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Llega a Albania un barco militar italiano con 49 migrantes interceptados en alta mar

Es la tercera vez que el Gobierno de Meloni trata de deportar a centros de internamiento en territorio de su aliado europeo a personas rescatadas mientras viajaban a Italia. Los dos intentos anteriores fueron anulados por la justicia

Un migrante en el interior del barco italiano 'Cassiopea', este martes en el puerto albanés de Shengjin.
Un migrante en el interior del barco italiano 'Cassiopea', este martes en el puerto albanés de Shengjin.Florion Goga (REUTERS)

El buque Cassiopea de la Marina italiana llegó la mañana del martes al puerto albanés de Shengjin, con 49 migrantes a bordo que habían sido rescatados el fin de semana por las autoridades italianas en el Mediterráneo, al sur de la isla de Lampedusa. Los migrantes serán trasladados a los controvertidos centros para solicitantes de asilo creados por el gobierno italiano en Albania. Todos son hombres, procedentes en su mayoría de Bangladés y también de Egipto, Costa de Marfil y Gambia, específicamente seleccionados para el controvertido programa antiinmigración de Giorgia Meloni.

Tanto a bordo del barco militar, como una vez llegados a los centros, los migrantes serán identificados y sometidos a exámenes médicos para establecer sus condiciones. Si se encuentren en situación de vulnerabilidad deberán regresar a Italia de inmediato. Después podrán presentar su solicitud de asilo.

Este es el tercer intento del Ejecutivo italiano de poner en marcha los polémicos centros en Albania, que se abrieron el pasado octubre, para deportar a inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. En esta ocasión, Italia ha enviado a más personas que las dos anteriores, ya que en octubre se trasladó a 16 migrantes y a ocho en noviembre. Todos volvieron a Italia prácticamente al día siguiente de llegar, con los gastos que ello conlleva, ya que los tribunales no validaron la detención de los migrantes en estos centros. Después del segundo varapalo de la justicia, las instalaciones italianas en suelo albanés se cerraron y los funcionarios, que se habían presentado voluntarios para trabajar en Albania, con algunos incentivos, fueron enviados a casa.

Se espera que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) resuelva en febrero el choque de criterios entre el Ejecutivo italiano y los jueces. Pero Meloni no ha querido esperar hasta entonces y ha vuelto a poner en marcha este proyecto ampliamente discutido, excesivamente costoso —la prensa italiana calcula que el gasto por cada migrante supera los 85.000 euros, frente a los 35 euros en Italia— pero con un potente efecto propagandístico.

El proyecto de Giorgia Meloni para deportar a migrantes desde Albania, que ya arrancó con muchas dudas sobre su legalidad, ha derivado en un choque entre la magistratura y el Ejecutivo. En diciembre, el Gobierno italiano consiguió que se retirara la competencia sobre estos casos de inmigración a los jueces de primera instancia especializados en inmigración y se confiara a los tribunales de apelación. Esta decisión provocó numerosas protestas en la judicatura, que además se quejaba de que este cambio ralentizaría mucho el trabajo de los juzgados de segunda instancia.

Giuseppe Meliadò, presidente del Tribunal de Apelación de Roma, encargado de decidir ahora en el caso de los centros de Albania, ha decidido emplear temporalmente a los magistrados del tribunal de primera instancia, incluidos los mismos especialistas en inmigración que no habían validado las deportaciones las ocasiones anteriores y a los que el Gobierno quería evitar.

Los requisitos

La idea del Ejecutivo italiano es deportar, como si fueran retenidos en frontera, a personas a las que se presume que, por sus características, se va a rechazar la petición de asilo. Los 49 migrantes han sido seleccionados por las autoridades por cumplir aparentemente los requisitos de la norma: ser hombres, adultos, en buenas condiciones físicas, no vulnerables y proceder de uno de los países que el Gobierno considera seguros.

Precisamente, la batalla legal ha surgido en la catalogación de lo que puede considerarse un país seguro. El Gobierno ha elaborado una lista de 19 naciones “seguras” cuestionada por los jueces italianos, que han remitido el caso a la justicia europea. El TJUE, en una de sus sentencias, señaló que si en un país hay una zona o un grupo de población que sufre violaciones de derechos humanos, todo el país debe considerarse no seguro. Por eso, los jueces rechazaron la deportación de ciudadanos de Bangladés y Egipto en las dos ocasiones anteriores.

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