Polarización, fallos de seguridad y leyes favorables a las armas: el caldo de cultivo ideal para el atentado de Trump

Estados Unidos despertó este domingo aún frotándose los ojos con la irrealidad de las imágenes del atentado de la tarde anterior a Donald Trump, en un mitin en Butler, al noroeste de Pensilvania. También, con una batería de preguntas urgentes por responder.

¿Fueron los actos de Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años que hirió de levedad al expresidente y mató a una persona, consecuencia de la creciente polarización que alimenta desde ambos lados del espectro cada día la clase política de este país? ¿Qué falló en los protocolos de seguridad para que el tipo pudiera apuntar cómodamente desde la azotea de un edificio industrial situado a 150 metros del lugar en el que Trump estaba dirigiéndose a miles de sus seguidores? ¿Tardaron demasiado tiempo en actuar los servicios secretos y los agentes locales y estatales, a los que algunos testigos sostienen que avisaron durante minutos de la presencia del tirador? Y también: ¿unas leyes de control de armas más estrictas que las de Pensilvania habrían evitado un intento de magnicidio que resucitó los peores fantasmas de la historia de la violencia política en Estados Unidos?

El propio Trump trató el domingo por la mañana de responder en su provecho político a la primera de las preguntas con un mensaje en su red social, Truth, que decía: “En este momento, es más importante que nunca que permanezcamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y decididos y no permitiendo que el mal gane”. No deja de ser irónico que el autor de esas palabras sea el mismo que alimentó la gran mentira de que las elecciones de 2020 fueron un fraude y que Joe Biden ―que también llamó a la unidad― es un presidente ilegítimo. El mismo, también, que luego instigó a una turba de sus simpatizantes a que asaltaran el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Aquel episodio marcó un antes y un después en la polarización política que enfrenta desde hace años a las dos Américas y que se acentuó con la pandemia. Un Congreso completamente paralizado, víctima del enfrentamiento entre demócratas y republicanos, políticos ultras como Marjorie Taylor Greene abandonando el decoro para pasar a los ataques personales, y el discurso defectuoso que alientan las redes sociales son los ingredientes de un peligroso caldo de cultivo. La receta ideal para que cunda entre los estadounidenses la sensación de que viven más enfrentados que nunca en su historia reciente.

Son frecuentes los recuerdos en estos meses de un ciclo electoral especialmente convulso: el de 1968, año de los asesinatos de Robert Kennedy y Martin Luther King. Tal vez por eso, después de conocerse el atentado, la campaña de Biden anunció que detenía la emisión de anuncios electorales, que a menudo alimentan sin pudor la retórica del enfrentamiento. A las pocas horas, y tras un breve espejismo de conciliación, unos y otros volvieron a acusarse de instigar el ataque contra Trump con su retórica partidista.

Como reflejo de esa deriva, la teoría de que la amenaza de una segunda guerra civil podría estar incubándose ha hecho fortuna en ciertos círculos académicos, y también en las salas de cine: Civil War, una de las películas que más ha dado que hablar este año, imagina un país sumido en una contienda fratricida. Episodios como el ataque a martillazos en 2022 a Paul Pelosi, marido de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, y el ascenso de milicias extremistas con miembros fuertemente armados, atiborrados de teorías de la conspiración y abonados al supremacismo blanco, así como la alarma en el FBI ante un creciente número de actos del denominado “terrorismo doméstico” completan el retrato de una sociedad en tensión.

Una encuesta publicada el mes pasado y llevada a cabo por el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago Robert Pape concluyó que el 7% de los encuestados apoyaría el uso de la fuerza para devolver a Trump a la Casa Blanca, y que uno de cada 10 vería con buenos ojos ese recurso a la violencia para todo lo contrario: evitar que el republicano vuelva a ser presidente. De esos, un tercio respondió afirmativamente a la pregunta de si poseía un arma.

Aunque eso no debería sorprender a nadie: se calcula que los estadounidenses (unos 333 millones, según el último censo) atesoran un arsenal que los supera holgadamente en número: unos 393 millones de armas en total. Su uso está consagrado por la Segunda Enmienda de la Constitución y por un Tribunal Supremo de tendencia superconservadora que una y otra vez renueva su compromiso con ese derecho.

El caso de Pensilvania

Pensilvania se cuenta entre los Estados con leyes permisivas con el uso de armas. Crooks disparó al expresidente con un AR-15, un rifle semiautomático que suele concursar en la mayoría de los tiroteos masivos que asuelan un país aquejado de una auténtica epidemia de violencia armada. Lo había comprado su padre hace cinco meses, pero podría haberlo hecho él mismo: en Pensilvania basta con tener 18 años para adquirir un arma de ese tipo, capaz de disparar centenares de balas en pocos segundos (para comprar una pistola se requiere paradójicamente haber cumplido los 21, edad en la que se permite el consumo de alcohol). El AR-15 es un rifle patentado en los años cincuenta con fines militares que con las décadas se ha convertido desgraciadamente en un icono indispensable para descifrar los misterios de la vida americana.

En Pensilvania, Estado decisivo en las elecciones presidenciales de noviembre, no hay límite para el número de armas que está permitido tener y no se precisa capacitación alguna para hacerse con una. Además, es legal, salvo en Filadelfia, su ciudad más poblada, ir con ellas a la vista de todo el mundo: en el cinto, por ejemplo, o, en el caso de un rifle como el empleado por Crooks, colgado del hombro.

El coto a la posesión de ese tipo de armas de asalto de gran capacidad es uno de los viejos caballos de batalla de Biden, que cuando era senador sacó adelante en 1994 una ley que las prohibía. Esa ley estuvo en vigor durante más de tres décadas hasta que el Congreso dejó pasar la oportunidad de renovar su vigencia. Cada vez que se produce una de las muchas tragedias armadas que sacuden al país, se dejan oír las voces que piden un acuerdo entre ambos partidos para hacer algo al respecto. Pero al final, nunca pasa nada. La pregunta ahora es si los simpatizantes de Trump, que suelen serlo también de no poner límites a la Segunda Enmienda, cambiarán de idea. Y la respuesta es que ese escenario es altamente improbable.

Sobre los fallos de seguridad, cualquiera que haya asistido a un mitin de Trump sabe que son eventos extremadamente protegidos: hay arcos para la detección de metales, del estilo de los de los que uno pasa en los aeropuertos, y los francotiradores del Servicio Secreto no pierden detalle desde las azoteas cercanas de todo lo que sucede ahí abajo, entre los asistentes, que suelen contarse por miles.

¿Cómo pudo entonces Crooks subirse al lugar desde el que apuntó al expresidente? Falta aún información para saberlo, aunque el domingo cundió la idea de que la investigación que se avecina dejará en mal lugar a los encargados de la logística y la seguridad del evento. De momento, el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de Washington ya ha anunciado que estudiaría el intento de asesinato del expresidente y solicitó a Kimberly A. Cheatle, directora del Servicio Secreto, que acuda a testificar el 22 de julio en el Capitolio.

También arreciaron con el paso de las horas las dudas sobre si los agentes desoyeron las advertencias de los asistentes al mitin. Según contó uno de ellos a la BBC, avisaron sin éxito de que un sospechoso armado estaba apostado en un edificio cercano. Por fortuna, Crooks resultó ser un tirador con mala puntería.

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