Dos acusados de narcotráfico se refugian en la política guatemalteca

El alcalde guatemalteco Esduin Javier Javier, acusado de haber ordenado el asesinato de tres hombres vinculados con tráfico de heroína, se postula como diputado por el partido político que formaron los hijos de Manuel Baldizón, condenado por lavado de dinero en Estados Unidos. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala autorizó la candidatura de Javier pese a que la Fiscalía contra la Narcoactividad les informó de que tiene una sindicación en su contra por asociación ilícita, comercio, tráfico, almacenamiento de drogas y asesinato.

La acusación contra Javier tiene que ver con el asesinato de Delio Sandoval, alias Lelo, y dos de sus guardaespaldas, la madrugada del 25 de enero de 2020, cuando regresaban de una pelea de boxeo que organizó Javier. Lelo había sido detenido en 2013 por tráfico de heroína y según la fiscalía es copropietario, junto con Javier y Carlos Guerra, de la Hacienda Los Potrillos, que ha sido utilizada como bodega de drogas.

Un posible desacuerdo entre Javier y Sandoval propició el ataque armado, de acuerdo con la investigación. Javier lleva dos periodos como alcalde de Ipala, una localidad al oriente de Guatemala, sumida en la pobreza, desnutrición, mortalidad materno infantil y otros índices de subdesarrollo humano. Ipala también está en una ruta de tráfico de drogas al igual que El Rodeo, en el departamento de San Marcos, en la frontera con México.

Al igual que Javier, el señalado por narcotráfico Roderico Ramos Aguilar busca un cargo público como candidato a alcalde de El Rodeo. Atrás quedó el operativo policial de julio de 2021, cuando Ramos fue capturado por delitos de narcotráfico y el ministerio público pedía el antejuicio contra su hermano Exadillas, alcalde de la localidad de Esquipulas Palo Gordo.

El antejuicio es un proceso previo que protege a los funcionarios de acusaciones espurias o políticas, pero que en los casos de Esduin Javier y Exadillas Ramos supone un blindaje frente a los cargos de la Fiscalía. Las cortes de justicia mantienen con inmunidad a los dos señalados.

En cuanto a Roderico Ramos, un juzgado ordenó cerrar el proceso en su contra por lo que de momento puede aspirar a la alcaldía de El Rodeo. Durante 2022, Guatemala extraditó a 30 acusados por narcotráfico a Estados Unidos. Ninguno tenía investigaciones o casos penales en el país. El Ministerio Público no respondió si presentarán alguna objeción contra las candidaturas de Ramos y Javier.

Clanes territoriales

Otros dos acusados por narcotráfico en Estados Unidos trataron de atrincherarse en la política, pero no lo lograron. Carlos Preciado Navarijo, extraditado en enero de 2021 desde Panamá hacia Estados Unidos bajo cargos de tráfico de drogas, buscaba ser alcalde de Ocós, una localidad en las costas de Pacífico guatemalteco utilizada como desembarcadero de cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica. Aunque Preciado no está en Guatemala, logró una fugaz candidatura que le fue retirada ante los cuestionamientos públicos. La hermana del extraditado, Vivian Preciado Navarijo, y la madre de ambos, Edilma Navarijo, siguen en la contienda política.

Fredy Salazar Flores, que en enero próximo dejará el cargo como suplente del Parlamento Centroamericano, quería ser diputado del Congreso por el partido Prosperidad Ciudadana, pero su candidatura fue rechazada porque EE UU lo acusa de narcotráfico. Salazar es yerno de Aler Samayoa, alias Chicharra, a quien EE UU identifica como líder de una organización de tráfico de drogas entre Guatemala, Honduras y México.

Mientras aborda el avión hacia EE UU, Salazar sigue activo en los mítines, marchas y actos en los que se promueven los candidatos del partido Prosperidad Ciudadana. La madre y la esposa de Salazar, María Alma Flores y Danury Samayoa Montejo, se postulan como titular y suplente al Parlacen por ese partido.

El presidenciable de ese partido, Carlos Pineda, encabeza la intención de voto según la encuesta del diario Prensa Libre, un medio que en 2019 informó de que Pineda iba a confirmar binomio presidencial con Mario Estrada, cuya aspiración se truncó por su captura durante una operación encubierta de la DEA. Estrada cumple una condena de 15 años de prisión por buscar financiamiento con el cártel de Sinaloa.

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