Buscadoras de desaparecidos, la nueva diana del crimen organizado

En algunos rincones de México, la violencia es capaz de transformar a las mujeres. Eso le pasó a Aranza Ramos, una madre de 28 años de Sonora. Cuando su marido desapareció el pasado diciembre, se convirtió en buscadora y más tarde en activista. Se unió al colectivo Guerreras Buscadoras en Sonora, un grupo de mujeres que como ella han sido víctimas colaterales del crimen organizado que ha dejado casi 90.000 personas en paradero desconocido en México. Sus redes sociales se tornaron en un escaparate de rostros de desaparecidos junto a información que facilitaban sus familiares, entre ellos el de su esposo. Entre las denuncias y las súplicas por cualquier tipo de información, también expresaba el miedo que sentía de que su lucha la convirtiera en la próxima diana del crimen organizado. Hace diez días, Ramos fue secuestrada en su casa por un grupo armado y su cuerpo fue hallado poco después. Sus compañeras, madres y esposas de los desaparecidos que excavan en fosas clandestinas, han denunciado el terror que viven cuando salen a buscar cuerpos en los puntos más calientes del país. “Las búsquedas no pueden parar y nosotras no podemos estar en este nivel de vulnerabilidad”, han subrayado en un comunicado.

En las últimas publicaciones de Ramos en sus redes sociales destacan las fotos de varias jornadas de excavación en fosas clandestinas de Sonora e incansables publicaciones con la foto de su esposo. “Te vamos a encontrar mi amor, espérame un poco más”, llegó a escribir. Llevaba siete meses dedicada a la búsqueda de su marido, Brayan Omar Celaya Alvarado, desaparecido en el municipio de Ortíz Valle de Guaymas el pasado 6 de diciembre. “Solo quiero que regreses a casa, sea cual sea tu situación. Ya no sé a quién más pedirle que por favor permitan que regreses a casa”, repetía en su muro de Facebook Ramos, quien también ayudaba a otras familias a difundir fotos de sus desaparecidos con números de teléfono impresos pidiendo la más mínima información.

Su insistente búsqueda la puso debajo los focos y el crimen organizado no tardó en notarlo. Ramos denunció en sus redes sociales que temía por su seguridad y por la de su hija de apenas un año de edad. Pero sus denuncias y reclamos por protección fueron en vano. Fue secuestrada en su domicilio en Ortíz por hombres armados y su cuerpo apareció a pocos kilómetros de su casa el pasado 16 de julio.

Ramos se ha convertido en la última víctima que ha indignado a los grupos defensores de derechos humanos. La ONU ha condenado su asesinato y ha pedido que se abra una investigación y se proteja a los grupos que salen a buscar a sus seres queridos en las tierras de los narcos en un acto desesperado por la impunidad que reina en México. “El asesinato de la señora Aranza Ramos nos recuerda la dura situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México. No solo padecen el dolor de la ausencia y la incertidumbre, sino que investigan y buscan a sus familiares desaparecidos, enfrentando riesgos que no deberían asumir”, señaló Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México. “Las personas desaparecidas nunca debieron faltarles a sus familias, pero tras su desaparición deben ser las instituciones del Estado las que lleven a cabo la búsqueda inmediata con el máximo de los recursos disponibles para localizar a la persona con vida. Cuando un Estado no logra cumplir con este deber, se coloca a las familias de personas desaparecidas en una situación de riesgo”, añadió.

Apenas una semana después del asesinado de Ramos, dos mujeres del colectivo Hasta Encontrarte y Una Luz en el Camino tuvieron que huir de un grupo de hombres armados que las seguía. Llevaban varias horas esperando a la Fiscalía y a la policía para exhumar unos cuerpos en un terreno baldío de Cuerámaro, Guanajuato, cuyos restos ellas mismas habían encontrado entre la tierra. Al ver que las autoridades no llegaban y se hacía de noche en un territorio gobernado por el terror del narcotráfico, emprendieron la huida. Las siguieron en un vehículo y se escondieron entre los maizales, dominadas por el pánico. La policía no llegó hasta las 23.00 para resguardarlas. “La búsqueda de nuestros familiares desaparecidos nos lleva a lugares y situaciones que jamás imaginaríamos y no paramos por el amor que les tenemos”, han escrito en un comunicado en el que denuncian la falta de asistencia y respaldo de las autoridades.

En paralelo, Gemma Antúnez, que busca a su hijo en Guerrero dentro del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, denuncia que la violencia hacia las mujeres buscadoras se ha extendido por todo el país. Algunas activistas de su colectivo han recibido amenazas y sus compañeras en Michoacán han sido hostigadas por las autoridades mientras llevaban a cabo su labor. Por su lado, Guerreras Buscadoras en Sonora ha emprendido una iniciativa para exigir justicia por el asesinato de Ramos mientras siguen buscando a su esposo. “No queremos desenterrar más muertos para enterrarnos vivas”, han sentenciado en una publicación en redes sociales.

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