Más de 500 días de resistencia en el campo de refugiados de Matamoros

Como buen milenial, no es extraño que a Josué Rolando Cornejo le resulte natural contar su vida en las redes sociales. Lo que puede sorprender más es que este migrante, de 29 años, no tuvo su primer teléfono inteligente hasta el año pasado. Cuando salió de su país, Honduras, en mayo de 2019, huyendo de la violencia de las pandillas, tenía “uno de esos más baratos, a teclado”. Para comprarse uno “de los buenos” hubiera tenido que gastar al menos una quincena de su salario como conductor de transporte público en la colonia López Arellano, en San Pedro Sula. ¿Y de qué comerían su mujer y sus tres hijos, quién pagaría el alquiler?, se pregunta.

Su primer celular con cámara lo compró con el dinero que ganó con su trabajo al frente de una de las tiendas de campaña de donaciones que la ONG Team Brownsville situó en un campo de refugiados de Matamoros (Tamaulipas), en el norte de México. Con él, vio una oportunidad de contarle al mundo lo que sucedía en ese campamento a las puertas de Estados Unidos que, antes de la crisis del coronavirus, llegó a tener cerca de 2.000 personas. Y con el que el presidente Joe Biden se ha propuesto acabar en los próximos días.

Como Josué, muchos de los migrantes del campamento habían llegado a Estados Unidos para pedir protección, pero fueron devueltos a México por los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por su sigla en inglés), un programa implementado por la Administración de Donald Trump por el que envió al país vecino a más de 71.000 solicitantes de asilo a esperar su oportunidad ante un juez. Él, su esposa Yamaly Flores y los tres hijos de ambos, que ahora tienen 15, 10 y ocho años, fueron de los primeros en ser devueltos a Matamoros por ese programa en agosto de 2019. Y ahí llegó la espera, la incertidumbre y una situación a que, pese a las carencias que vivían en su país de origen, nunca antes habían enfrentado. Sin dinero, sucios después de pasar varios días bajo custodia de las autoridades estadounidenses sin bañarse, y desvelados, decidieron unirse a un grupo de migrantes que acampaba al lado del puente fronterizo.

“No existían carpas, baños, comida, agua potable...”, recuerda Josué. “Al varón y las dos niñas los metíamos debajo de una banca de metal. Estuvimos dos semanas durmiendo en el puro cemento”. Lo de dormir es un decir porque los padres apenas pegaban ojo, preocupados por la seguridad de sus hijos al pasar la noche a la intemperie en un Estado, Tamaulipas, al que el Departamento de Estado de EE UU recomienda no viajar por considerar que tiene el más alto nivel de riesgo, a la par de países como Siria.

“Después, en septiembre, empezaron a venir las ayudas [de ONGs] americanas: comida, agua, carpas, ropa, zapatos... y el campamento seguía creciendo con familias de MPP”, relata el migrante. Organizaciones de ambos lados de la frontera también llevaron baños portátiles, aparatos purificadores de agua e instalaron las tiendas de donaciones. Con ellas llegó el trabajo y el celular de Josué, con el que empezó a grabar sus denuncias.

Sus imágenes y narraciones, que mandaba a periodistas y a organizaciones civiles de uno y otro lado de la frontera, eran una forma de protesta. Quería mostrar cómo, a solo unos metros de EE UU, se violaban los derechos de familias como la suya. “Desde que regresamos, yo pude ver mucho racismo, mucha injusticia”, afirma. Si llovía o llegaba una ola de frío, Josué estaba con su teléfono mostrando lo que tenían que hacer los migrantes para protegerse del agua o las bajas temperaturas en sus carpas, si había algún cambio en las políticas de migración, salía a reportar lo que había pasado e incluso entrevistaba a otros migrantes para obtener reacciones.

Sus vídeos se convirtieron en una ventana al mundo de cómo, en medio de todas las adversidades, la vida se abría camino entre los migrantes que llevaban meses varados, como una forma de resistencia frente a los mensajes que llegaban de Washington que tildaban a las familias centroamericanas de “hordas de criminales”. Una de sus grabaciones, por ejemplo, es la del parto de Consuelo, una guatemalteca que dio a luz a su hija Andrea en el suelo de tierra del campamento, asistida por otras mujeres. Como migrante, Josué llegaba donde los periodistas no podían llegar, especialmente cuando, con la pandemia, el Instituto Nacional de Migración de México, a cargo del campamento, cercó el asentamiento con vallas y alambres de púas.

Ya por entonces Josué se había dado cuenta de que, si sus historias se conocían, sería más fácil cambiar la situación de los migrantes. “Pude ver que, cuando venían reporteros, había muchos cambios en el campamento. [Las autoridades] venían a asear de mañana, andaban muy activos. Parecía que las cosas estaban bien, pero no era así”, afirma. “Esa era la única arma para defendernos, los vídeos”.

De los 18 meses que ha estado en Tamaulipas, dice que lo más duro ha sido la sensación de inseguridad en un campamento, donde, aunque nadie se atreve a decirlo en alto, todos saben que La Maña, el grupo criminal que controla esta zona de Matamoros, campa a sus anchas. “Nunca he tenido yo una noche de descanso a pesar de que estoy viviendo en una carpa y que puedo ver estas vallas. No he tenido una noche de descanso tranquila”, le dijo Josué a EL PAÍS el pasado miércoles, el día en el que se hizo un censo a los migrantes del campamento —750— para implementar el plan de Biden de dejar pasar a todos los casos activos de MPP a Estados Unidos.

“Todavía no me ha tocado”, lamentaba Josué el viernes, dos días después del recuento. Al contrario que en días anteriores, en los que se mostraba sonriente y feliz por saber que el final estaba cerca, estaba nervioso y desesperado al ver que todos los vecinos de su zona del campamento, donde vivían los que llevaban más tiempo, ya habían cruzado a EE UU y a su familia no le decían nada. Pocas horas después, lanzó un nuevo vídeo grabado delante de la carpa que ha sido su casa en el último año y medio: “¡Nos acaban de dar la noticia de que mañana nos vamos la familia Cornejo Flores. Mañana salimos!”. En la grabación, todos tienen una sonrisa de oreja a oreja, salvo la mayor de las niñas, Génesis, que llora de emoción.

Este sábado, los cinco cruzaron el puente internacional que une Matamoros con Brownsville (Texas), donde fueron recibidos con aplausos por las organizaciones que los han acompañado en el limbo mexicano. Su admisión a Estados Unidos no significa que su caso de asilo haya sido aprobado. Significa, simplemente, que tendrán derecho a lucharlo en condiciones más dignas. Que sus hijos regresarán a la escuela después de casi dos años sin una educación formal y que, por fin, podrán descansar bajo un techo y dormir tranquilos.

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