La Justicia mexicana busca proteger a los migrantes de las detenciones arbitrarias y excesivas

Las crisis migratorias que atravesaron a México en los últimos años han llegado a la Justicia. La Suprema Corte debate estos días un proyecto para ordenar al Congreso la creación de una instancia judicial que controle lo que sucede con los migrantes que son detenidos en situación irregular. De ser aprobada, la iniciativa obliga al Poder Legislativo a modificar la Ley de Migración para evitar que se viole de manera arbitraria el derecho a la libertad de este grupo de extranjeros, muchos de los cuales son arrestados mientras viajan rumbo a Estados Unidos. El debate se da en medio de una nueva ola migratoria con los números más altos de los últimos 15 años.

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El proyecto, presentado por la magistrada Margarita Ríos-Farjat, está basado en un amparo interpuesto por un migrante venezolano de 26 años que solicitó en 2018 una visa para trabajar en el país. En aquel caso, el Instituto Nacional de Migración realizó una evaluación a la empresa que iba a contratarlo y, por considerarla falsa, metió al migrante en una lista negra para poder deportarlo. El joven venezolano “permaneció doce días privado de su libertad y hasta esta fecha, aún está sujeto a restricciones para gozar de ella”, dice el documento de la Corte, que considera que el hombre “fue objeto de una retención excesiva por la autoridad migratoria”.

El modo en que operan las detenciones migratorias actualmente, dice el proyecto, tiene una “naturaleza” similar “a la prisión preventiva de la materia penal”. Muchos de los migrantes que son detenidos por las autoridades mexicanas son enviados a centros del Instituto Nacional de Migración que se parecen a cárceles, según han denunciado múltiples organizaciones no gubernamentales. El amparo del hombre venezolano se dio en medio de una de las mayores crisis —la de 2019— que levantó críticas de numerosos organismos internacionales hacia México.

El reclamo era el trato que se les daba a los migrantes y las prologadas detenciones en centros migratorios con pésimas condiciones sanitarias. En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que las políticas aplicadas por México y Estados Unidos para frenar el flujo de personas eran violatorias de los derechos humanos. Ese mismo año la Organización de las Naciones Unidas reprochó a los Gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador que hicieran abuso de las detenciones de migrantes. La revisión judicial responde ahora a un tratado internacional firmado por México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). El artículo siete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “toda persona detenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó en 2019 casos de migrantes que permanecían retenidos en los centros por más de 15 días, el límite establecido por ley. Algunos pasaban hasta más de dos meses, según el informe. El Supremo evalúa ahora si existe una “omisión legislativa inconstitucional” al dejar en manos de INM la situación de los migrantes retenidos por más de 15 días. El objetivo del proyecto del máximo órgano judicial es garantizar que el derecho a la libertad “no se vea trastocado de forma arbitraria por las autoridades en el ejercicio de sus facultades”. Para la magistrada Ríos-Farjat, “la ausencia de una autoridad, autónoma e independiente, que ejerza el control de las detenciones en materia migratoria da oportunidad a privaciones de la libertad irregulares”.

Este proyecto atenta contra la lógica discursiva del Gobierno mexicano, que lleva meses endureciendo los controles migratorios para frenar el flujo hacia Estados Unidos mientras habla de “rescate a migrantes”, y no de detenciones. La iniciativa judicial impondría un sistema similar al de otros países, donde la situación de los migrantes se resuelve en tribunales especializados para eso, como en Estados Unidos o Canadá. La votación del proyecto estaba prevista para este miércoles, pero se ha pospuesto para la próxima sesión. Si se aprueba, el Congreso tendrá plazo hasta diciembre para establecer una instancia que vele por la libertad de los migrantes en México.

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