Una investigación revela el oscuro mercado para analizar restos humanos en México

El laboratorio Central ADN, creado en 2013 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, tiene acceso y copia de las bases de datos genéticos de la Fiscalía General de la República y los ofrece a familiares de personas desaparecidas, según desvela una investigación periodística del diario digital Pie de Página. De acuerdo con los documentos y testimonios obtenidos para el reportaje ‘Traficantes de ADN’, personal de la empresa contacta a líderes de colectivos de búsqueda de personas para ganarse la confianza de familiares de desaparecidos, comercializar y recolectar muestras de ADN por todo el país. Aunque varios nombres de peso en la política nacional aparecen en la lista de accionistas a partir de 2013, el único sospechoso para las autoridades mexicanas, acusado de robo de datos para entregarlos a esta empresa, es el excomisionado nacional de búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro.

Detrás de la compañía, hay empresarios poderosos y políticos de toda clase, según ha encontrado la investigación periodística. Por ejemplo, Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo, familiar del exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, aparece como secretario de la sociedad mercantil en el acta constitutiva del Registro Público del Comercio. Otro accionista es el empresario michoacano Alfonso Fabriciano Gómez Sanz, quien ostenta el título inédito de cónsul de España en Morelia. Además, el tesorero de la empresa era hasta octubre de 2021 Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, exfiscal federal de delitos electorales en las elecciones de 2018.

No obstante, el único investigado hasta el momento es Cabrera Alfaro. El abogado de 48 años fue desde 2013 el enlace con la Embajada de Estados Unidos en México y las agencias estadounidenses del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), la Agencia antidrogas (DEA), así como el FBI, quien le entregó un reconocimiento por su cooperación cuando estuvo a cargo de la Coordinación Nacional Antisecuestros. La Fiscalía Anticorrupción lo acusa de ejercicio indebido de la función pública por presuntamente haber filtrado datos del banco genético de la Fiscalía a Central ADN. La causa judicial lleva al menos un año en tribunales, aunque hasta ahora se había mantenido en secreto.

Según ha declarado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el caso es grave “porque se trata de un bien público que tiene reservas de ley en el manejo de los datos personales”. Por su parte, la actual comisionada Karla Quintana ha respondido: “Me interesa la investigación periodística que están haciendo, pero no puedo dar detalles porque la investigación ministerial está en proceso. Ojalá su investigación pueda aportar elementos”.

En ocho años, el laboratorio ubicado dentro del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, en la Antigua Carretera a Pátzcuaro, en Morelia, Michoacán, consiguió un convenio inusual con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), contratos de identificación humana con al menos tres estados y su capital ha aumentado de 100.000 pesos a 9,5 millones de pesos. Otras compañías con el mismo giro y nombres similares han surgido en años posteriores. En febrero de 2018 nació la empresa Biotecnológica Somos ADN, cuyos accionistas son casi los mismos que Central ADN, que públicamente se presenta como ADN México.

El reportaje ‘Traficantes de ADN’, firmado por las periodistas Paula Mónaco Felipe y Wendy Selene Pérez, fue realizado con el apoyo del Proyecto Piloto de Periodismo de Investigación de la UNESCO y publicado este domingo por Pie de Página.

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