Los policías involucrados en la masacre de Tamaulipas confiesan haber matado a los migrantes, pero niegan haberlos quemado

Los 12 policías detenidos por el asesinato de al menos 15 guatemaltecos en la masacre de Tamaulipas confesaron haberlos matado, pero no haberlos desmembrado ni quemado, según ha podido saber un grupo de congresistas de Guatemala. Los parlamentarios están de visita en Ciudad de México, donde han participado en reuniones con las autoridades mexicanas para conocer el avance de las investigaciones de la matanza del 22 de enero en Camargo, en un camino rural cerca de la frontera con Estados Unidos en la que fallecieron 19 personas, la mayoría migrantes.

“Lo que nos han explicado es que los policías ya han aceptado que ellos mataron a los migrantes. Lo que no han aceptado ellos es que los quemaron y que los desmembraron. Ese es un tema muy complicado porque están desmembrados y quemados. Es algo horrible. Esto aparentemente podrían haber sido ya grupos locales”, le dijo a EL PAÍS el diputado Carlos Barreda, jefe de la bancada del partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). A principios de febrero, la Fiscalía de Tamaulipas informó de que al menos 12 policías del grupo de élite GOPES estaban involucrados en la masacre. El titular de esa oficina dijo que los agentes estaban acusados de asesinato, abuso de autoridad y falsedad en sus informes, pero evitó dar detalles sobre el papel exacto que tuvieron en la matanza.

Según las informaciones que han recibido estos días Barreda y sus colegas, la principal teoría es que hubo un enfrentamiento entre los coyotes que llevaban a los migrantes y ese cuerpo policial. “Aparentemente, en el área de Camargo, en Tamaulipas, hay una zona de distensión entre dos carteles”, el del Noreste y el del Golfo, explica. Citando las versiones que le han ofrecido, el diputado dice que es probable que los migrantes guatemaltecos se alejaran por algún motivo de ese lugar de paso y entraran en una zona más peligrosa donde se produjo una balacera.

Ahora, el parlamentario está sorprendido tras conocer que los agentes estarán representados en el proceso penal por abogados privados, según sus informaciones. “No sé quién les está pagando la defensa cuando, si eran policías, lo más probable es que tuvieran una defensa pública”, ha dicho.

A Barreda, jefe de la bancada de la UNE, lo acompañan otros ocho congresistas de su partido. En la capital mexicana se han reunido con legisladores, con el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y con el director general de América Latina y del Caribe de la Secretaría de Cancillería mexicana, Martín Borrego. También participaron en una reunión virtual con el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios. Aunque la visita es promovida por su grupo parlamentario y no por el Congreso, ha recibido el apoyo del embajador guatemalteco, Mario Búcaro.

Según ha explicado Barreda, el plan inicial era viajar a Tamaulipas, donde se produjo la masacre, para poder conocer el avance de las investigaciones sobre el terreno, pero lo descartaron por motivos de seguridad después de que Búcaro tuviera que irse la semana pasada de ese Estado tras sufrir amenazas. “Tuvo que salir rápido de Tamaulipas hacia Monterrey, en bus, porque al hotel donde él estuvo estuvieron llegando, intimidándolo”, ha afirmado.

Entre las demandas que piden los parlamentarios en México está que el crimen no quede impune y que reparen a las familias de las víctimas. El lunes, el comisionado del INM se comprometió a que el Gobierno mexicano cubra los costos de la repatriación de los restos de los migrantes, una de las demandas de los familiares para poder cerrar el duelo. “La fecha dependerá de la Fiscalía porque los restos son una prueba y hasta que no hayan concluido todo lo que tengan que hacer, no pueden entregarlos”, ha dicho otro de los miembros de la comitiva guatemalteca, el diputado Mario Gálvez, del departamento de San Marcos, de donde procedían casi todos los migrantes.

Desde hace más de una década, Tamaulipas se ha convertido en uno de los pasos más peligrosos para los migrantes. En 2010, un grupo criminal asesinó a 72 centroamericanos y sudamericanos. Un año después, las autoridades hallaron casi 200 cuerpos en fosas clandestinas en ese mismo municipio, la mayoría migrantes. En 2012, dejaron los cuerpos desmembrados de 49 personas, entre ellos migrantes, en Cadereyta, cerca de Monterrey, en la salida de la ruta hacia Reynosa.

Por el momento, los diputados guatemaltecos regresan a casa con la promesa de que esta vez el crimen no quedará impune. “Vemos que en todos los diputados ha pegado mucho el discurso del presidente Andrés Manuel [López Obrador] que dice que esto no va a ser un nuevo San Fernando”, ha dicho Barrera sobre las reuniones que ha tenido en México. “El manejo político del tema ha sido decirnos que van a hacer su esfuerzo y que el peso de la ley va a caer y que están dispuestos a reparar a las familias y que hablemos de una agenda de trabajo para que esto no pueda suceder”.

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