paulo y Río de Janeiro. Solo se han realizado a los enfermos más graves, los hospitalizados y poco más. Prueba de la desidia gubernamental con el negacionista Jair Bolsonaro a la cabeza, millones de ellos simplemente caducaron.

Ahora, poco ha variado la situación aunque ómicron está en plena expansión. Los 200.000 contagiados del pasado miércoles son el récord diario desde que se descubrió el primer caso. Es el país de Sudamérica con menos test realizados por cada mil habitantes en los últimos siete días, según Our World in Data (Venezuela al margen debido a que no tiene datos). Brasil siempre ha estado en la parte baja de la tabla mundial. Y ahora, ante la explosión de la demanda de análisis, las autoridades sopesan cómo racionarlos para evitar el desabastecimiento. También en esto se refleja la desigualdad. Los privilegiados que podían viajar en avión al extranjero han tenido acceso a las PCR requeridas a precios prohibitivos para la mayoría.

Argentina, con una tasa de positivos disparada

La rápida propagación de ómicron en Argentina ha puesto a prueba la capacidad de testeo. Según los datos oficiales, desde que comenzó la pandemia hace casi dos años hasta ahora se han realizado 31,2 millones de pruebas y el dato aumenta con rapidez debido a la gran demanda. Este jueves se realizaron 183.622 pruebas en todo el país y se detectaron casi 130.000 nuevos contagios.

El pico de casos de las últimas semanas ha provocado falta de turnos en algunos centros y demoras de hasta cinco días para conocer los resultados. Al Gobierno de Alberto Fernández le preocupa también la elevada tasa de positividad, que esta semana superó el 70%, lo que significa que la cifra real de infectados es muy superior a la registrada.

“Me dijeron que estaban colapsados y que era muy difícil que tuviera el resultado en 48 horas”, cuenta Sebastián Soto sobre su experiencia en uno de los centros de pruebas de Buenos Aires la semana pasada. Al tener dolor de cabeza y de garganta fue a hisoparse el jueves y preventivamente permaneció aislado hasta el lunes por la noche, cuando después de numerosas consultas al número facilitado por el Gobierno local, obtuvo como respuesta que había dado positivo. Su vecina, Verónica Jiménez, optó por quedarse en casa sin una confirmación formal de que los síntomas que tiene son covid-19.

Cualquier persona con síntomas en Argentina puede solicitar turno para realizarse un test gratuito en los centros habilitados o concurrir de urgencia a las unidades febriles instaladas en los hospitales. En caso de querer hacerse la prueba de forma privada, debe dirigirse a un laboratorio, donde los precios rondan los 4.000 pesos (36 dólares) para un test rápido de antígenos y 6.500 pesos (60 dólares) para una PCR. Está previsto que en las próximas semanas comiencen a venderse en las farmacias los autotests caseros autorizados, lo que abaratará el precio de los diagnósticos privados y acelerará los tiempos para conocer el resultado.

Chile incrementa su capacidad

El vecino Chile, a la vanguardia en vacunación, ha aumentado también su capacidad de testeo en los últimos días debido al rápido aumento de casos, con cifras récord esta semana. El jueves pasado se realizaron 83.651 exámenes PCR y se detectaron 12.500 contagios, el número más alto desde el inicio de la pandemia. A diferencia de otros países vecinos, su tasa de positividad fue del 11,69%, lo que supone que por ahora no hay muchos casos que queden fuera del radar de las autoridades sanitarias. En Chile hay más de un centenar de tests rápidos autorizados para su venta libre en farmacias, cuyo valor ronda los 25 dólares. Sin embargo, debido a la falta de trazabilidad de esas pruebas y a su menor fiabilidad, el registro oficial de nuevos contagios sólo contempla las pruebas PCR.

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