Hong Kong condena a 45 opositores a favor de la democracia con penas de hasta 10 años

La justicia de Hong Kong ha condenado este martes a 45 opositores a penas de entre 4 y 10 años en lo que supone el último episodio de un macroproceso que será recordado por marcar el punto de inflexión entre el final de una época y el principio de otra en la región autónoma de China. Los sentenciados son un grupo heterogéneo de políticos, académicos, periodistas y activistas detenidos en 2021 como sospechosos de subversión bajo el articulado de la Ley de Seguridad Nacional aprobada por Pekín en 2020 para poner fin a las revueltas prodemocráticas que sacudieron el territorio. El ex jurista Benny Tai Yiu-ting, de 60 años, promotor de las elecciones primarias informales celebradas en 2020, ha recibido la pena más alta: 10 años de cárcel como “principal responsable” y “cerebro” de una trama cuya intención era conspirar para subvertir el poder del Estado, según la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de la Corte Superior de Hong Kong.

Los otros 44 acusados, en su mayoría candidatos a esas elecciones primarias no oficiales, han recibido penas de entre cuatro años y dos meses y siete años y nueve meses de cárcel. En el caso de Tai, la condena iba a ser inicialmente de 15 años, pero se le ha rebajado en un tercio por declararse culpable a tiempo. Este antiguo profesor de Derecho en la Universidad de Hong Kong, que también se contó entre los ideólogos de las movilizaciones que dieron pie a la llamada protesta de los paraguas de 2014, “no solo fue el iniciador de la trama, sino también un organizador de las elecciones primarias”, argumentan los tres magistrados en una sentencia de 82 páginas recogida por el diario hongkonés South China Morning Post.

Joshua Wong, de 28 años, conocido internacionalmente como el rostro de las protestas estudiantiles, y tachado de “extremista” y “secesionista” por los medios estatales chinos, ha recibido una condena de cuatro años y ocho meses.

“Los malvados morirán”

Decenas de personas con paraguas se han acercado este martes a primera hora a las dependencias judiciales, protegidas bajo un fuerte dispositivo judicial, para tratar de presenciar la audiencia. Tras la sentencia, Elsa, la madre adoptiva de Hendrick Lui, uno de los condenados, ha sido detenida por agentes uniformados cuando ha desplegado un cartel en el que se podía leer: “Los justos vivirán; los malvados morirán”, según ha informado Hong Kong Democracy Council, una organización de apoyo al movimiento,

En la madrugada del 6 de enero de 2021, 55 políticos y activistas opositores fueron detenidos por su relación con aquella convocatoria de elecciones no oficial, en la que se emitieron unos 600.000 votos (en un territorio de 7,3 millones de habitantes). Los convocantes buscaban lanzar candidaturas unificadas de cara a los comicios legislativos que Hong Kong debía haber celebrado en septiembre de 2020, y que fueron pospuestos por la pandemia de coronavirus. La intención era entrar con una formación unitaria de oposición en el Legislativo, cuyos escaños hoy están dominados por partidos pro Pekín.

De los 55 detenidos, 47 fueron imputados poco después, acusados de formar parte de un “plan perverso” para “paralizar” el Gobierno de Hong Kong y socavar la seguridad nacional de China. El macrojuicio arrancó finalmente en febrero de este año, con 31 de los acusados declarándose culpable de los hechos que se le imputaban; en mayo, dos de los enjuiciados fueron absueltos y otros 14 condenados. La sentencia definitiva, con el detalle de las penas para los procesados, es lo que las autoridades judiciales han emitido este martes, casi cuatro años después.

“Cuando las instituciones sociales se desmoronaron una tras otra a nuestro alrededor, nos elevamos por encima del miedo y emergimos como una auténtica sociedad civil, cada uno viviendo el verdadero significado de la ciudadanía”, ha escrito Gwyneth Ho, una de las condenadas, en un extenso texto publicado en Facebook tras recibir la sentencia a siete años de prisión. “Aunque se nos negó la democracia en varios niveles institucionales, la construimos desde abajo”.

Una oposición laminada desde 2020

La sentencia supone un serio golpe para la oposición democrática en Hong Kong, laminada casi por completo desde que Pekín impulsó en 2020 la férrea Ley de Seguridad Nacional para controlar las protestas que sacudieron el territorio durante meses. Desde entonces, el movimiento ha sido silenciado entre detenciones, cierres de periódicos y la emigración de muchos de sus protagonistas y simpatizantes.

La norma prevé la cadena perpetua para quienes planeen actividades “terroristas”, “sediciosas” o “subversivas” y su promulgación supuso un punto y aparte en la arquitectura jurídica del centro financiero internacional desde que dejó de ser una colonia británica y China recuperó su soberanía en 1997. Los críticos aseguran que cercena las libertades que la China continental se comprometió a garantizar hasta 2047 en el territorio autónomo. En marzo, el Parlamento de Hong Kong complementó esa arquitectura con la aprobación de su propia ley de Seguridad Nacional, denunciada como una herramienta creada para asestar un golpe terminal a cualquier tipo de disensión. Las autoridades comunistas de Pekín consideran que el territorio está en estos momentos bajo control tras un periodo de “caos” que no está dispuesta a volver a tolerar.

“Presentarse a unas elecciones e intentar ganarlas es ahora un delito que puede llevar a una década de prisión en Hong Kong”, ha expresado de inmediato, tras conocerse la sentencia, Maya Wang, directora asociada para China de Human Rights Watch, en un comunicado. “Las duras sentencias […] reflejan a qué velocidad han caído en picado las libertades civiles y la independencia judicial de Hong Kong en los últimos cuatro años”.

Este miércoles se espera que se reanude otro caso paradigmático relacionado con las libertades civiles en el territorio autónomo, el juicio contra Jimmy Lai, fundador del desaparecido periódico Apple Daily. Lai, de 76 años y detenido de forma ininterrumpida desde diciembre de 2020, también está acusado bajo la Ley de Seguridad Nacional, en su caso por colusión con países extranjeros o elementos externos.