La represión contra colaboradores del régimen de El Asad amenaza con extender la violencia sectaria en Siria

Siria bascula entre el viejo y el nuevo orden. El Gobierno provisional, formado por islamistas vinculados al grupo salafista Hayat Tahrir al Sham (HTS), aún no ha logrado extender su autoridad sobre todo el territorio, su hoja de ruta está plagada de incógnitas y, aunque el régimen de Bachar el Asad se desplomó rápidamente, la mayor parte de sus miembros y simpatizantes, así como altos cargos de las fuerzas de seguridad, siguen en el país y se niegan a entregar las armas. En el desconcierto y el caos de esta transición, sobre el trasfondo de un país destruido por años de guerras, matanzas y pobreza, se han desatado los actos de venganza o represalia, especialmente en las zonas rurales del centro de Siria, lo que ha aumentado el riesgo de enfrentamientos sectarios.

La asociación Red Siria de Derechos Humanos ha documentado 327 ejecuciones extrajudiciales de civiles desde el derrocamiento de Bachar el Asad, cometidos tanto por facciones armadas de la antigua oposición, como por milicias kurdas o antiguos miembros del régimen de El Asad, si bien en la inmensa mayoría de los casos no identifica la adscripción de los autores. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), solo en enero han muerto más de 220 personas en “operaciones de represalia y ejecuciones sumarias”, de las que dos tercios se han producido en pueblos de las provincias de Homs y Hama. Y febrero ha comenzado igualmente con violencia: en los cuatro primeros días, al menos 24 civiles murieron en dos atentados con coche bomba no reivindicados por ningún grupo en Manbij, en el norte de Siria, que se disputan milicias proturcas y kurdas.

El OSDH atribuye la mayoría de los asesinatos en Homs y Hama a “pistoleros y grupos” vinculados a los antiguos rebeldes que operan bajo el Departamento de Operaciones Militares ―el paraguas que integra las diferentes facciones que participaron en el derrocamiento de El Asad―, y afirma que están motivados por cuestiones sectarias y de afiliación política. “Aprovechando el caos, han llevado a cabo actos de represalia y arrestos aleatorios de decenas de personas, a las que han insultado y humillado. También han atacado símbolos religiosos en una clara violación de los valores humanos”, denuncia el organismo con sede en el Reino Unido y que posee una amplia red de colaboradores en Siria.

El incidente más grave se produjo la penúltima semana de enero en Maryamin (Homs) y varios pueblos de los alrededores en los que las fuerzas de seguridad del nuevo Gobierno, compuestas por antiguos rebeldes, buscaban a colaboradores del antiguo régimen. Al contrario que gran parte de los rebeldes ―suníes y, en muchos casos, islamistas―, estos pueblos en las faldas de la cordillera litoral siria son de religión alauí, una vertiente del chiísmo a la que pertenecen los Asad y cuyos miembros estaban sobrerrepresentados en las unidades militares del régimen. Según los medios locales, las fuerzas de seguridad rodearon Maryamin y entraron en ella disparando de forma indiscriminada, agredieron a los civiles, torturaron a los detenidos, robaron en las casas y profanaron símbolos religiosos.

El número de muertos en esta operación varía según las fuentes, pero se sitúa entre 20 y 35, incluyendo civiles. Tras examinar los nombres de los funerales que se llevaron a cabo los siguientes días, Charles Lister, experto en Siria, aseguró en la red social X que entre los ejecutados en Maryamin y la cercana Fahil había al menos 15 antiguos miembros del Ejército de El Asad, siete de ellos con grado de general, que supuestamente estuvieron implicados en matanzas en la provincia de Homs al inicio de la guerra civil siria. Lister llama la atención de que se ha encargado la seguridad de cada provincia a antiguos rebeldes originarios de esas mismas zonas, lo que aumenta el peligro de ajustes de cuentas.

En otras localidades, las fuerzas de seguridad fueron recibidas a tiros por colaboradores del antiguo régimen. Además de incautarse numerosas armas e incluso vehículos militares, en estas operaciones se arrestó a antiguos miembros de las fuerzas de seguridad. Entre los capturados está Imad Faisal Musa, un ciudadano libanés al que se acusa de haber participado en la masacre de Hula, en la que milicias progubernamentales asesinaron a sangre fría a 108 civiles, casi la mitad niños, en 2012. Asimismo, la cadena Syria TV informó este pasado viernes de que ha sido detenido Atef Najib, primo de El Asad y jefe de seguridad de la provincia de Deraa, que en 2011 ordenó la detención y tortura de 15 adolescentes que habían hecho una pintada contra el dictador, lo que sirvió de catalizador para el levantamiento contra el régimen.

“El objetivo de estas operaciones es genuino, en el sentido de que hay miembros leales al antiguo régimen que se niegan a entregar las armas”, explica por teléfono Orwa Ajjoub, académico sirio de la Universidad de Malmö (Suecia). “Lo que ocurre es que HTS nunca creyó que podría derrocar a El Asad tan fácilmente y no tiene unas fuerzas de seguridad capacitadas. Son en su mayoría personas recién reclutadas que han sido entrenadas solo brevemente. Y son combatientes que han sufrido agravios y, en cuya memoria, sitios como Hula están grabados a fuego”.

Tras varios días de caos, el nuevo gobernador de Homs, Abdurrahman al Aama, visitó Maryamin y se reunió con los vecinos, a los que prometió que los responsables de abusos “se enfrentarán a consecuencias legales”. De hecho, varios miembros de grupos rebeldes han sido detenidos. Pese a ello, un residente de la localidad citado por el medio Levant24 aseguró que la violenta represión sufrida en Maryamin ha creado “un clima de terror” frente a las nuevas autoridades.

“Los continuos asesinatos y represalias amenazan la seguridad de los civiles e incrementan la división entre los sirios, así que se deben adoptar medidas estrictas para poner fin a estas violaciones y obligar a los responsables a rendir cuentas”, exigió el OSDH.

En su discurso tras asumir oficialmente el cargo de presidente, el líder de HTS, Ahmed al Shara, afirmó que el primer objetivo de su mandato interino será “lograr la paz civil” a la vez que se persigue a “los criminales que tienen las manos manchadas de sangre y cometieron matanzas, estén escondidos dentro del país o hayan huido al extranjero”. Pero, recalcó, esto se debe hacer a través de mecanismos de “justicia transicional”.

El problema es que hay muy poca transparencia sobre cuáles son esos mecanismos o cómo van a funcionar. “Al Shara se mueve en una cuerda floja. Cuando su grupo HTS avanzaba hacia Damasco, llegó a acuerdos con diferentes unidades militares [del régimen de El Asad]. Acuerdos diferentes con cada una, cuyos detalles desconocemos. Básicamente, fue prometerles que si dejaban las armas no les matarían. El problema es que las bases de HTS, los combatientes, los desplazados, exigen rendición de cuentas a todos los implicados en la represión del régimen, pero no se puede juzgar a los cientos miles de personas que formaban parte de las fuerzas de seguridad y del Ejército de El Asad”, afirma Ajjoub. De ahí la importancia de iniciar, o cuando menos anunciar, los procesos de justicia transicional, porque la situación actual es muy “frágil” y “cualquier incidente podría desembocar en violencia sectaria”, añade el experto.