Georgia mide en las urnas el apoyo a la deriva autoritaria del Gobierno

Georgia vota este sábado en unas elecciones cruciales. Tras 12 años de Gobierno del partido populista Sueño Georgiano (SG), la oposición prooccidental cree estar en disposición de arrebatar el poder a un Ejecutivo cada vez más autoritario, que, además de aprobar leyes que ponen en peligro la supervivencia de la sociedad civil, se ha apartado del camino a la adhesión europea y se ha escorado hacia Rusia y China. No solo puede ser la mejor oportunidad para la oposición de arrebatar el poder a SG; también puede que sea la última.

Los dirigentes de SG y su líder, el oligarca Bidzina Ivanishvili, han amenazado con que, si obtienen una mayoría suficiente, iniciarán un proceso de ilegalización contra los principales partidos de oposición a través de la Fiscalía y el Tribunal Constitucional, e incluso han asegurado que cancelarán las actas de los diputados electos de estas formaciones. “Es inadmisible que [en caso de ilegalización] los representantes criminales de las fuerzas políticas criminales retengan su cargo como miembros del Parlamento”, advirtió el primer ministro, Irakli Kobakhidze.

“Este es el momento más importante de la historia de Georgia”, sostiene Nino Dolidze, de la opositora Coalición por el Cambio. “Una batalla similar a la del 9 de abril de 1989″, cuando comenzaron las protestas que desembocarían en la secesión del país de la URSS dos años después. “Si el Gobierno gana, será desastroso. Mucha gente tendrá que huir del país. Pero no me quiero poner en ese lugar, vamos a luchar por cada voto y a estar concentrados desde la mañana y hasta que termine el escrutinio”, continúa Dolidze.

El actual Gobierno de Georgia firmó en 2014 un acuerdo de asociación con la Unión Europea y el pasado diciembre recibió el estatus de país candidato a la adhesión, pero el proceso ha sido congelado por las duras leyes adoptadas por el Ejecutivo durante el último año. Para Ana Tavadze, del movimiento Shame (Vergüenza), la deriva autoritaria se lleva intensificando desde 2018, con una represión “cada vez más brutal”. Asimismo, denuncia los intentos del Gobierno de silenciar a los medios opositores, encarcelando e investigando a sus directivos; de cooptar el sistema judicial ―EE UU ha sancionado al exfiscal jefe por trabajar junto a los servicios secretos rusos y a cuatro miembros del Tribunal Supremo por corrupción―; y de “diseminar propaganda rusa”.

Una de las últimas iniciativas, aprobada esta primavera pese a la oposición en las calles, ha sido la Ley de Transparencia de Influencia Extranjera, inspirada en la normativa rusa y que de aplicarse supondrá un clavo en el ataúd de la vibrante sociedad civil georgiana. “Las organizaciones no gubernamentales han monitorizado la actividad de las instituciones e incluso muchas proveen servicios allí donde el Estado no cumple su función”, explica Tavadze. Desde el partido gobernante aseguran que lo único que pretenden es más transparencia en la financiación de las ONG, medios de comunicación e individuos que reciben subvenciones y donaciones del exterior; lo que en un país pequeño, y más bien pobre, como Georgia implica a casi toda la sociedad civil, no únicamente aquellas asociaciones más políticas, sino también iniciativas de apoyo a la incorporación de las mujeres al mundo laboral, o asociaciones de ayuda a las personas con síndrome de Down.

“La ley permite al Gobierno acceder a todos los datos que las organizaciones tienen sobre su personal y los beneficiarios de sus proyectos, además de imponer multas altísimas si se incumplen las estrictas normas de contabilidad, lo que en la práctica supondrá que muchas tengan que cerrar”, critica la activista. “La prueba de que es una ley de inspiración rusa es que solo Moscú e ideólogos como Alexander Dugin [filósofo ruso, nacionalista y de extrema derecha] la han apoyado, mientras todos nuestros socios occidentales la critican”, agrega.

Polarización y desigualdad social

Los georgianos llegan a las urnas tras una campaña de gran polarización en la que el Gobierno ha acusado a Occidente y a las ONG de tramar una “revolución” en caso de que no ganen los comicios. El país estrena una nueva ley de reparto de escaños muy proporcional, lo que implica que, si SG no obtiene al menos el 45% de los votos, tendrá muy difícil revalidar mandato; las encuestas le otorgan entre el 32% y el 60%, según sean encargadas por medios progubernamentales u opositores.

