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Alsacia enciende el debate sobre la descentralización de Francia

La zona fronteriza quiere recuperar el estatus de región y un estatuto especial que le otorgue más competencias en un un país todavía jacobino

La localidad de Riquewihr, en Alsacia, en una imagen de 2018.Peter Watson (Loop/Universal/Getty)

Nicolas Ruhlman levanta la copa y apura el último sorbo de Riesling, una variedad con reminiscencias cítricas que funciona también como bálsamo para cualquier diferencia ideológica. Apoyado en la barra de La vieille tour, el restaurante que regenta en Sélestat, en el Bajo Rin alsaciano, un paraje rodeado de viñedos, resume así la cuestión. “Somos distintos. Nuestra cultura y nuestra historia son otras. Y por eso es bueno que podamos gestionar nuestro territorio. ¿No le parece?”, interroga al periodista, algo abrumado por su envergadura. Luego añade. “Esa ley es buena, pero no es nada comparado con lo que tienen ustedes en España. Eso si es un ejemplo de respeto a sus regiones”, proclama con envidia.

La Asamblea Nacional francesa aprobó el pasado 8 de abril un proyecto de ley para volver a convertir a Alsacia en una región y separarla de Lorena y Champaña-Ardenas, integradas desde la reforma de 2015 en el Grand Est. La iniciativa, propuesta por Brigitte Kinkert, diputada del partido centrista Renaissance, que preside el ex primer ministro Gabriel Attal, busca dotar a Alsacia de un estatuto particular para recuperar competencias. De paso, dar respuesta a determinados impulsos identitarios.

“Alsacia tiene una historia y una geografía, unas especificidades. Y la idea es responder a la voluntad de los alsacianos, que llevan años pidiéndolo en consultas y sondeos. Alrededor del 80% expresan ese deseo y son favorables a tener una región propia en coherencia con el proceso que comenzó en 2019 cuando se fusionaron las dos provincias. Entonces se obtuvieron competencias suplementarias del Estado y la región: las autopistas nacionales, el bilingüismo y la cooperación transfronteriza”, afirma Kinkert.

La reivindicación de Alsacia (1.919.745 habitantes) asusta a los defensores del viejo estado centralista, que ven en el texto la puerta de entrada a conflictos secesionistas. Por eso Kinkert asegura que no pretenden “abrir la caja de pandora ni poner en cuestión la arquitectura de todo el país”, pero es una etapa más en un largo proceso de algunas regiones para gozar de mayor autonomía.

La visión jacobina del estado, la idea de un poder omnímodo y centralizado que distribuye la riqueza con desconfianza hacia la periferia, se impuso en la Revolución Francesa y nunca más ha desaparecido. Tiempos de guerra, tiempos de unidad. El economista Jean-Philippe Atzenhoffer, autor de Despertad a Alsacia (La nuée bleue, 2026), ha calculado que la región alsaciana ahorraría unos 100 millones de euros anuales, pero también sería más eficiente en todas las cuestiones transfronterizas que marcan la vida de una zona que linda con Suiza y Alemania.

“Pero el Estado ha hecho lo contrario. La reforma para unificar las regiones de 2015 y crear solo 13 grandes áreas respondía a un proceso recentralizador. Eliminaron competencias, rebajaron la economía fiscal con el pretexto de ahorrar, cuando en otros países la dirección es la contraria. Por eso el tema alsaciano no es solo una cuestión regional. Ojalá sea el punto de partida de una reforma global en Francia. Un buen laboratorio para ver cómo funciona e ir ampliando las competencias”, apunta Atzenhoffer mientras da cuenta de una pinta y una flammkuchen (una suerte de pizza típica alsaciana) en una cervercería del centro de Estrasburgo.

La cuestión es delicada. La proposición de ley aprobada en la Asamblea Nacional, que todavía debe pasar por el Senado, tuvo que renunciar a su primer artículo porque extendía la posibilidad de aplicación a otras regiones. “Lo hicimos para que se pudiera aprobar”, recuerda Kinkert. Pero el deseo de descentralización crece en Francia.

