La cuenta pendiente de EE UU con los inmigrantes

En la bodega donde trabaja Bilda Parada hay chiles poblanos que se piden por kilo y en español. Bilda lleva 12 de sus 37 años en Estados Unidos trabajando en el barrio latino de Columbia Heights, en Washington, desde que dejó El Salvador por lo mismo que la mayoría de sus compatriotas: la violencia y la pobreza. Paga impuestos, pero no puede votar. Es una de los casi 11 millones de inmigrantes irregulares en Estados Unidos, la mitad son mexicanos y el siguiente grupo de latinoamericanos en esa estadística son los salvadoreños (un 3%), como ella. Se sonroja al decirlo, pero ese limbo en el que vive hace años se ha vuelto un puerto seguro y la única certeza que tiene sobre su futuro la repite como un mantra: “los latinos somos los que sacamos a este país adelante”.

La Casa Blanca está a 13 minutos en bicicleta, en línea recta del negocio de alimentación, pero Bilda dice que desde allí nunca ha salido un mensaje que le dé esperanza. Ni con Barack Obama, ni con Donald Trump. Ahora, también está escéptica con Joe Biden. El demócrata ha propuesto impulsar la reforma para que los inmigrantes que no tienen documentos sean ciudadanos. Su idea retoma la que Barack Obama planteó en 2008 cuando buscó ser elegido presidente. El proyecto de ley en el Congreso nunca se concretó. “Nos equivocamos”, ha reconocido Biden que también ha subido la barra y ha prometido la regularización de los dreamers, jóvenes que llegaron siendo niños a EE UU. Cuando Bilda escucha la propuesta del demócrata sonríe. “Sería magnífico... pero no puedo votar”, insiste.

Aceptar a 11 millones de personas como ciudadanos estadounidenses supondría la reconfiguración de decenas de cuestiones relacionadas con el Gobierno, como el número de congresistas que se eligen en cada Estado, los presupuestos y la distribución de los votos electorales. Donald Trump ha optado por ignorar el tema lo máximo posible durante la campaña y su Administración se ha dedicado a endurecer las medidas tanto como le ha sido posible, en las vías oficiales –con el aumento en las restricciones para los visados– y también en el fortalecimiento de la vigilancia migratoria. Nada más llegar a la Casa Blanca en 2017, Trump ordenó la contratación de 15.000 agentes para la policía de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés). Las redadas de ICE en algunas ciudades se volvieron implacables.

“No existe la política para los latinos. Hay para los negros y para los chinos. Para nosotros nada”, dice Kennedy Bautista, un dominicano de 25 años. Él ya es ciudadano estadounidense pero está valorando si se acerca a las urnas o no. De los 62 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, solo la mitad tienen derecho al voto y, según estimaciones del Centro Pew, apenas unos 15 millones llegarán a las urnas. El interés por la política migratoria ha ido cediendo con los años y se encuentra en un punto muerto, pero el mismo centro de investigaciones demográficas ha medido la aceptación de una propuesta como la de Biden entre la población: un 75% de los estadounidenses reconoce que los inmigrantes irregulares podrían quedarse en Estados Unidos si cumplen con las condiciones para obtener la ciudadanía. Una paradoja es que en la ciudad de la política por excelencia en Estados Unidos, los barrios de inmigrantes se sientan excluidos del incipiente debate inmigratorio. “¿Votar? Yo no creo en esa mielda”, dice un amigo de Bautista al acercarse a escuchar la conversación.

Las imágenes de los centros de detención en el sur de Estados Unidos en 2018 mostraban a cientos de niños que habían sido separados de sus padres al llegar a la frontera, la mayoría centroamericanos. La política “cero tolerancia” de Trump dio paso a que la policía inmigratoria tratara a los adultos como criminales para llevarlos a los centros penitenciarios, mientras los menores eran llevados a hogares de acogida y centros de detención. Unos 2.800 niños fueron separados y, dos años después, 545 de ellos siguen sin encontrar a sus familias, a pesar de que la política de Trump fue suspendida, según ha denunciado la Unión Estadounidense por los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). El caso ha servido como uno de los argumentos de ataque entre los candidatos a la presidencia y también para que Biden plantee una propuesta: la reunión de las familias en el día uno de su presidencia.

Biden ha llamado “inmoral” y “criminal” a Trump por dejar en jaulas a los menores en los centros de detención, mientras que el presidente republicano se ha defendido con el historial de la Administración de Obama: “Ellos las hicieron. Nosotros cambiamos la política migratoria y ellos construyeron las jaulas. Nosotros no construimos las jaulas”. Durante el Gobierno de Barack Obama, unos tres millones de personas fueron deportadas de Estados Unidos y los centros de detención cerca de la frontera se construyeron para resguardar a los menores centroamericanos que llegaban sin compañía. La reforma migratoria de Obama nunca se materializó aunque abrió un pequeñísimo resquicio con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), para los jóvenes sin documentos que llegaron con sus padres. Una iniciativa a la que Trump ha amenazado con eliminar y a la que 700.000 jóvenes se han acogido.

“El vicepresidente Biden no es Obama”, defiende Nathalie Rayes, presidenta de Latino Victory Fund, una organización dedicada a impulsar a latinos en la política. “Biden sabe que la comunidad latina es importante para este país y que sin inmigrantes Estados Unidos no puede funcionar, también sabe que no podemos seguir separando a las familias”, añade. Para Rayes, la posibilidad de que una reforma migratoria supere todos los obstáculos en el Congreso es cada vez más real. “Este tema trasciende a los latinos, es un asunto que nos involucra a todos”.

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