Además, en esta ocasión los partidos de la oposición, habitualmente a la gresca, se han puesto de acuerdo en una serie de medidas propuestas por la presidenta, Salome Zurabishvili, que prevén la formación de un Ejecutivo de coalición, cuyas reformas irían destinadas a deshacer la legislación antidemocrática aprobada en los últimos años, reformar la Justicia y recuperar el proceso de adhesión a la UE. Aunque no han sido capaces de pactar una lista única, los diferentes partidos se han unido en torno a cuatro coaliciones que van desde la derecha al centroizquierda, lo que en realidad les puede garantizar más votos, pues muchos georgianos rechazan de plano al principal partido opositor, el derechista Movimiento Nacional Unido (MNU), que gobernó entre 2003 y 2012 y, en sus últimos años, reprimió con violencia a sus críticos. “Hasta ahora, SG nunca se había enfrentado a una alternativa opositora fuerte y había capitalizado el miedo a un retorno del MNU”, sostiene Tavadze.

La historia de Georgia desde su independencia ha seguido un patrón similar: partidos o líderes que llegan al poder con gran apoyo y un programa de reformas democráticas, pero que, con el paso del tiempo, concentran el poder y se dejan llevar por tendencias autoritarias. La mejor vacuna contra esto, afirma Dolidze, es que “el próximo Gobierno sea de coalición entre varios partidos, para que ninguno concentre el poder”.

Además del giro autoritario, Sueño Georgiano, que comenzó siendo un partido de centroizquierda (tenía estatus de observador en el Partido Socialistas y Demócratas europeos hasta que fue expulsado el año pasado), en los últimos años ha adoptado una retórica ultraconservadora similar a la de Viktor Orbán en Hungría o Vladímir Putin en Rusia, con discursos y legislación contra la comunidad LGTBI+ muy similar a los del Kremlin. Esto ha creado un clima de hostilidad que ha desembocado en ataques, el asesinato de una modelo trans y el exilio de miembros de la comunidad LGTBI+. En una entrevista emitida esta semana, Ivanishvili se erigió en defensor de los “valores tradicionales” ante una Europa que, según dijo, distribuye “compresas en los baños de los hombres” y equipara “la leche del hombre y de la mujer”.

Este hecho, y que en las últimas semanas el Gobierno haya donado al Patriarcado ortodoxo terrenos en varias localidades, ha hecho que la influyente iglesia de Georgia publique mensajes de apoyo tácito al partido. La formación de Ivanishvili también se ha apoyado en los matones de Alt-Info ―y en el canal adscrito a esta formación de ultraderecha a la que muchos consideran financiada por Rusia―, que han atacado a decenas de activistas y periodistas críticos con el Gobierno. Uno de ellos falleció en 2021 tras una paliza de militantes ultraderechistas, aunque el Gobierno atribuye su muerte a una sobredosis.

También en la recta final de las elecciones, observadores independientes y partidos de oposición han denunciado los intentos del partido gobernante de intimidar a los votantes, especialmente en localidades fuera de la capital, donde el empleo depende mucho de las relaciones clientelares establecidas por Sueño Georgiano.

“Ningún partido se preocupa por los trabajadores ni por sus problemas económicos. Ha sido una campaña dirigida por el miedo de los seguidores de Sueño Georgiano a que gobierne la oposición, y de los seguidores de la oposición a que SG nos lleve al autoritarismo y a Rusia”, se queja la sindicalista Sopo Japaridze. Y la falta de un discurso atractivo en este terreno puede ser uno de los puntos débiles de la oposición.

Aunque los sueldos han subido en Georgia en los últimos años, el salario medio apenas llega a los 350 euros, mientras que la Plataforma por un Trabajo Justo considera que para cubrir todas las necesidades vitales es necesario casi el doble de dinero. Y es que los precios se han disparado no solo por la crisis inflacionaria global, sino también por la llegada de más de 100.000 rusos ―muchos de ellos de clase media o alta― que escapaban a la movilización militar en su país, lo que ha triplicado los alquileres en las principales ciudades georgianas.

Desde la implosión de la Unión Soviética, Georgia está inmersa en un proceso de progresiva pérdida de población. No solo porque hay más muertes que nacimientos, sino porque muchos georgianos han emigrado al extranjero en busca de oportunidades. Y esta emigración se ha disparado en los últimos dos años, en los que más de 370.000 georgianos, es decir, un 10% de la población, se han marchado del país: parte de ellos jóvenes altamente cualificados, descontentos con la situación política. Es el caso de Shota, que trabajaba para el Estado y cuyo nombre se publica modificado para proteger su identidad. Se marchó porque no podía soportar las presiones políticas y ahora sobrevive con un trabajo precario en el extranjero. Desea regresar a su país, pero no a cualquier precio: “Quiero volver a una Georgia europea, no a una Georgia rusa. Estas elecciones son nuestra última oportunidad”.