En 2012, solo la mitad de los franceses consideraban que las regiones carecían de poder, según un estudio del Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP) del año pasado. Hoy, en cambio, el 68% comparte esta opinión. Este deseo de descentralización atraviesa todas las categorías sociales y políticas, con niveles especialmente altos entre las personas mayores (73%), en las zonas rurales (75%) y entre los votantes de Marine Le Pen (79%). Además, se acompaña de un interés creciente por el federalismo: el 71% está a favor, una proporción impensable hace apenas unas décadas, especialmente en Alsacia (86%), Bretaña (78%) y Córcega (76%).

Historia y cultura

El estudio revela también el rechazo al mapa de las regiones diseñado en 2015 por Hollande. El 68% de los franceses desea una reforma que tenga en cuenta las especificidades históricas y culturales. En los territorios “maltratados” por esta reforma, el rechazo es masivo: 84% en Alsacia y 72% en Bretaña. Alsacia, de hecho, encarna esta revuelta, con un 80% de sus habitantes reclamando salir del Grand Est, frente al 68% en 2019. En Córcega, tres cuartas partes de la población apoyan el proyecto de ley de autonomía, una cifra que asciende al 87% entre los jóvenes.

La cuestión identitaria, más allá del folclore y el universo del choucroute y la cerveza con el que caricaturizan los opositores a los movimientos regionalistas, nunca se expresó de la misma manera en Alsacia que en otros lugares como Cerdeña. Hoy solo habla alsaciano alrededor del 45% de la sociedad, especialmente en los pueblos. A diferencia de Córcega, Bretaña o el País Vasco francés, no hay posibilidad de aprenderlo oficialmente. Además, la independencia de la región nunca ha estado en cuestión.

El regionalismo empezó después de 1870, cuando Alsacia pasó a manos de Alemania después de la guerra franco-prusiana perdida por Napoleón III. Entonces se acuñó un famoso dicho: “Alemán no quiero, francés no puedo, alsaciano soy”. Cuando la región volvió a ser francesa en 1918, los alsacianos se sintieron maltratados por una Francia centralista y asimiladora que no respetaba sus diferencias.

En aquella época, el francés, impuesto en la escuela, rompía los vínculos entre hijos y padres, y la amenaza de aplicar la ley de separación entre Iglesia y Estado que regiría el resto del país resultaba chocante. “Muchos empezaron a decantarse por un lado u otro. Pero Alsacia tiene un sustrato lingüístico alemán con una base importante de protestantes. Hoy es un regionalismo muy moderado. Pero sigue generando miedo. Cuando las reivindicaciones crecen, muchos asocian todavía el movimiento al nazismo, a la ultraderecha”, lamenta Atzenhoffer.

La historiadora Marie-Claire Vitoux sigue desde hace años este fervor regionalista y los debates en los que nunca se ponen de acuerdo los historiadores. “La reforma de 2016 se vivió como una violencia y cristalizó un malestar legítimo”, recuerda”. “Pero hay que inscribir este asunto en una crisis democrática profunda respecto a esa idea de una estado tan centralizado. Desde 1792 se confundió la unidad con la uniformidad. Y eso fue responsabilidad de Napoleón, pero durará hasta el gaullismo. El prejuicio de que toda demanda de derecho regional es una demanda secesionista que debilitará la unidad nacional. Por eso hay algo que cambia ahora y que tiene algo de histórico”, apunta.

Vitoux, sin embargo, observa algunas tendencias radicales que se remontan mucho antes de la ley NOTRe (Nueva organización territorial de la República) de 2015, que dio lugar a una redistribución de las regiones al año siguiente. “Existe un movimiento regionalista que ha desarrollado una visión algo etnicizante de Alsacia, como si tuviera una cultura milenaria. Es lo que yo llamo una invención de la alsacianidad. Una parte de este movimiento coquetea con la extrema derecha. Pero la otra, tiene una reivindicación profundamente democrática y legítima”, apunta.

La inclinación ciudadana a favor de la descentralización crece en Francia. Pero la división política en el resto del país no ha disminuido. En una tribuna publicada en La Tribune Dimanche del 5 de abril, 10 presidentes de región, entre ellos el de Grand Est, Franck Leroy (derecha independiente), llamaron al Gobierno a “poner fin al recreo”, invocando “un error institucional, político e histórico” que atentaría contra “el interés superior de la nación y de la República”. El texto no fue firmado por los ejecutivos de las regiones de Normandía, Córcega o Bretaña, territorios con culturas locales muy marcadas. Pero mostró de forma clara la tensión que sigue generando este tema en París.

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