Bruselas propone aranceles “prohibitivos” al grano ruso para evitar que Moscú lo use como arma de guerra

La Comisión Europea ha propuesto este viernes imponer aranceles “prohibitivos” de hasta el 50% a la importación a la UE de cereales, oleaginosos y productos derivados procedentes de Rusia y Bielorrusia. Bruselas quiere así impedir que Moscú pueda usar esos ingresos para financiar su guerra en Ucrania. A la vez, busca prevenir que intente utilizarlos como otra arma de guerra en sus intentos por desestabilizar el mercado interno europeo, sobre todo en momentos de fuertes protestas del campo en múltiples países de la Unión.

Los nuevos aranceles permitirán “mitigar el creciente riesgo de las importaciones rusas a nuestros mercados y nuestros agricultores”, ha afirmado la presidenta del Ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, al anunciar la propuesta, que ya adelantó la noche del jueves a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos hasta el viernes en Bruselas, y que son los que tendrán que darle su visto bueno a la medida. Estos, por su parte, le han encargado a la Comisión que proponga más soluciones “innovadoras” para responder a la cólera del campo.

La de los aranceles es una medida ante todo “preventiva”, subrayan fuentes comunitarias, ante la constatación de que, sobre todo en el último año, Rusia ha incrementado fuertemente su producción de cereales, algo que Bruselas relaciona directamente con el robo del grano ucranio mediante la confiscación de la producción agrícola en los territorios ocupados. Según Bruselas, estos cereales ucranios han sido falsamente etiquetados como “rusos” y exportados de manera “deliberada” a la UE, algo que ahora se frenará porque, confía la Comisión, “los aranceles propuestos garantizarán que este método ilícito de exportación deje de ser rentable”.

La inclusión de Bielorrusia a esta medida tarifaria —que no es una sanción, subrayan las fuentes, aunque sea prácticamente equivalente— se debe a que este país aliado de Moscú ha sido usado ya en el pasado por el Kremlin y podría volver a hacerlo para “sortear” medidas punitivas europeas.

Los nuevos aranceles, que dependiendo del producto afectado supondrán un incremento de 95 euros por tonelada o a un derecho ad valorem del 50% para aquellos de más valor, son tan “prohibitivos” que harán comercialmente “inviable” la importación de esos productos, lo que “prevendrá posibles incrementos que puedan desestabilizar el mercado alimentario europeo”, ha valorado el vicepresidente de la Comisión y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis. “Reducirán la capacidad de Rusia de explotar la UE para beneficiar a su maquinaria de guerra, mientras mantenemos nuestro compromiso de preservar la seguridad global alimentaria”, ha agregado Von der Leyen.

Fuentes comunitarias subrayan que la medida, que afectará a productos como el trigo, el maíz o la harina de girasol, está muy acotada al mercado interno, ya que excluye de los nuevos aranceles a los productos rusos o bielorrusos que vayan destinados a terceros países. Una decisión, subrayan las fuentes, que busca impedir una nueva oleada de propaganda rusa acusando a la UE de poner en peligro la seguridad alimentaria de terceros países, sobre todo los más vulnerables, como ya hizo durante los primeros tiempos de la guerra.

La propuesta también incluye que Rusia y Bielorrusia dejen de tener acceso a los contingentes de cereales de la UE en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que ofrecen un mejor tratamiento arancelario para algunos productos.

Apaciguar a los agricultores europeos

La nueva medida contra Rusia no tendrá un impacto brutal en su economía —las exportaciones rusas a la UE de cereales, semillas oleaginosas y productos derivados le reportaron a Moscú un total de 1.300 millones de euros en 2023— ni, tampoco, en la europea (las importaciones rusas son apenas el 1% de las totales). De ahí que sea considerada más bien tanto una advertencia política a Moscú, como un intento más de apaciguar a los agricultores europeos que llevan protestando meses en diversos países.

La medida busca asimismo calmar a una Ucrania que ha visto con preocupación cómo esas protestas del campo derivaban también en una demanda de los agricultores europeos a que se pusiera fin a las exenciones arancelarias a varios productos agrícolas ucranios aprobadas desde 2022 como medida de apoyo al país en guerra.

En su alocución por videoconferencia a los 27 líderes europeos al comienzo de su cumbre en Bruselas el jueves, el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, había lamentado la falta de restricciones al mercado agrícola europeo para Rusia mientras las protestas campesinas en países vecinos como Polonia han provocado que toneladas de grano ucranio sean arrojadas en la frontera bajo acusaciones de los agricultores de que les producen pérdidas y disrupciones en el mercado europeo. “Eso es injusto”, subrayó Zelenski.

Las protestas de los agricultores polacos y de otros países europeos vecinos contra los cereales ucranios abrieron el año pasado la primera grieta en la unidad europea ante la guerra provocada por Moscú. Esta misma semana, los colegisladores —eurodiputados y Estados miembros— llegaron a un acuerdo provisional para prorrogar un año más las denominadas medidas comerciales autónomas de la UE, que suponen la suspensión de los derechos y contingentes de importación sobre las exportaciones ucranias a la UE. No obstante, en vista de las protestas agrícolas, se acordó añadir nuevas salvaguardias para determinados “productos sensibles”, como las aves de corral, los huevos, el azúcar, la avena, el maíz, los grañones y la miel. Varios de los países más afectados por estas protestas agrícolas, entre ellos Lituania y Polonia, llevaban tiempo pidiendo explícitamente la medida arancelaria ahora anunciada para frenar las importaciones de grano ruso.

Muestra de la profunda preocupación que las protestas agrarias provocan en los gobiernos europeos —sobre todo por la capitalización del descontento del campo que intenta hacer una extrema derecha que previsiblemente crecerá en las elecciones europeas de junio— es el mandato claro que los Veintisiete han dado este viernes, una vez más, a la Comisión para seguir trabajando “sin dilaciones” en más medidas “innovadoras” para aliviar la “carga burocrática” del sector.

Los Veintisiete también quieren que se “refuerce” la posición de los agricultores en la cadena de suministro, para garantizar unos “ingresos justos”. Y conminan a la Comisión a ampliar al sector agrícola la norma aprobada en marzo de 2023, como respuesta a los multimillonarios subsidios de Estados Unidos y China, que relaja los requisitos para conceder ayudas de Estado y que las empresas europeas no pierdan competitividad durante su proceso de adaptación a la transición climática y digital.

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