¿Quién recogerá ahora la fruta? El laboratorio antinmigración del candidato DeSantis ya está en marcha en Florida

Son las dos de la tarde en los campos agrícolas de Homestead, vivero y huerta del sur de Florida. El termómetro marca 34 grados de temperatura, y una cuadrilla de cuatro temporeros indocumentados lleva desde el alba sembrando frijoles. Uno de ellos dice que se llama Wilmer y que tiene 28 años. Cuenta también que vinieron “caminando” desde Guatemala “a través del desierto de Arizona” y que viven como nómadas, “de un Estado a otro”, a merced de las cosechas.

Son de los pocos trabajadores que se ven estos días en los campos de esta zona agrícola, puerta hacia el oeste del extraordinario humedal de los Everglades y zona de paso hacia los cayos del sur. Nunca habían estado tan vacíos, y no es por el calor extremo; es por una nueva ley de Ron DeSantis, gobernador de Florida. Junto a su acoso al derecho al aborto, la persecución a las personas trans y la guerra contra la agenda progresista que engloba en su término escurridizo favorito, woke, DeSantis ha convertido su mano dura contra la inmigración en una carta de presentación para obtener la designación como candidato del Partido Republicano para las elecciones del año que viene. Si llega a la Casa Blanca, ha prometido que asegurará la frontera, terminará el muro con México y detendrá “la invasión”. Piensa decretar una “emergencia nacional”, militarizar los puntos más calientes de la divisoria y acabar con la “falacia del asilo”.

De momento, ha desplegado su laboratorio en Florida, un Estado con 772.000 indocumentados, según cálculos de Instituto para la Política Migratoria (cifra que asciende a entre 10,5 y 12 millones en todo el país). Entre otras cosas, la norma SB-1718 revoca el carné de conducir a los sin papeles, toda una condena en esta parte del país; exige a los hospitales que acepten Medicaid (lo más parecido a una seguridad social) a indagar sobre el estatus legal de los pacientes antes de brindarles asistencia; convierte en un delito castigado con penas de hasta 15 años transportar inmigrantes; exige a los patronos con más de 25 trabajadores que utilicen una aplicación para certificar la situación de sus empleados, y destina una partida de 12 millones de dólares (10,75 millones de euros) para expulsar a los llegados a la frontera a otros Estados más permisivos, a los que llama “jurisdicciones santuario”.

“El efecto se dejó ver de inmediato. De un día para otro, notamos el éxodo a otros lugares”, explicó al volante de su camioneta negra este viernes en Homestead el puertorriqueño Benjamín Pérez, pastor evangélico y líder comunitario. Pérez, que se define como “conservador”, viajó a Washington y Tallahassee mientras la ley se tramitaba para tratar de hacer entender a los miembros de ambos parlamentos que “una crisis de alimentación es una crisis nacional”. “¿Quién recogerá ahora la fruta?”, se pregunta. “Los campos de tomates, mangos, maracuyás, los viveros… No habrá quien los trabaje”.

Un paseo por el centro de esta ciudad a 50 kilómetros de Miami, con una población de 90.000 habitantes en pleno crecimiento, muestra un impacto más profundo. En la barbería se desplomaron las citas. A la agencia de viajes le fue bien al principio, cuando vendieron muchos billetes de autobús a los que se marchaban, pero llevan “una semana sin que entre un solo cliente” en la oficina. Y en La Michoacana, heladería y centro de reunión social, “nada es lo mismo que antes desde hace un mes”, según explica Saúl Ávila, el gerente.

En todos esos lugares, Pérez repite el mismo mensaje con el ruego de que se difunda: “El día en que la 1718 entró en vigor nos reunimos con el jefe de policía y otras autoridades locales; nos dijeron que no están aquí para pedir papeles. Así que no tengan miedo, no dejen de ir a un hospital o de denunciar a los agentes un atropello a ustedes o a sus familias por miedo a que los arresten. Las redadas a inmigrantes no son cosa suya, sino de ICE [siglas en inglés de la agencia de inmigración], y no dan abasto”.

