La investigación sobre las fiestas de Sanna Marin concluye que no incumplió sus deberes como primera ministra de Finlandia

Una investigación oficial ha exculpado este viernes a la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, de varias denuncias en las que se la acusaba de haber actuado de forma negligente este verano al participar en fiestas privadas. La filtración de un vídeo en el que se veía a la líder socialdemócrata, de 36 años, bailando en una fiesta privada con amigos y celebridades, desató las críticas de una parte de la oposición y de algunos medios de comunicación, que sugirieron que esa conducta era incompatible con su cargo.

La investigación llevada a cabo por el canciller de Justicia de Finlandia, Tuomas Pöysti, encargado de supervisar la legalidad de las acciones del Gobierno y el presidente de la República, ha revelado que no existe ningún indicio de que quien se convirtió en 2019 en la mujer más joven del mundo al frente de un Gobierno incumpliera su deber oficial por acudir a esas fiestas. Pöysti, tras analizar en profundidad las quejas presentadas por algunos ciudadanos finlandeses, ha declarado: “No tengo motivos para sospechar que la primera ministra Marin haya actuado de forma incorrecta en su cargo o que haya hecho dejación de sus funciones”.

En las denuncias se acusaba a la mandataria, entre otras cosas, de no estar en condiciones de ejercer su cargo por haber consumido alcohol, sin haber cedido sus funciones previamente a otro ministro durante los fines de semana en que estuvo de fiesta. El canciller de Justicia ha refutado esa acusación alegando que las denuncias no especificaban qué labor oficial no se pudo realizar o qué función concreta se vio comprometida debido al comportamiento de la primera ministra.

Algunas de estas acusaciones también sugerían que Marin no se comportó de manera acorde con la dignidad debida en un jefe de Gobierno al mostrar una actitud que, según ese análisis, deterioró la reputación internacional de Finlandia. Sin embargo, Pöysti ha recordado en su dictamen: “No corresponde al canciller de Justicia, como autoridad suprema en cuestiones de legalidad, evaluar la moralidad de la conducta de un ministro o las cuestiones relativas a su credibilidad política o la confianza de que goza”. Es el Parlamento finlandés el que supervisa directamente a los miembros del Gobierno.

Otra de las quejas que pesaban sobre la jefa de Gobierno aludía al supuesto riesgo en que puso la seguridad del Estado al haber organizado una fiesta en su residencia oficial sin examinar previamente a los invitados. No obstante, según el canciller, la residencia oficial del jefe de Gobierno puede ser utilizada para actos privados y no es obligatorio que los equipos de seguridad revisen a los participantes.

La líder socialdemócrata se sometió voluntariamente a un test de drogas para desmentir los rumores, extendidos por las redes sociales, de que había tomado estupefacientes en la primera fiesta que mostraron los vídeos. El examen dio negativo. “Soy humana. Y yo también a veces anhelo la alegría, la luz y la diversión en medio de estas nubes oscuras”, argumentó más tarde.

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