Guatemala reanuda el proceso electoral tras el intento de sacar de la contienda al candidato progresista

La calle frente a la sede del Ministerio Público de Ciudad de Guatemala, que pasó de investigar hace años grandes casos de corrupción a la persecución de opositores, se llenó de manifestantes la tarde del jueves, un día después de que la fiscalía anunció la cancelación del partido Movimiento Semilla a las puertas de la segunda vuelta de las elecciones. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, pedían la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y de los funcionarios que intentaron expulsar de la carrera electoral la formación progresista Movimiento Semilla, una decisión judicial que puso al país centroamericano al borde de ruptura constitucional y que de momento ha quedado sin efecto.

La Corte de Constitucionalidad ha aceptado un recurso que garantiza la participación de Bernardo Arévalo, el aspirante a presidente del Movimiento Semilla, en el desempate previsto para el 20 de agosto frente a la candidata conservadora y ex primera dama Sandra Torres. La respuesta del tribunal por ahora ha desbaratado el intento del aparato afín al actual presidente, Alejandro Giammattei, de eliminar a un contrincante de la disputa para colocar a un candidato oficialista. Esa fue la maniobra del fiscal Rafael Curruchiche, un funcionario sancionado por Estados Unidos por corrupción, y del juez Fredy Orellana, que el miércoles había dictado la cancelación o inhabilitación del Movimiento Semilla. El partido ha iniciado acciones legales en contra de ambos.

El intento fue un movimiento “burdo”, según varios juristas que denunciaron la ilegalidad de la orden y la intromisión de un juez penal en asuntos electorales. Además, llovieron las críticas ante los temores de una ruptura del orden constitucional. La operación pretendía sacar de contienda a un partido que logró llegar a segunda vuelta, convocada para el 20 de agosto, con una propuesta de rechazo a la corrupción y de contención al autoritarismo que se ha profundizado durante el mandato de Giammattei. Más de cien periodistas, exoperadores de justicia y defensores de los derechos humanos se han exiliado por la persecución que se gesta desde el Ministerio Público.

El Tribunal Supremo Electoral señaló que la orden del juez Orellana interfiere en la facultad exclusiva que corresponde a esa instancia para cancelar un partido político, una situación que además, no puede hacerse con un proceso electoral en marcha. En cualquier caso, hasta que haya sentencia firme sobre las acciones judiciales que detienen la cancelación del partido, la amenaza persiste, según el exconstituyente Aquiles Faillace.

El Movimiento Semilla, nacido al calor de las protestas contra la corrupción de 2015, ha denunciado penalmente al fiscal Rafael Curruchiche y ha presentado una querella contra el juez Fredy Orellana. A ambos se les señala por delitos como incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con propósito electoral, resoluciones violatorias de la Constitución y abuso de autoridad y al juez, además, por prevaricar. Curruchiche no goza inmunidad como el juez Fredy Orellana. Una sala de apelaciones será ahora la encargada de determinar si hay sustento para el avance de un proceso penal contra el juez.

Arévalo y la candidata a la vicepresidencia, Karin Herrera, presentaron la denuncia ante el Ministerio Público cuando la manifestación ciudadana apenas comenzaba. “Creyeron que nos iban a intimidar pero aquí estamos peleando por nuestra democracia”, dijo el candidato, quien agradeció tanto al Tribunal Electoral como al Registrador de Ciudadanos por no acatar órdenes ilegales.

El Ministerio Público asegura que continuará con las investigaciones sobre la presunta falsificación de firmas de los afiliados en el expediente de constitución del partido Semilla, el argumento que esgrimieron la fiscalía y el juzgado para inhabilitar a la formación. El jueves por la madrugada, funcionarios encapuchados irrumpieron en la sede del Registro de Ciudadanos por más de diez horas durante un operativo dirigido por la agente fiscal Cinthya Monterroso, a cargo del caso contra el director de elPeriódico Jose Rubén Zamora y la exfiscal Samari Gómez.

Una charla “acalorada” con el arzobispo

La mañana del viernes, la fiscal general Consuelo Porras atendió en su despacho al arzobispo Metropolitano, Gonzalo de Villa, quien emitió un comunicado en el que indica que “la señora fiscal ocupó la mayor parte del tiempo de la conversación defendiendo, en modos muy acalorados, su persona, sus valores y sus gestiones”. Durante la jornada, la Fiscalía General trató de disculparse y difundió un comunicado en el que asegura que “las actuaciones del Ministerio Público no tienen como finalidad interferir en la fecha de realización de la segunda vuelta ni inhabilitar la participación de ningún candidato” y acusa campañas de desinformación que abonan ese planteamiento.

En opinión del analista Marco Canteo la movilización virtual y ciudadana permitió evidenciar que lo que ocurrió no fue una acción legítima sino que pretendía “estropear la segunda vuelta eliminado una candidatura y un intento para evitar un cambio, por muy pequeño que sea. La acción para cancelar al Movimiento Semilla reveló una narrativa interesante, de evitar cualquier posibilidad de cambiar la situación actual del país, de cambiar la correlación de fuerzas que permitan un rumbo distinto”, dijo Canteo a EL PAÍS.

Al final la presión de las fuerzas democráticas, no todas afines al partido de Arévalo fue decisiva. El Cacif, que agrupa a las cámaras empresariales a las que se identifica como parte del establishment, se pronunció en contra de la cancelación del partido al igual que las organizaciones civiles, de los pueblos indígenas, la juventud universitaria. El rechazo al intento de golpe técnico fue unánime. El pulso ahora se ha trasladado a las cortes de justicia y hacia allá van las demandas de la ciudadanía, para que se confirmen los fallos que sitúan a Bernardo Arévalo en segunda vuelta.

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