Hacinamiento, sobrepoblación y falta de servicios médicos: las irregularidades en las estaciones migratorias del Gobierno de Peña Nieto

Durante su paso por México, los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos o que transitan de regreso a sus países de origen son víctimas de delitos como el secuestro, el robo, la extorsión, abusos sexuales y homicidio. No solo son presa de la delincuencia organizada, también lo son de la corrupción de algunas autoridades. El Instituto Nacional de Migración (INM), que debería encargarse de la seguridad y la protección de los migrantes, no está exento de cometer abusos. Una revisión de varias auditorías recogidas en 15 informes del Órgano Interno de Control (OIC) arroja que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) la institución manejó de forma deficiente los fondos destinados a atender a los extranjeros en las estaciones migratorias. El hacinamiento, la sobrepoblación, la mala alimentación y la carencia de servicios médicos fueron algunas de las irregularidades reflejadas en los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los alimentos en la delegación del INM de Ciudad de México no cumplían la calidad requerida. Las sobras eran servidas a los detenidos en días posteriores. Al menos 66 bebés fueron alimentados con la misma comida que a los adultos sin darles leche ni papillas. Las cocinas estaban sucias y se encontraron alimentos descompuestos como una longaniza con moho y frijoles con gusanos, según un reporte de 2018. Los auditores pidieron penalizar a los proveedores que incumplieron los contratos. Este fue uno de los hallazgos más recurrentes de los informes hechos en un lustro, de 2013 a 2018. Se pagó a proveedores que dejaron servicios a medias o que no se llevaron a cabo.

Los auditores también señalaron que muchos guardias de seguridad se extralimitaron. Realizaban funciones que no les correspondían como revisar las pertenencias de los migrantes y repartir medicinas, un reclamo que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En 2016, 17 adolescentes centroamericanos fueron obligados a desnudarse por los encargados de seguridad a cargo de la estación migratoria en Puebla. La CNDH reprobó estos actos denigrantes y pidió explicaciones. Otros casos fueron más graves. Una salvadoreña, madre de tres hijos, fu acosada sexualmente por un agente de seguridad en una estación migratoria. En su testimonio, recogido en un informe elaborado por cinco ONG de defensa de migrantes, relata que posteriormente otro agente de seguridad le hizo ofrecimientos sexuales.

La Administración Peña Nieto puso en marcha en el verano de 2014 el programa Frontera Sur, el cual intensificó los operativos de captura de inmigrantes centroamericanos que viajaban al norte. Estos eran trasladados a estaciones del INM donde permanecían detenidos por meses. El Gobierno defendió la iniciativa argumentando que protegía los derechos de los inmigrantes. Las organizaciones no gubernamentales, sin embargo, acusaron que el programa solo había aumentado el peligro en los viajes. Durante 2015 se detuvo, en promedio, a 522 migrantes diarios. La cifra de aprehensiones más elevada desde 2005, según Sin Fronteras. Un informe de la organización destacaba que las cifras migratorias iban al alza y que los operativos migratorios comenzaban a presentarse en los 32 Estados de México y no solo en las zonas fronterizas.

Protocolos fallidos

Al mediodía del 10 de mayo de 2016 un migrante salvadoreño subió hasta el tablero de la cancha de basquetbol en una estación migratoria en Chiapas y se arrojó de cabeza. Murió minutos después de ser trasladado a un hospital privado. Días antes de suicidarse dijo que fue amedrentado por maras y temía por su vida. Estaba a la espera de ser repatriado, pero él no quería volver. La CNDH emitió tras la muerte una recomendación al INM donde señalaba que el extranjero presentaba depresión y ansiedad que no fueron debidamente atendidas. “Lo sucedido evidenció que en la estación migratoria no se cuenta con un protocolo efectivo para la detección, diagnóstico y tratamiento de enfermedades físicas o mentales, así como tampoco con un manual o procedimiento tendente a garantizar el tratamiento idóneo de casos de emergencia”, se lee en el informe de la comisión.

Este tipo de fallas coinciden con los reportes del OIC. En varias estaciones se detectó que no existía control de las medicinas que se suministraban a los enfermos. En Zacatecas, al centro del país, se encontró que el personal de vigilancia llevaba una bitácora, a la que le faltaban hojas, donde se registraba escuetamente la existencia de medicamento. En julio de 2018 se detectaron faltantes en los inventarios médicos en la estación migratoria en Puebla. En otras ni siquiera había doctores.

