Las opciones de Trump de volver a la Casa Blanca quedan en manos del Supremo de Estados Unidos

La decisión del Tribunal Supremo de Colorado de impedir a Donald Trump presentarse a las primarias republicanas en ese Estado provocó el martes por la noche la onda expansiva propia de los gestos históricos, pero está lejos de ser la última palabra en el debate jurídico sobre si el expresidente puede o no presentarse a las elecciones de noviembre de 2024.

Primero, porque la decisión, que se basa en la decimocuarta enmienda de la Constitución y da por probado que Trump participó en una “insurrección” durante el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, implica solo eso: que su nombre no podría figurar en las papeletas de Colorado, un Estado que, por otra parte, votó demócrata en 2016 y 2020. Pero sobre todo, porque esa última palabra será, como tantas en este país, del Supremo de Washington.

Los magistrados de Colorado, en una votación estrecha de cuatro contra tres, dieron a los abogados del expresidente hasta el 4 de enero para apelar a ese alto tribunal, y estos confirmaron inmediatamente que lo harían. A las pocas horas también pidieron al Supremo que no entre aún a valorar otro asunto pendiente: si el magnate goza de inmunidad por sus actos de los últimos meses en la Casa Blanca.

Los nueve jueces del Supremo, tres liberales y seis conservadores, tres de los cuales fueron nombrados durante el mandato de Trump, pueden decidir que no entrarán en el asunto, pero es muy poco probable. “Es casi imposible que no acepten el caso”, explicó este miércoles por correo electrónico el profesor de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Massachusetts Amherst Paul Collins, autor de varios libros sobre el Supremo. “Aborda una cuestión de extraordinaria importancia que no se ha respondido antes: si la cláusula de inhabilitación de la decimocuarta enmienda se aplica al cargo de presidente”.

Nikhel Sus, uno de los abogados que litigó el caso en Colorado de parte de una organización de Washington llamada Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética (CREW son sus siglas en inglés), con experiencia en enfrentarse judicialmente a Trump, aclaró el miércoles en una entrevista telefónica que confían en que el Supremo se pronuncie con rapidez. “Es de esperar que quieran acelerar el procedimiento, teniendo en cuenta la velocidad con la que el caso avanzó en las instancias inferiores y que hay un plazo [el 5 de enero] para que el secretario de Estado decida qué nombres incluye en las papeletas [de Colorado]. Aunque todo es un poco incierto aún”.

Para aspirar a la Casa Blanca, es obligatorio ser ciudadano estadounidense, tener más de 35 años y haber residido en el país durante los últimos 14. La Constitución no se lo prohíbe expresamente a un investigado por un delito federal (Trump se enfrenta a 91, en cuatro casos distintos). Ni siquiera si lo declaran culpable.

Pero la citada enmienda, aprobada en 1868, contiene una sección, la tercera, que se redactó tras la Guerra de Secesión para que los sublevados del Sur no pudieran reincidir desde dentro del sistema presentándose a cargos oficiales. “Ninguna persona podrá ser senador o congresista, elector del presidente o vicepresidente, o desempeñar cualquier puesto civil o militar”, dice el texto, “si, habiendo prestado previamente juramento de apoyo a la Constitución de Estados Unidos, ha participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos”.

Un acto de rebeldía

A la pregunta de si puede considerarse como un acto de insurrección lo que Trump hizo el 6 de enero de 2021, día en que convocó una manifestación en Washington que acabó en un ataque al Capitolio, el Supremo de Colorado ha respondido contundentemente que sí, y que el discurso con el que aquel día enardeció a las masas no está protegido por la primera enmienda, la que garantiza la libertad de expresión. Al final de la mañana del miércoles el presidente Joe Biden se mostró de acuerdo. “No hay ninguna duda, cero”, dijo a los periodistas, “de que incitó a la insurrección”.

Los magistrados de Colorado también entienden que cabe aplicar esa prohibición al cargo de presidente, en contra del criterio de una jueza Sarah Wallace, que dictó la sentencia de una instancia inferior que fue recurrida, y en contra de los argumentos de los abogados de Trump, que defendieron que el presidente no es un funcionario de Estados Unidos y que su juramento de “preservar, proteger y defender la Constitución” no es lo mismo que el de apoyarla que describe la decimocuarta enmienda.