Pánico a ser detenidos

A la mayoría les cuesta creerlo. “La gente siente pánico”, explica la agricultora y activista Antonia Catalán en el terreno de Redland en el que su hija, Gabriela Ibarra, y su yerno tienen un vivero de plantas, el negocio más extendido en esta zona, desde donde se abastece a empresas de jardinería y grandes superficies de todo el país. Catalán es una referencia para los indocumentados de decenas de kilómetros a la redonda. A ella, mexicana que llegó en los tiempos de la reforma migratoria de Ronald Reagan en los ochenta, acompañada de su hija de nueve meses, no le intimidan las sanciones que contempla la nueva ley. Lleva a inmigrantes en su coche cuando le piden ayuda para hacer gestiones o los acompaña al hospital si precisan de atención.

Para mostrar que el miedo se ha instalado en la comunidad, hace dos llamadas de teléfono con el manos libres. A la primera, responde un hombre mayor que tenía una empresa agrícola que ha perdido la mayoría de sus empleados, huidos a otros Estados, en las últimas semanas. “Ahora somos solo ocho, si la cosa no cambia, tendré que cerrar para siempre en agosto”, dice el señor, antes de pedir que no se publique su nombre. A la segunda atiende una mujer sin papeles que tiene un hijo de 12 años aquejado de una dolencia crónica del corazón. El otro día fue a un hospital de Miami y le pidieron los documentos del chaval, nacido en Estados Unidos. Ella los había perdido aquel día en que le robaron la cartera y ahora no se atreve a solicitarlos de nuevo, por miedo a las consecuencias.

Sentada al lado de su madre, a la que se refiere como “la señora Antonia”, Gabriela Ibarra interpreta que la ley “ha despertado un enorme racismo contra la gente como nosotras; ahora nos miran mal, pensando si seremos inmigrantes indocumentadas que los vayamos a meter en problemas”. Ibarra también está involucrada en el activismo, en iniciativas como Qué calor! (sic), que persigue sacar adelante una ley que obligue a los patronos a dar a los agricultores “agua, sombra y descanso” (“somos personas, no esclavos”, dice), y arrastra a las protestas a sus dos hijas. La pequeña, Kathy Camacho, de 12 años, está apenada estos días porque ha perdido a varios amigos del colegio, cuyos padres han abandonado Florida tras la nueva ley.

Samuel Vílchez Santiago, director estatal de la organización empresarial American Business Immigration Coalition, cuenta que el 47% de los trabajos agrícolas de Florida los desempeñan indocumentados, el sector más afectado por el nuevo régimen. Eso también está influyendo ya “en el turismo y en la construcción”, una industria que en lugares como el centro de Miami, preñado de grúas de obra, está viviendo un auténtico auge. “Tenemos una de las tasas de desempleo [2,6%] más bajas en décadas; de cada 100 empleos disponibles, solo 63 encuentran solicitante. Esta ley no contribuirá a mejorar eso, y sí a agravar otros problemas como la inflación, la más alta del país, o la crisis por la falta de viviendas”.

Las consecuencias de esa “escasez de fuerza laboral” son impredecibles, según Andrew Selee, presidente del Instituto para la Política Migratoria, organización no partidista con sede en Washington. “Frente a otros Estados, que se están desviviendo por atraer trabajadores, parece que Florida prefiere asustarlos. Una reforma como la de DeSantis tendría que ir acompañada de un refuerzo del sistema de visados H2-A [que permite el ingreso temporal por unos meses a trabajadores del campo, que después regresan a sus países], pero me temo que se trata más de una decisión política. Estas suelen tener una dimensión simbólica, pero en este caso sus implicaciones económicas no se pueden ignorar. Me parece que obedece a un cálculo, que busca mandar un mensaje al electorado de todo el país. Supongo que será popular entre una parte de sus votantes de Florida, pero no creo que lo sea entre los empresarios ya aquejados por la falta de mano de obra”, opina.

