El agua potable que circula por los grifos de Montevideo podría tener los días contados. Dejaría de ser apta para beber durante un periodo determinado, según lo adelantó la semana pasada el Gobierno, sin precisar cuándo ni por cuánto tiempo. Las autoridades albergan la esperanza de no llegar a ese extremo y esperan que llueva lo necesario para amortiguar los efectos de la crisis hídrica que arrastra el país desde hace tres años. Sin embargo, hasta ahora el clima no ha sido clemente con los uruguayos. Más bien lo contrario.

El prolongado revés climático ha causado estragos en el campo y ha provocado que la principal fuente de abastecimiento de agua del sur del país, el embalse Paso Severino, esté en sus horas más bajas. El último reporte oficial indica que la reserva no supera los 1,1 millones de metros cúbicos de agua, cuando tiene capacidad para almacenar 67 millones. Le quedan menos del 2% de sus reservas. Junto a este dato, el informe presenta otro, tanto o más elocuente: los habitantes de Montevideo y del área metropolitana, 1,7 millones de personas, consumen aproximadamente 500.000 metros cúbicos de agua por día. Es decir, la mitad de la cantidad que hay disponible en el embalse.

El embalse Paso Severino, que represa agua del río Santa Lucía, no habría sido capaz de sostener esta demanda sin las medidas adoptadas a fines de abril por la estatal OSE (Obras Sanitarias del Estado). Para “estirar” las reservas de Paso Severino, explicaron, sus aguas dulces se mezclaron con otras provenientes del Río de la Plata, que por influencia oceánica son notoriamente salobres. Desde entonces, el agua corriente de la zona es salada y, hasta ahora, apta para el consumo, aunque no para todos.

El Ministerio de Salud permitió, por un lado, duplicar excepcionalmente los niveles de sodio por litro de agua y pidió, por otro, que se abstuvieran de consumirla los hipertensos y las embarazadas, entre otros grupos vulnerables. A ellos les recomendó tomar agua embotellada. Dos meses después, la empresa Radar Scanntech señala que la venta de agua sin gas envasada se quintuplicó, no solo por el consumo de la población indicada. Más del 50% de los montevideanos dejó de beber agua del grifo, según Opción Consultores, porque no tolera su sabor salado.

Obra de emergencia

“Te pedimos que nos concedas la lluvia necesaria”, imploró el cardenal uruguayo Daniel Sturla vía Twitter hace dos semanas. Lo siguió algún político despistado, que animó a las habitantes de este país, el más laico de América, a rezar por la lluvia anhelada. Las plegarias no fueron atendidas y sin alternativa a Paso Severino, los especialistas dan por hecho que el agua corriente dejará de ser bebible en cuestión de días. Para el Gobierno, si no llueve esa situación durará el tiempo que requieran las obras que permitirán el trasvase de agua dulce desde el río San José al Santa Lucía, encargada contrarreloj la semana pasada.

La obra fue anunciada el 19 de junio por el presidente, Luis Lacalle Pou. Ese día, el Gobierno decretó la emergencia hídrica y aseguró que el suministro de agua potable estaba garantizado en hospitales, residencias de ancianos y centros de atención a la infancia. Asimismo, 21.000 beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social recibirán sin costo dos litros de agua envasada por día, que por otro lado está exonerada de impuestos. El Gobierno envió además al Parlamento un proyecto de ley para crear un fondo de emergencia hídrica y prevé entregar agua embotellada a 500.000 personas de menores ingresos.

Fuera de la casa de Gobierno, Montevideo deja escenas que hasta hace pocos meses eran difíciles de imaginar. Hay cuadrillas de obreros buscando agua subterránea en los principales parques de la ciudad. Las tiendas de reparación de electrodomésticos acumulan calefones rotos por la salinidad del agua corriente. “¡No es sequía, es saqueo!”, exclaman los manifestantes que protestan contra lo que consideran “extractivismo de los recursos hídricos” practicado por las empresas multinacionales, en medio de la peor sequía en 70 años.

Falta de previsión

Esta inusitada crisis de agua potable ha dejado en un lugar incómodo a los políticos uruguayos, que eluden responsabilidades ante la falta de previsión, enzarzados en criticar al adversario. Por un lado, la coalición de centroderecha gobernante le reprocha al Frente Amplio (FA-centroizquierda) no haber concretado una obra alternativa a Paso Severino mientras gobernó entre 2005 y 2020. Por otro, los frenteamplistas responden que en ese periodo la inversión en agua y saneamiento llegó a los 1.300 millones de dólares.

En estas semanas críticas, el FA ha recordado que el expresidente Tabaré Vázquez (2015-2020) entregó a su sucesor, Lacalle Pou, el proyecto Casupá, para construir otra represa en el río Santa Lucía y aumentar la reserva de agua dulce. Según el FA, los estudios sobre la viabilidad de esta opción se iniciaron en 2013 y el proceso preparatorio finalizó en 2019 con el préstamo otorgado por CAF- Banco de Desarrollo de América Latina por un monto de 80 millones de dólares. Pero la represa Casupá nunca se construyó.

La actual administración desestimó ese proyecto y priorizó otro que implicará la construcción de la planta potabilizadora Neptuno, en el sur del país. La concreción de esta obra estará en manos privadas y tomará aguas salobres del Río de la Plata para abastecer al área metropolitana. Según lo previsto, su construcción arrancaría a finales de 2023. “Celebremos que se toma una decisión y que, en poco tiempo, en este o el próximo Gobierno (2025-2030), vamos a tener capacidad ilimitada de agua potable”, dijo Lacalle Pou.

Neptuno convence al Gobierno, pero no a la oposición ni a parte de la sociedad, que ven en esta iniciativa una privatización parcial de la gestión del agua, contraviniendo lo establecido en la Constitución. Además, un grupo de científicos de la Universidad de la República asegura que el proyecto “presenta una serie de problemas ambientales” y que la salinidad del agua del Río de la Plata “supera ampliamente los valores aceptables para ser potabilizados”.

La discusión Casupá o Neptuno ha quedado temporalmente relegada ante la inminencia de que el agua deje de ser apta para el consumo. Ahora son otras las preguntas que los damnificados plantean: ¿Se puede cobrar la factura por el servicio de agua no potable?. Otros van más allá y reclaman, sin éxito, que se cobre un canon por el uso del agua de dominio público (superficial o subterránea) a las grandes industrias y que lo recaudado se vuelque en obras públicas. Este canon está previsto en la Ley Nacional de Aguas de 2009, pero que nunca se reglamentó.

Con un pronóstico de lluvias adverso, el Gobierno apura las obras de trasvase que llevarán más de un mes, mientras la empresa estatal OSE adelanta la reparación de las viejas cañerías por donde se pierde más del 40% del agua potable que produce. “Tendríamos que haber arrancado antes. Se me van a enojar, nos dormimos todos, compartamos la responsabilidad”, reconoció ante la prensa local el expresidente uruguayo José Mujica.

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