Los alemanes se preguntan si merece la pena trabajar

A las nueve de una mañana heladora de diciembre, Kerstin Boughalem, de 50 años, ya está en su puesto a las puertas de la parroquia evangélica de Rixdorf, en medio del barrio multicultural berlinés de Neukölln. Su tarea consiste en controlar el acceso a las instalaciones que la parroquia ha cedido a Tafel, el banco de alimentos para personas sin recursos fundado hace 30 años que subsiste gracias a donaciones de supermercados y a su ejército de voluntarios. Cuando llegue el camión con la comida, irá dejando pasar en grupos de 10 a los usuarios, que se acumulan con sus carritos en la acera, todavía con parches de nieve. La mayoría son habituales y saben cómo funciona; charlan animadamente y se lo toman con calma.

Boughalem tiene mucho en común con alguno de ellos. Es perceptora de la llamada renta ciudadana (bürgergeld, en alemán, literalmente dinero ciudadano), la prestación que reciben quienes han agotado el paro y no tienen otros medios de subsistencia. Podría estar del otro lado de la cola, pero está en el de los que ayudan con su tiempo. “Soy voluntaria”, dice con un punto de orgullo. “Por supuesto que me gustaría trabajar y disponer de más ingresos, pero me resulta imposible”, lamenta. Lo ha intentado. Con trabajos a tiempo completo, pero también con algún minijob, como se conocen en Alemania los trabajos de pocas horas que no cotizan. Ninguno era viable. Una de sus tres hijos tiene una discapacidad y cada poco tiempo la tiene que acompañar en el hospital cuando está ingresada.

Calentado por la oposición conservadora, en Alemania ha resurgido el debate sobre si merece la pena trabajar, si es más cómodo vivir de subsidios antes que tener un empleo con salario mínimo que aporte lo mismo o poco más que el bürgergeld, la reforma social más importante de la legislatura para el canciller Olaf Scholz. “¿Quién quiere madrugar pudiendo recibir dinero del Estado sin ningún esfuerzo?”, llevan semanas clamando en la televisión y en periódicos sensacionalistas como Bild el líder de la CDU, Friedrich Merz, y su secretario general, Carsten Linnemann. La anunciada subida del 12% en la prestación a partir del 1 de enero les ha dado la excusa perfecta para relanzar la controversia. “¿Qué empleado recibe tales aumentos salariales?”, se ha preguntado Merz.

A Boughalem, alemana que adoptó el apellido de su exmarido de origen turco, le molesta el debate, aunque reconoce que puede haber casos de personas que prefieran vivir sin trabajar. Ella está motivada, asegura, y formada (tiene dos títulos del equivalente de la FP, en asistencia social y como cocinera de hospital). Sin embargo, ahora lleva más de una década viviendo de prestaciones sociales; este año con sus 502 euros más los alrededor de 400 de su hija. Con esos 900 euros al mes mantiene su casa. Va muy justa, dice, especialmente estos últimos meses, por la inflación que ha afectado a los alimentos y al coste de la energía. El último recibo de electricidad: “211 euros”, apunta.

Precisamente, para contrarrestar la altísima inflación que han soportado los alemanes desde la invasión rusa de Ucrania —ahora moderada en el 3,2%, pero que llegó a superar el 10% a finales del año pasado—, el dinero ciudadano se actualiza en 2024. Un beneficiario sin cargas familiares pasará de cobrar 502 euros al mes a 563 euros. Para algunos, esa subida del 12% es demasiado. Merz ha propuesto no aplicarla y así ahorrar y ayudar a cerrar la brecha presupuestaria que atenaza a las finanzas públicas alemanas, en crisis después de que una sentencia del Constitucional pusiera patas arriba todo el gasto público. “El aumento es excesivo si se tiene en cuenta que quienes la reciben deberían tener un incentivo para incorporarse al mercado laboral”, ha insistido el líder democristiano.

