Lula intenta controlar la explosión de armas en manos de privados de la era Bolsonaro

Cuando Jair Bolsonaro abandonó el poder el pasado 1 de enero, dejó plantada en Brasil una especie de mina antipersona a la que le ha quitado la espita. No está claro cuándo estallará pero, si lo hiciera, los daños serían enormes. Gracias a los cambios legales impulsados por el anterior presidente, las armas de fuego en manos de particulares aumentaron de manera espectacular en estos cuatro años hasta rozar los tres millones, según una investigación de dos ONGs, el Instituto Igarapé y Sou da Paz. La cifra, que es mínima si se compara con EEUU, significa que se han más que duplicado porque eran 1,3 millones cuando el líder de la extrema derecha ganó las elecciones, en 2018. El nuevo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, consciente del potencial dañino de esas armas, ha decretado restricciones para comprarlas o sacarlas de casa y dado plazo a sus dueños para que las vuelvan a registrar. El bolsonarismo ha anunciado una ofensiva legal contra el proceso.

El asunto es especialmente delicado dadas las altas tasas de homicidios, la polarización que desgarra el país y el ambiente en la resaca del asalto a los tres poderes protagonizado por bolsonaristas que no usaron armas pero contaron con complicidades en las Fuerzas Armadas y la policía.

Esos tres millones de armas están en manos de tres colectivos: uno, militares y miembros de las fuerzas de seguridad que las compran a título particular; dos, civiles que han logrado un permiso para defensa propia, y tres, cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas, la llamada categoría CAC. Esta última es la que impulsa el llamativo aumento de los años Bolsonaro al calor de un discurso nombre de la libertad y de la defensa propia. Al mismo tiempo, ha significado una edad de oro para las armerías y para los clubs de tiro. Durante el anterior mandato, se inauguró uno al día. Las ventas se aceleraron especialmente en 2022, al final del mandato presidencial, lo mismo suele ocurrir en EEUU cuando se vislumbra una derrota de los republicanos.

Lula quiso enviar un mensaje contundente sobre ese festival armamentístico ya en sus primeras horas como presidente. “Con el fin de ampliar la seguridad para los brasileños”, firmó un decreto que, entre otras medidas, limita la compra de armas a tres por persona frente a las 60 autorizadas por Bolsonaro, suspende los permisos para abrir clubs de tiro, exige demostrar para qué se necesita el arma (antes bastaba una declaración), prohibe que los menores de 18 años practiquen tiro deportivo y obliga a los CACs (cazadores, tiradores y coleccionadores) a registrar las armas de nuevo.

El plazo acaba el 2 de abril y, en uno de esos casos que ilustran la compleja burocracia brasileña, afecta a armas registradas ante el Ejército que fueron compradas por particulares a partir de 2019. Ahora tienen que inscribirlas ante la policía. Algunos pueden hacer el trámite por Internet pero los que compraron calibres mayores tienen que presentarlas en comisaría.

Por el momento, solo 68.000 armas se han registrado ante la policía, según el ultimo balance del ministro de Justicia, el antiguo juez Flávio Dino. El nuevo Gobierno se enfrenta en este empeño a dos enemigos de peso: la desinformación que circula por Internet, como la falsedad de que los policías militares inactivos van a tener prohibido portar armas, que el Ministerio de Justicia ha desmentido, y la ofensiva judicial del bolsonarismo contra una orden que considera ilegal.

Brasil es un país con altas de violencia y, según alertan los expertos, el problema con las armas es que aunque sean compradas con todos sus permisos no están inmunes de acabar engrosando el mercado ilegal, que también es gigantesco. Y se han dado casos escandalosos. Las facilidades para registrarse como CAC eran tantas, que incluso algunos veteranos del crimen organizado preferían ampliar su arsenal en una tienda que recurrir a los circuitos ilegales de siempre.

El lobby parlamentario de los defensores de las armas, al que pertenecen varios exministros de Bolsonaro, se ha movilizado para neutralizar en los tribunales la obligación de inscribir sus pistolas, escopetas y fusiles ante la Policía Federal con el argumento de que el plazo es insuficiente y la orden, ilegal.

En cuanto se aprobó el plazo, el diputado Eduardo Bolsonaro, policía, aficionado a las armas y tercer hijo del expresidente, ya anunció una ofensiva para parar los pies al nuevo Gobierno. En línea con uno de los argumentos más usados por su padre, vinculó la proliferación de las armas con el descenso de homicidios registrado durante el mandato de Bolsonaro, algo que para la mayoría de los especialistas no se sostiene. Viculan la caída más bien a factores como las treguas entre grupos del crimen organizado o al descenso de la población joven. Bolsonaro 03, como se le conoce en familia, aseguró también que “solo desarman al pueblo los genocidas, como Hitler, Mao, Stalin, Fidel Castro…”. Mencionó incluido al camboyano Pol Pot.

Cuando era presidente, Bolsonaro hizo en un explosivo Consejo de Ministros un encendido discurso a favor de armar a los civiles: “Por eso quiero que el pueblo se arme. Es una garantía de que no vamos a tener un hijo de puta que imponga una dictadura.”

Hasta principios de este siglo Brasil era un país absolutamente permisivo con las armas, se anunciaban en la prensa, se vendían en las tiendas de artículos deportivos, pero ese panorama cambió con la aprobación del estatuto de desarme, que 2003, en el primer Gobierno Lula. Implicó enormes restricciones a la venta y el uso que duraron prácticamente hasta la llegada de Bolsonaro. El diario Folha de S.Paulo alaba en su editorial de este viernes que “el Gobierno Lula retome la sensatez” en esta cuestión, que considera “uno de los peores legados” de Bolsonaro. Recomienda a las autoridades actuar “con racionalidad y perseverancia” porque “la seguridad pública es un área compleja donde el populismo el inmediatismo pueden tener efectos contrarios a los esperados”.

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