Un informe del Parlamento británico denuncia el “caótico” alojamiento de inmigrantes en hoteles

La comisión de Interior del Parlamento británico ha puesto negro sobre blanco, en un informe publicado este lunes, el despilfarro y la negligente gestión de la inmigración irregular que han supuesto los hoteles repartidos por todo el país para acoger a solicitantes de asilo. Las plazas contratadas para el periodo 2019-2029, según el texto, supondrán un gasto de 17.500 millones de euros (al cambio) para el erario público, más del triple de los poco más de 5.100 millones que se calcularon en un principio. El actual Gobierno laborista ha heredado un sistema diseñado (y descuidado) íntegramente de los 14 años previos en los que el Partido Conservador tuvo el poder, pero de poco sirve al primer ministro actual, Keir Starmer, culpar a sus antecesores. Cada vez son más las manifestaciones y enfrentamientos de la ultraderecha con la policía frente a unos establecimientos que se han convertido en el símbolo de la agitación ciudadana en torno a la inmigración irregular.

La chapuza del pasado viernes, cuando el Servicio de Prisiones liberó por error al inmigrante alojado en un hotel de la localidad de Epping (cerca de Londres), que había sido condenado por agresión sexual y provocó importantes disturbios con decenas de detenidos, ha añadido más leña al debate político. La oposición conservadora y el populismo de ultraderecha de Nigel Farage señalan al actual Ejecutivo laborista como la razón fundamental de un “Reino Unido roto”, en una mezcla de desmemoria y de cinismo. Farage ha construido toda su carrera política a base de inyectar en los ciudadanos el miedo xenófobo.

“El Ministerio del Interior ha pasado a tener una dependencia excesiva en el uso de hoteles para el alojamiento de solicitantes de asilo. Son establecimientos cada vez más impopulares entre los vecinos de la zona, y muy poco adecuados para ese propósito”, denuncia el informe de la comisión parlamentaria. “El ministerio ha sido negligente a la hora de gestionar el día a día de estos contratos, y ha fracasado a la hora de proteger el dinero del contribuyente. Dos de los proveedores deben al Gobierno varios millones de libras por beneficios excesivos”, añade. Se refiere a dos empresas: Mears, que tiene aún que devolver casi 16 millones de euros al ministerio; y Cleasprings, que adeuda casi 37 millones. El Gobierno aún no ha sido siquiera capaz de completar la auditoría necesaria para proceder a la reclamación.

En junio de este año, cerca de 103.000 personas llegadas al Reino Unido se alojaban en instalaciones proporcionadas por el Gobierno. Un 30% de ellos, poco más de 32.000, lo hacían en unos 210 hoteles localizados normalmente en las zonas o barrios más pobres de Inglaterra.

El origen del problema

La ley de Inmigración y Asilo de 1999 obligó a las autoridades locales británicas a asistir en el alojamiento y asistencia de todas aquellas personas que buscaban refugio político en el país. Con tensiones que fueron en aumento, el problema pudo resolverse de algún modo con la colaboración de administraciones, organizaciones humanitarias y entidades gestoras de vivienda pública.

A partir de 2012, la entonces ministra del Interior, Theresa May, se impuso como objetivo poner las cosas difíciles a los inmigrantes. El servicio de alojamiento de los solicitantes de asilo se privatizó, y un puñado de empresas comenzó a extraer beneficios a base de instalar en barrios deprimidos y viviendas en situación insalubre a esas personas.

“La pandemia de la covid-19, el dramático aumento del número de pequeñas embarcaciones [que cruzan el canal de la Mancha] y decisiones de gobiernos [conservadores] previos, como la de parar los procedimientos de concesión de asilo mientras impulsaban el plan de deportaciones a Ruanda, han forzado al Ministerio del Interior a tener que acomodar durante más tiempo a un mayor número de personas”, describe el informe parlamentario, que habla de un sistema “caótico, fracasado y caro”.

Esa presión migratoria llevó a las empresas contratadas para gestionar el alojamiento a recurrir a la solución de los hoteles. Si a finales de 2020, en plena pandemia, el número de personas que habitaba estos establecimientos era de poco más de 11.000, desde entonces se ha triplicado.

Starmer se ha comprometido a poner fin a este sistema para 2029, al final de su primer mandato. Los cada vez más recurrentes estallidos de violencia frente a los hoteles, jaleados por una ultraderecha que utiliza cualquier episodio presuntamente delictivo de alguno de los inmigrantes alojados (sea real o sea un bulo propagado por las redes) para agitar los ánimos de los vecinos, han llevado al Gobierno laborista a acelerar sus planes para dejar de usar estos establecimientos.

“El Gobierno está furioso por el número de inmigrantes ilegales que hay en este país y en los hoteles. Por eso vamos a cerrar todos esos establecimientos que alojan solicitantes de asilo”, ha respondido el Ministerio del Interior al informe de la comisión parlamentaria. “Ya hemos emprendido medidas para clausurar varios de ellos, con un ahorro cercano a los 1.000 millones de libras (unos 1.200 millones de euros), a la vez que estamos explorando el uso de bases militares o propiedades en desuso”.

La presidenta de la comisión parlamentaria ha puesto el dedo en la llaga, al señalar que esta crisis se ha gestionado siempre desde una visión política cortoplacista, más reactiva que estratégica, en la que “el Ministerio del Interior se ha encajonado a sí mismo al lanzar promesas imposibles de cumplir para apelar al sentimiento de los ciudadanos. No debería seguir ensayando este tipo de fracaso”, advierte.

El anterior Gobierno y conservador se empeñó, contra viento y marea, en impulsar el llamado “esquema de Ruanda”, que pretendía enviar a los recién llegados a ese país africano para que se tramitara allí su solicitud de asilo. Los tribunales derribaron una y otra vez esos planes, hasta el punto de que nunca llegó a salir rumbo a Kigali ni un solo inmigrante. Mientras, aumentaban las plazas en los hoteles, a un coste diario de 165 euros por inquilino.