Medios conservadores también han dado pábulo a la idea de que en la casa de una familia que viva del bürgergeld entra lo mismo que si uno de los progenitores trabajase por el salario mínimo. En una encuesta reciente, el 64% de los alemanes teme que las prestaciones sociales puedan disuadir de trabajar. En el sondeo, de Forsa para la revista Stern, se aprecia que son los votantes de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y de los democristianos de la CDU los más críticos con el aumento de las prestaciones. El 85% en el primer caso y el 78% en el segundo piensa que a los perceptores ya no les merecerá la pena buscar un empleo.

“Cualquier trabajo —independientemente de los ingresos— supone una renta disponible mayor que no tener ningún trabajo y depender únicamente del bürgergeld”, rebate Holger Schäfer, economista especializado en mercado laboral del Instituto Alemán de Economía de Colonia, cercano a la patronal. El experto reconoce que, “en principio, cualquier régimen de asistencia social incorpora un cierto desincentivo al trabajo”, pero defiende la renta básica alemana, salvo en algunos puntos muy concretos. Una de esas pegas ―contemplada en la normativa del bürgergeld, pero también de su predecesor, el polémico Hartz IV― es la posibilidad de trabajar unas horas a la semana sin perder la prestación y sumándole ingresos. Tal como está diseñado, asegura, “incentiva el trabajo a tiempo parcial, pero disuade de aceptar empleos a tiempo completo”.

La televisión pública ha intentado demostrar que afirmaciones como la del líder de los democristianos, que dijo que “la gente no volverá a trabajar porque calculará que saca más a final de año con transferencias del Estado que si trabaja en un empleo sencillo”, son en realidad falsas. Incluso tras la subida del 1 de enero, el programa Monitor ha calculado, con ayuda del Instituto de Ciencias Económicas y Sociales (WSI) de la Fundación Hans Böckler, cercana a los sindicatos, que una persona sin cargas familiares obtiene de media 532 euros más si trabaja a tiempo completo por el salario mínimo, mientras que familias con tres hijos obtienen entre 429 y 771 euros más, dependiendo de la edad de los menores.

La clave está en que los perceptores de rentas bajas también tienen derecho a prestaciones adicionales, como el subsidio de vivienda o el complemento por hijos a cargo, además de a mayores desgravaciones fiscales de las rentas del trabajo. “En todas las simulaciones se obtiene más dinero si se trabaja, y a veces la diferencia es muy clara”, le dijo al programa Bettina Kohlrausch, directora de la WSI. La diferencia entre ambos regímenes ha sido mínima. Desde que se introdujo el salario mínimo en 2015, ha pasado de 8,50 euros a los 12,41 euros previstos a principios de 2024, lo que supone un aumento del 46%. En el mismo periodo, la renta ciudadana aumentó un 41,4% en el caso de personas solteras.

Las ayudas sociales han sido uno de los puntos de roce entre los tres partidos de la coalición de Gobierno ―socialdemócratas, verdes y liberales―, que, a mediados de diciembre, consiguieron al fin acordar los recortes para el presupuesto de 2024 sin tocar las prestaciones. Los liberales del FDP pedían meter la tijera en gasto social, algo a lo que se negaba en redondo el partido del canciller Olaf Scholz. El secretario general de los liberales, Bijan Djir-Sarai, estaba de acuerdo con la oposición conservadora en paralizar el aumento del bürgergeld. “Está claro que el Estado del bienestar en Alemania cuesta demasiado dinero. Uno de cada tres euros que gasta el Gobierno se destina a gasto social. Esto ya no es posible”, dijo en una entrevista reciente con el diario Bild. Finalmente, y pese al debate sobre el generoso Estado del bienestar alemán, la prestación no se toca. En cuestión de días, Boughalem y los más de cinco millones de alemanes, entre adultos y niños, que perciben el bürgergeld, verán sus ingresos subir un 12%.

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