Portugal aparca de nuevo la regionalización del país

La gran reforma territorial portuguesa tampoco saldrá adelante en esta legislatura. A finales de 2021, el primer ministro, el socialista António Costa, anunció que convocaría un referendo sobre la regionalización del país en 2024. Contaba con el apoyo del Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués, pero lo que en aquella ocasión dio esperanzas a los defensores de las regiones fue el giro del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha). Su líder de entonces, Rui Rio, se mostró a favor de la consulta y se desmarcó de la hostilidad de su formación hacia el cambio de modelo territorial. En 1998, la oposición del PSD, entonces liderado por el actual presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, había sido uno de los factores determinantes para el fracaso del primer referendo, celebrado durante el mandato del primer ministro António Guterres.

La sustitución de Rui Rio por Luís Montenegro como presidente del PSD, sin embargo, ha situado de nuevo al partido en su casilla anterior. Montenegro no ve oportuna la consulta. Esto ha llevado al primer ministro a desistir de su objetivo, consciente de que una reforma estructural de este calado requiere del consenso de las dos principales fuerzas políticas lusas, PS y PSD. Un empeño solitario de Costa habría chocado casi con certeza contra el presidente de la República y añadido un nuevo frente a los que actualmente separan a ambos.

Además, para sacar adelante la ley que regule el referendo en la Asamblea de la República son necesarios dos tercios de los votos, lo que hace imprescindible el respaldo del PSD. La renuncia de los socialistas fue anunciada tras un Consejo de Ministros celebrado en marzo por la ministra de Cohesión Territorial, Ana Abrunhosa, que culpó al presidente del PSD: “Esto naturalmente se debe a una mudanza de posición del líder del principal partido de la oposición. Por lo tanto, en este momento no tiene ningún sentido hablar de referendo”.

La decepción es notable para regionalistas como Filipe Teles, vicerrector y profesor de Ciencias Sociales, Políticas y del Territorio de la Universidad de Aveiro. “Hay un camino lento que se está recorriendo en el sentido de dotar a las Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional de más competencias; mientras tanto, estamos lejos de la regionalización. El referendo, que es necesario por imposición constitucional, será siempre un obstáculo difícil de superar. Pero el problema no reside solo en las reglas del referendo. La falta de una clara voluntad política para implementar la regionalización me parece aún más difícil de superar”, observa en un correo electrónico.

En su opinión, el aplazamiento del referendo tiene efectos visibles: “Un país centralizado, sin respuestas diferenciadas de políticas públicas a escala regional, con instrumentos de decisión política y con escrutinio democrático, continuará siendo un país que refuerza la concentración en el litoral y las áreas metropolitanas. Esta es también una forma de contribuir a la crisis de la vivienda y a las desigualdades”.

Al contrario que en España, la democracia en Portugal no vino asociada a un proceso de descentralización hacia las regiones. La única concesión del histórico centralismo portugués se realizó tras la Revolución de los Claveles (1974) al reconocerse en la Constitución aprobada dos años después las regiones autónomas insulares de Azores y Madeira. Ambas disponen de un Parlamento y un Gobierno regionales, así como de amplia capacidad legislativa, presupuestaria y tributaria. En los dos archipiélagos operaron durante un corto periodo dos grupos independentistas de extrema derecha (Frente de Liberación de Madeira y Frente de Liberación de las Azores) que cometieron atentados en los meses posteriores a la revolución.

En su libro Cómo se gobiernan los portugueses. Historia constitucional y sistema político de Portugal (Comares), el profesor de Derecho de la Universidad de Extremadura Gabriel Moreno señala que, a excepción de las regiones de Azores y Madeira, “no existe a día de hoy ningún mecanismo de descentralización territorial del poder político ni entidades supramunicipales con autonomía, por lo que es la Administración central de la República portuguesa la que se encarga de la prestación directa o indirecta de la mayor parte de los servicios públicos”. Los debates constituyentes tras el fin de la dictadura fueron los primeros en introducir matices a la visión unitaria del Estado con la propuesta de crear regiones administrativas. Sin embargo, casi medio siglo después, siguen siendo un objetivo teórico que está lejos de materializarse.

En 2003 se crearon las Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional para actuar en cinco territorios que podrían ser la base de un futuro mapa de regiones (Norte, Centro, Lisboa y Valle del Tajo, Alentejo y Algarve), aunque carecen de autonomía política y sus responsables no salen de las urnas. “Sirven para los intereses y pretensiones dictados desde Lisboa y bajo un marco jurídico plenamente central”, indica Gabriel Moreno.

Al mismo tiempo que el Gobierno está avanzando ahora en el refuerzo de estas comisiones para dotarlas de más competencias, ha resultado controvertida la noticia sobre el supuesto plan del Ministerio de Cultura de recentralizar en manos de la Dirección General del Patrimonio Cultural la gestión de museos y monumentos que ahora asumían los territorios. “Si se confirma es un retroceso brutal. Existe ese prejuicio de que la distancia es buena porque evita conflictos de intereses, pero lo que trae es desconocimiento y una decisión descontextualizada”, indicó el presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte, António Cunha, en una entrevista en el diario Público. Menos comedido fue su colega de la Comisión del Algarve, José Apolinário, que acusó a la Dirección General de Patrimonio Cultural de tener un afán recaudatorio respecto a la fortaleza de Sagres, uno de los monumentos que cambiaría de manos, “para financiar los servicios en Lisboa”.

En los últimos años, el Gobierno de António Costa ha dado pasos hacia la descentralización de competencias hacia los municipios, contestada a veces por los alcaldes, como el de Oporto, el independiente Rui Moreira, por carecer de la dotación presupuestaria suficiente. “La descentralización para los municipios continúa siendo una atribución de tareas más que de competencias de política pública. Esta descentralización del gasto muestra bien lo que ha sido la cultura política portuguesa centralista, que tiene extrema dificultad en perder poder”, critica el politólogo Filipe Teles.

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