Las pertenencias de algunos migrantes les fueron retenidas y no se las regresaban a su salida de los centros. “Se encontraron valores dentro de cinco sobres que no fueron entregados a los asegurados con una antigüedad de más de un año, pese a que esos extranjeros ya fueron retornados a su país de origen”, se lee en un reporte de noviembre de 2016 de Zacatecas. Entre las pertenencias no devueltas había 18 celulares, billetes, anillos, collares, lentes, tarjetas bancarias y carteras.

Este tipo de fallas y violaciones de derechos humanos deben ser atendidas porque pueden desencadenar en situaciones peores, alerta Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. “Una de las cosas que nos parecen más preocupantes, a la luz de lo que acaba de ocurrir en Camargo (Tamaulipas) es hasta donde llegan las complicidades y la corrupción al interior del INM”, señala. En esta localidad de Tamaulipas las autoridades encontraron 19 cuerpos calcinados, la mayoría de migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos. En el lugar había otro vehículo que había sido asegurado por personal del INM y luego liberado. En la masacre participaron policías estatales.

En 2016 el organismo defensor de los derechos humanos supervisó diez estancias donde se entrevistó con personal médico y detenidos. En el reporte se reveló que en centros de los Estados de Guerrero, Michoacán y Veracruz las instalaciones eléctricas eran inadecuadas, no había suficientes camas, las condiciones de higiene eran deficientes, no había traductores ni intérpretes y eran insuficientes los encargados de seguridad.

Los hallazgos de los auditores del OIC apuntan a las mismas fallas. En los recorridos que se hicieron en la delegación de Veracruz en 2018 se encontró acumulación de basura y cucarachas en las áreas de alojamiento. También había fugas de agua en los sanitarios y condiciones insalubres. La CNDH pidió dar mantenimiento, ya que la capacidad sanitaria no era suficiente para el número de alojados. “Se deberá monitorear que la limpieza se realice de manera constante garantizando con ello un espacio digno”, dice una auditoría de febrero de aquel año.

En las estaciones migratorias de Yucatán, Veracruz, Aguascalientes y Sonora había agentes del INM que seguían trabajando sin haber aprobado los exámenes de control y confianza. En Veracruz el órgano interno pidió explicar por qué continuaban laborando 46 funcionarios que no habían sido certificados. En varios Estados también se detectó un resguardo deficiente de los vehículos oficiales. En Aguascalientes los autos carecían de tarjeta de circulación, póliza de seguro, pagos de tenencia, verificación y emplacamiento. Estos vehículos no pasaban la noche en las instalaciones afirmaba un informe de 2017. Los traslados de migrantes entre estaciones se hicieron sin controles.

La Secretaría de Función Pública (SFP) tiene abiertos una serie de investigaciones por estas irregularidades. Entre diciembre de 2018 y agosto de 2020 el ministerio emitió 205 sanciones por abuso de autoridad, negligencia administrativa, ejercicio indebido de funciones e incumplimiento en sus declaraciones patrimoniales. Entre los sancionados hay delegados y subdelegados locales, agentes migratorios, jefes de departamento y directores de área. Las sanciones más severas han sido inhabilitaciones, pero también se han emitido multas y amonestaciones. Aunque se buscó al INM para que se pronunciaran sobre los hallazgos del OIC, un portavoz del instituto mencionó que las investigaciones del órgano interno son independientes y este no tiene ninguna injerencia. El INM aseguró que las condiciones de las estaciones migratorias han mejorado.

Delgadillo Pérez, de la Fundación para la Justicia, considera que es importante castigar al personal del INM que comete un delito y no solo cesarlos. La especialista considera que debe llevarse un control de los agentes que han sido removidos. Al interior del INM, afirma, existen redes de corrupción que operan en complicidad con estructuras comprometidas con el tráfico de personas. “Estas redes logran cooptar a servidores públicos que actúan con total impunidad porque no han logrado ser desarticuladas ni por la Fiscalía general ni las locales”, reitera. La abogada hace énfasis en lo importante que es contar con perfiles idóneos. También lamenta que con el cambio de Gobierno no se haya modificado la forma de ver a la migración. Sigue siendo un asunto de seguridad.

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