La reacción de los hispanos

No existe la certeza sobre cómo ha afectado la medida a la campaña de DeSantis rumbo a las primarias, que no está pasando por su mejor momento; lo separan más de 30 puntos del mejor posicionado para salir elegido por el partido, Donald Trump, y los analistas citan algunas de sus políticas más extremistas en temas como el aborto o la educación para explicar por qué su imagen no mejora en las encuestas. En las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó para su reelección como gobernador, recibió el 58% de apoyo hispano. Y eso que ya había adoptado decisiones contra los inmigrantes, como pagar con dinero público un avión lleno de venezolanos desde uno de los pasos de Texas al bastión demócrata de Martha’s Vineyard (Massachusetts) para protestar por la política de la Administración de Joe Biden en la frontera. (El pastor Pérez interpreta ese apoyo latino recurriendo a un dicho: “No hay peor cuña que la del propio árbol”).

La reforma migratoria no quebrará, desde luego, el apoyo de la colombiana Carolina Castillo, que fue demócrata durante 28 años y en mayo pasó a ser tal vez la republicana conversa más famosa de Florida. Castillo explicó esta semana que cree que a DeSantis no le quedó otra, “en vista de la catástrofe histórica creada por Biden en la frontera, con millones de personas entrando ilegalmente, por no hablar de las drogas y los terroristas”. “Tenía que evitar que esto se convirtiera en Nueva York, San Francisco o Filadelfia, ciudades infestadas por el crimen”. Achaca el éxodo de los migrantes tras la aprobación de la ley a que “organizaciones socialistas como Florida Immigrant Coalition les están metiendo miedo para que se vayan”, cuando la nueva norma “no está pensada para quienes llevan años asentados en Florida, sino para los que llegan de nuevas”. “Es como un sabotaje”, remata.

Patricia Andrade, fundadora en 2016 de Raíces Venezolanas, organización que presta ayuda a sus compatriotas recién llegados en busca de asilo, explica que entiende que DeSantis haya querido “blindar el Estado para que Florida no se convierta en Texas”. “Espero que la reforma sirva al menos para detener a las empresas que se dedicaban a contratar irregulares y pagaban en efectivo por hacer trabajos inhumanos”, explicó el viernes pasado en los pasillos de una de esas empresas de alquiler de trasteros en Doral (más conocida como Doralzuela, en vista de la creciente población de venezolanos; 545.000 ya en todo el Estado).

Andrade, que contó que ha visitado casi todos los puntos críticos de la frontera con México, tiene alquilados 10 espacios en ese edificio, cuidadosamente organizados: ropa de niño en uno, juguetes en otro, la vajilla o la bisutería un poco más allá... Allí, los migrantes pueden pasarse los viernes a recoger gratis lo que necesiten para emprender su nueva vida mientras esperan a que pasen los 150 días para obtener el permiso de trabajo. Es el primero de los plazos tras la concesión del papel que les permite quedarse en el país y les cita para una comparecencia, a veces a años vista, ante un juez migratorio.

Juan Carlos Calderón, pastor asociado del Centro de Esperanza en Hallandale Beach, fue uno de los más de 1.000 pastores evangélicos que firmaron una carta el mes pasado pidiendo al gobernador que no aprobara la SB-1718. Se define como conservador, pero es muy crítico con la norma. Cree que generará miedo y racismo. “Uno no resuelve un problema nacional con una ley estatal que desequilibre el reparto de inmigrantes en todo el país”, sostiene. “Le pedimos [al gobernador] que introdujera al menos alguna excepción para que nos permitiera trabajar con los indocumentados. Imagina que tuviéramos que pedir la identificación a los feligreses para darles misa. O que no podemos atender a un inmigrante recién llegado tras una terrible travesía. La misericordia tiene que estar por encima de la ley. ¿Dónde queda el amor de Dios?”.

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