Una hija de padres divorciados, obligada a elegir entre sus progenitores por las restricciones en Madrid

Los padres de Carmen L., de 12 años, se divorciaron hace 10. Al cabo de un tiempo, su padre se mudó a Valdemarín, un barrio en el norte de la ciudad, sin imaginar que algún día existiría una frontera invisible que dividiría Madrid en dos. “Le dije a Carmen que se fuera a vivir con su padre mientras esto pasaba, y así podía salir y disfrutar del otoño, pero ella dijo que se quería quedar en el barrio, así tuviera que estar confinada”, afirma su madre, Vanessa L.

Madrid ha restringido la entrada y salida en 45 áreas sanitarias, lo que ha supuesto limitar los movimientos de, aproximadamente, cerca de 1.000.000 personas. Una de ellas es el barrio de Orcasur, que tiene uno de los porcentajes de contagios más altos de la región, con más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

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La familia de Carmen se siente en mitad de un déjà vu. En marzo, cuando se declaró el estado de alarma, las restricciones de movilidad ya les obligaron a cambiar el sistema de custodia compartida que habían pactado. Bajo este régimen, usualmente Carmen pasaba toda la semana con su madre, Vanessa L, y los sábados, domingos y lunes con su padre. “Con el miedo al contagio, decidimos que lo mejor es que pasara 15 días en cada casa”, afirma Vanessa L, de 41 años. Ahora no saben cómo se van a organizar porque nadie les puede decir cuánto pueden durar estas nuevas medidas de confinamiento, con lo que han puesto sobre la mesa una solución de emergencia: que su hija deje de ver a alguno de los dos durante algún tiempo.

Entre Valdemarín y Orcasur hay 16 kilómetros, unos 20 minutos en coche. “Con los controles de policía hemos tardado hasta una hora en llegar de un sitio a otro”, afirma Vanessa. A esto se le suma que Carmen acaba de entrar a estudiar a un colegio en el centro de Madrid, por lo que se tiene que desplazar en transporte público todos los días hasta el instituto: más riesgo aún de contagio. “Me da miedo que vaya sola, y con las nuevas restricciones alguien la pare en la calle”, afirma. Esta preocupación de su madre no la entiende Carmen, que, recién entrada en la adolescencia, se siente ya lo suficientemente mayor como para ir sola al colegio.

Los padres de Carmen, en cambio, tienen en cuenta también otros factores. Por ejemplo, les preocupa que alguien rechace o trate de estigmatizar a su hija por decir que vive en uno de los barrios del sur que están confinados. “Está calando un mensaje muy racista por culpa de los discursos sectarios de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, afirma Vanesa.

Este fin de semana, ella y su familia se sumaron a la concentración que hubo en Usera ante las nuevas medidas. “Sentí mucha preocupación porque la gente no entiende por qué nos han puesto estas fronteras”, afirma Vanesa, que explica que su farmacia, su peluquería y hasta su frutería quedan en una zona básica de salud diferente a donde vive, razón por la que no puede ir. “La gente del barrio tiene mucho miedo y están muy indignados porque las cifras de contagio son igual o peores en otros sitios donde no hay confinamiento, como Lavapiés”, denuncia.

“La situación que estamos viviendo ahora mismo entra en el marco legal, porque no hay estado de alarma. En marzo, que fue una situación muy crítica, se permitió una serie de excepciones para la movilidad, por ejemplo los progenitores se podían desplazar para el cuidado de menores. En este caso, pasa lo mismo, aunque alguno viva en un barrio con restricciones”, afirma la abogada de familia, Delia Rodríguez. “Las familias deben adaptarse como buenamente puedan a esta situación tan difícil, pero no es la mejor opción, pues supone un cambio de casa para el niño que no solo pone en peligro al menor, sino además a la abuela o el familiar que corresponda”, aconseja Rodríguez.

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