Para Collins, que considera que la larga opinión mayoritaria conocida el martes está “muy bien razonada”, el resultado más probable es que el “Supremo de Washington devolverá el nombre Trump a las papeletas de Colorado”. “Pueden hacer esto de diferentes maneras”, explica. “Por ejemplo, diciendo que la decimocuarta enmienda no alude al cargo de presidente, considerando que para impedir a alguien presentarse a la Casa Blanca es necesaria una condena penal, o diciendo que se trata de una cuestión política en la que los tribunales no deberían entrar”. Lo que está claro, añade, es que, en el improbable caso de que así lo desee, el alto tribunal no tiene la potestad de “impedir que Trump se presente en los 50 estados”. “Tendría que ser una decisión tomada en cada uno de ellos por separado”.

Si consideran que la decisión del Supremo de Colorado es errónea, eso sí tendría efectos en todo el país.

¿Por qué, entonces, tanto revuelo? Porque el de Colorado es un ejemplo que podrían seguir en otros territorios, más decisivos que ese. Si fueran suficientes como para hacer matemáticamente imposible que Trump junte los votos electorales suficientes, eso equivaldría a inhabilitarlo. De momento, hay casos parecidos abiertos, entre otros lugares, en Maine, Míchigan y Oregón. En Minnesota y Nuevo Hampshire, intentos similares al de Colorado han naufragado en los tribunales, por cuestiones de procedimiento o de competencia.

“Hay una lógica poderosa en el razonamiento del Supremo de Colorado que otros podrían seguir”, consideró en declaraciones a EL PAÍS el historiador presidencial Russell Riley. “Es una lógica, por cierto, simple: mejor no confiar de nuevo para desempeñar un cargo en alguien que se mostró tan arrogante la primera vez que juró”.

Riley, codirector del centro Miller de la Universidad de Virginia en Charlottesvile, pronunció dos palabras, “territorio inexplorado”, que se escucharon repetidamente en los análisis del día siguiente. “No existe ningún precedente para esto en la historia presidencial de este país”, aclaró.

En el caso del Supremo, algunos analistas sí apuntaron uno: el fallo del Supremo en el caso de Bush contra Gore, que zanjó la disputa por el recuento de votos en Florida en las elecciones de 2000 y acabó dándole la presidencia a George Bush hijo. “Son dos casos con enormes implicaciones en el funcionamiento de la política en Estados Unidos”, opina Collins. “Aquel ilustró claramente cuán ideológico puede ser el Supremo, y es probable que este caso tenga un resultado partidista similar. Curiosamente, sus magistrados pudieron recuperar gran parte de su apoyo público después de aquello. Con sus actuales índices de aprobación en su nivel más bajo de todos los tiempos, será fascinante ver cómo esto afecta su decisión sobre Trump a su legitimidad ante la opinión pública”.

Además de por la poca confianza que inspira, la mayoría del alto tribunal estadounidense se caracteriza por interpretar la Constitución de la manera más fiel posible, así que será interesante también ver cómo lo hacen en este caso. Curiosamente, la teoría jurídica que hay detrás del intento de inhabilitación de Colorado también procede, como algunos de los magistrados más famosos de Washington, del campo del “originalismo”, que aboga por no despegarse de un texto escrito hace más de dos siglos. Esa teoría empezó a tomar fuerza en agosto, tras la difusión de un artículo académico de 126 páginas para la revista jurídica de la Universidad de Pensilvania. Lo firmaban William Baude y Michael Stokes Paulsen, dos reputados académicos conservadores.

Después de conocerse la resolución judicial, Trump dio un mitin en Iowa, el Estado donde en enero empezará, con los caucus, el proceso de las primarias para elegir candidato en el Partido Republicano. Ante sus fieles, no se refirió a los magistrados de Colorado, pero sí dijo (en mayúsculas) en su red social, Truth, que el martes fue “UN DÍA TRISTE PARA ESTADOS UNIDOS”. También lanzó una campaña de recaudación con un mensaje en el que decía: “Así es cómo nacen las dictaduras. No permitiré que jueces de izquierda ROBEN los votos de la MAYORÍA de los estadounidenses”. La retórica es la misma que en los últimos meses le ha servido para cimentar aún más su base de fieles.

Trump saca una ventaja que se antoja un abismo al resto de los candidatos republicanos, que reaccionaron a la noticia cerrando filas en la defensa de su principal rival. Los seguidores de Trump hablan de “persecución política”, consideran que el cerco judicial en varios frentes que asedia al expresidente es una manera de ganar en los tribunales lo que los demócratas no podrán lograr en las urnas. Uno de esos aspirantes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue aún más lejos en un acto público el martes por la noche al decir que la estrategia con la acumulación de casos en su contra es mejorar sus perspectivas en las primarias para después poder derrotarlo en el banquillo cuando se enfrente cara a cara contra Biden.

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