Nuevas normas laborales y la amenaza arancelaria, los riesgos que enfrenta México con el T-MEC

Las esperanzas del Gobierno mexicano para salvar la economía están puestas en el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio y es el motivo principal de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Pero el beneficio económico esperado, en medio de una crisis sin precedentes detonada por el coronavirus, no se dará sin antes sufrir una adaptación dolorosa. Hay dos puntos del nuevo acuerdo que tienen en alerta a la Administración. Primero, cumplir con las nuevas reglas laborales, las cuales ponen en aprietos a poderosos sindicatos. Y segundo, la espada de Damocles que supone el artículo 232, que permite a Estados Unidos decretar, de manera prácticamente inmediata, aranceles a aquellas importaciones que el presidente considere una amenaza a la seguridad nacional.

Durante los casi tres años de negociaciones del T-MEC, que reemplazó al NAFTA (TLC, en español), sindicatos y legisladores de EE UU presionaron a México para que aceptara una mayor supervisión de las fábricas mexicanas y así asegurarse de que el país cumpliera con las condiciones de trabajo acordadas: jornadas de trabajo no mayores a las ocho horas y la eliminación del trabajo forzado y del infantil. Se aprobó la presencia de inspectores que reportarán a EE UU para asegurarse del cumplimiento por parte de México.

“El más complejo es el tema de los niños trabajando”, dice Carlos Salazar, presidente de la patronal mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Algunas compañías norteamericanas han hecho el argumento de que se permite trabajar a los niños sobre todo en el sector agrícola. Uno de los sectores que siempre han sido cuestionados, por ejemplo, es el sector de los cañeros”. “Esas compañías han tomado todas las medidas necesarias para evitar que un niño o joven trabaje en los campos agrícolas”, agrega Salazar. Esto implica un roce cultural en un país en el que, tradicionalmente, las familias que se dedican a la agricultura están acostumbradas a que laboren también los hijos pequeños.

Juan Carlos Baker, quien, como subsecretario de Comercio Exterior en el gobierno anterior, formó parte del equipo de negociación del nuevo tratado, asegura que los cambios laborales más fuertes vendrán con las obligaciones que ahora tendrán los sindicatos. “Un objetivo muy importante del T-MEC es garantizar que los contratos colectivos de trabajo sean verdaderamente representativos de los sindicatos y eso será un gran tema en este país”, dice Baker.

Para lograrlo, las elecciones de los líderes sindicales deberán ser autónomas e independientes, sin injerencia patronal alguna. Las centrales obreras son organizaciones muy poderosas en México y dos de ellas, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) interpusieron ya amparos en contra de la reforma laboral aprobada el año pasado por el legislativo mexicano para cumplir con el T-MEC. Será la Corte Suprema de Justicia quien falle a favor o en contra de estos amparos.

Anteriormente, en México, los líderes sindicales podían tomar dinero de la organización a discreción, lo cual estaba permitido bajo los estatutos de los sindicatos, argumenta el profesor e investigador en economía del Colegio de México José Antonio Romero. “Ahora, con la nueva ley, esto está sujeto a revisión y a ser auditado”, asegura. ”Le conviene al gobierno federal no tener a esos sindicatos tan poderosos y tan perniciosos. Eso le cayó muy bien al Gobierno mexicano, aunque se hizo porque los americanos no quieren que haya dumping social, el empleo informal y precario que ahora es del 60% en México y es difícil para los americanos competir con ese tipo de salarios. Ellos van a estar tratando de que, cuando vean que se está produciendo con normas que no cumplen con los mínimos que ellos no consideren son los adecuados van a establecer demandas”.

Por su parte, el CCE, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, analizan en conjunto cómo prevenir que cualquier sospecha de violación de los términos termine en un procedimiento legal, dice Salazar.

El segundo riesgo es la latente amenaza de que el presidente de EE UU, Donald Trump, decrete como una amenaza a la seguridad nacional, sin un criterio definido precisamente, ciertas exportaciones mexicanas e imponga aranceles que hagan prohibitiva su exportación. “El reglamento número 232 para nosotros es famoso, porque lo han aplicado varias veces”, cuenta Salazar. “Es tan amplio el criterio y tan poco definido que cualquiera puede definir que es contra la seguridad nacional la importación de cualquier cosa. Siempre ha sido nuestro argumento que no tenemos por qué afectar la seguridad nacional”.

En junio de 2019, Trump reviró en contra de Canadá y de México, y amenazó con imponer aranceles a dos de sus exportaciones principales, el aluminio y el acero, respectivamente. Antes de la llegada de Trump al poder, en los años 90, EE UU hizo uso de esta regla para imponer aranceles a las importaciones de autos japoneses, incentivando así que las empresas del país nipón establecieran sus fábricas en EE UU.

El T-MEC es, a pesar de los riesgos, una buena oportunidad para que México crezca como país maquilador y exportador, opina Salazar. “Tenemos que ver los hechos tales como son”, dice Salazar. “Nosotros no hubiéramos querido un cambio de tratado pero, viendo las circunstancias y recordando que hace cuatro años el presiente Trump calificó, en uno de sus primeros actos como Ejecutivo, al TLC como el peor contrato y convenio que EEUU había firmado en su historia, el nuevo acuerdo es positivo”.