Sunak desafía la legalidad internacional con su política migratoria

El día en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dejó en tierra, el 14 de junio de 2022, el primer vuelo desde Londres a Kigali, la capital de Ruanda, había seis inmigrantes dentro de un aparato con capacidad para 220 pasajeros. El Gobierno británico conservador, al frente del cual estaba entonces Boris Johnson, se empeñó hasta el último minuto en demostrar a sus votantes y al resto del mundo que se tomaba en serio su compromiso de poner fin a la inmigración irregular. Un año después, el nuevo primer ministro, Rishi Sunak, ha logrado aprobar finalmente una Ley de Inmigración Ilegal de extrema dureza y dudoso encaje jurídico. Lo ha hecho justo cuando llegaba a la isla de Portland, en la costa sur de Inglaterra, el Bibby Stockholm, una embarcación gigante en la que Downing Street quiere alojar a los recién llegados al país después de atravesar las peligrosas aguas del canal de la Mancha. Apenas caben 500 personas. Las primeras 50, ha dicho el Gobierno, comenzarán a habitar esta “prisión flotante” en las próximas semanas, según las organizaciones humanitarias críticas. En todo el Reino Unido, cerca de 160.000 personas esperan mientras las autoridades tramitan su solicitud de asilo. El año pasado, más de 46.000 llegaron en frágiles botes hasta la costa sur del país.

Sunak y su ministra del Interior, Suella Braverman, se han empeñado en lanzar gestos de firmeza que calmen al ala dura de su partido, conscientes, sin embargo, de que no se puede poner puertas al mar.

“Los ministros están usando a personas vulnerables y traumatizadas para fines políticos. Están alimentando a la ciudadanía con una campaña de desinformación en torno a cuestiones relacionadas con el derecho de asilo, y provocando división y resentimiento”, denuncia Sacha Deshmukh, director ejecutivo de la división del Reino Unido de Amnistía Internacional. “El uso de antiguos barracones militares y otros recintos de alojamiento completamente inapropiados debe finalizar, así como esta terrible ley o el acuerdo con Ruanda [para deportar inmigrantes]”, exige Deshmukh.

La crisis migratoria que afronta el Gobierno británico es una tormenta perfecta… en un vaso de agua. Es cierto que las cifras de personas que cruzan el canal desde las costas francesas al Reino Unido han tenido un crecimiento exponencial significativo en los últimos años. El año pasado fueron casi 46.000 inmigrantes; en 2021, 28.500; en 2020, 8.466; en 2019, 1.843; en 2018, el primero en que el Gobierno británico comenzó a contar los inmigrantes interceptados, 299. Puede parecer alarmante, pero Frontex, la agencia de fronteras de la UE, detectó el año pasado unos 330.000 cruces irregulares de los límites comunitarios. Y a las costas de Italia llegaron cerca de 105.000 personas.

Cuando el Brexit se convirtió en realidad, con todas sus consecuencias, el 31 de diciembre de 2020, el Reino Unido dejó de aplicar el Reglamento de Dublín III, la normativa que establece a qué país corresponde tramitar una solicitud de asilo. Normalmente, suele ser el primero al que llega el solicitante. Londres no quiso incorporar las materias de refugio y asilo a sus negociaciones con Bruselas. Resultado: desde entonces, el Gobierno conservador busca desesperadamente acuerdos bilaterales con otros países de la UE ―especialmente con Francia― y obtiene siempre la misma respuesta. Es un asunto que corresponde negociar a las instituciones comunitarias.

La solución ha sido aprobar una ley draconiana que, según opinan muchos expertos, choca frontalmente con el derecho internacional. “Gracias a este Gobierno, la reputación histórica del Reino Unido como tierra de acogida de refugiados, de la que tan orgullosos nos sentíamos, se ha convertido en algo del pasado”, se lamenta Josie Naughton, la directora de la organización de ayuda a los refugiados Choose Love. “Es una ley que extingue de manera efectiva el derecho al asilo para muchas personas”, señala.

La nueva normativa ha sido acompañada, durante la tramitación parlamentaria, de una campaña política presidida por el eslogan Stop The Boats (Detengamos los Botes), que Sunak incorporaba en un cartel a su atril cada vez que ha abordado el asunto. Y su ministra, Braverman, no ha tenido empacho en referirse a la llegada de inmigrantes irregulares como una “invasión”.

A partir de la aprobación del texto legal, todas las personas que lleguen a las costas a bordo de las embarcaciones que cruzan clandestinamente el canal de la Mancha verán rechazadas por inadmisibles sus solicitudes de asilo. Y a diferencia de la legislación actual, que impone una prohibición de volver a entrar de entre cinco y 10 años a aquellos que fueran expulsados del país por intentar acceder de modo irregular, el Gobierno de Sunak pretende que la prohibición sea de por vida. La nueva Ley de Inmigración Ilegal impondrá sobre quien ocupe el cargo de ministro del Interior la obligación de deportar a terceros países a todos los irregulares ―como ha intentado ya en el caso de Ruanda― “tan pronto como sea factible”.

“La ley va a permitir al Gobierno cometer abusos de derechos humanos sin consecuencias. Excluir a los refugiados y a los inmigrantes de la protección de la Ley de Derechos Humanos es algo aborrecible y equivocado. Los derechos humanos son universales y el Ejecutivo no tiene derecho a elegir quién se los merece y quién no”, ha denunciado la organización humanitaria Liberty, que ha conseguido recabar las firmas y apoyos de casi 300 ONG para seguir combatiendo la política migratoria de Sunak.

El primer ministro prometió al inicio de su mandato que reduciría a la mitad el número de personas pendientes de una solicitud de asilo, y que pondría fin a la llegada de embarcaciones con inmigrantes irregulares. La oposición del Partido Laborista denuncia la falta de medios, de organización y de planes para aliviar el embotellamiento administrativo, aunque evita la crítica de fondo de la ley, para evitar espantar al electorado. La última encuesta de YouGov indica que tres de cada cuatro británicos (un 73%) creen que el Gobierno está respondiendo a la crisis migratoria de un modo incompetente o caótico. Sin embargo, mientras apenas un 15% de los votantes conservadores acusa a Sunak de estar tratando de un modo cruel e injusto a las personas que llegan de modo irregular al Reino Unido, cerca de un 70% de votantes laboristas tiene ese sentimiento.

La ministra Braverman llegó a utilizar, en el preámbulo de la nueva ley, una inusual advertencia en la que dejaba clara la posibilidad de que el texto incumpliera en parte la Convención Europea de Derechos Humanos (aunque asegurara a la vez su convicción de que no sería así finalmente). El Gobierno conservador ha dejado clara su voluntad de arriesgarse a contravenir el derecho internacional antes de a sus propios votantes.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.