Cientos de justos pagan por dos pecadores en un pueblo de Cisjordania

En Kafr Dan, cientos de justos pagaron por dos pecadores. El pasado día 14, dos vecinos de este pueblo cisjordano de 7.500 habitantes próximo a la ciudad de Yenín mataron a un militar israelí en un ataque a un cercano puesto fronterizo con Israel, antes de perecer en el tiroteo. Cinco días más tarde, cuando reabrió la terminal, otro vecino de Kafr Dan, Ahmed Mari, de 27 años, se disponía como cada mañana a cruzar a Israel para trabajar en la construcción. Esta vez, sin embargo, el lector que abre la barrera de seguridad se tiñó de rojo al pasar el documento de identidad, al que va asociado el permiso de trabajo en Israel. Probó de nuevo, sin éxito, y consultó en el móvil la aplicación del COGAT ―el organismo del Ministerio de Defensa israelí que gestiona los asuntos civiles de Gaza y Cisjordania― para descubrir que las autoridades militares israelíes habían congelado todos los permisos laborales de los habitantes de la localidad. Kafr Dan se quedaba “hasta nuevo aviso” sin su principal fuente de ingresos.

“Mi vida se ha detenido. Lo único que hago es esperar, esperar…”, explicaba Mari el pasado lunes, cuando la medida seguía vigente y la revocación ―anunciada tres días más tarde― centraba sus rezos. La incertidumbre le llegaba justo con su esposa embarazada de tres meses, y sin ahorros, seguridad social, ni familiares a los que recurrir. “Todos estamos en la misma situación en mi familia, hasta mis primos”, señalaba alicaído y con rostro preocupado. Su contratista palestino le prestaba dinero para subsistir.

Mari solo tenía dos alternativas a revisar la aplicación israelí cada mañana a las 05.00 (la hora a la que solía salir de casa) por si había algún cambio. Una era empezar a cruzar ilegalmente. Es a la que recurre un buen número de palestinos, aprovechando los huecos en la barrera de separación ―que no ha sido completada―, aunque pueda acarrear multas y hasta penas de cárcel. “Es muy difícil. No es ningún juego. Te pueden disparar y matar”, subrayaba el joven. La otra, encontrar trabajo en Cisjordania, cuya economía frágil, ineficiente y fragmentada está condicionada por las barreras israelíes al movimiento y depende de las ayudas internacionales. “Imposible”, resumía.

Mari se despidió con prisa. Tenía que acompañar a su pareja, con la que se casó el año pasado, a una prueba médica con motivo del embarazo. “Justo ahora es cuando tendría que estar ahorrando porque todos estos test cuestan mucho dinero y acabamos de empezar”, señalaba antes de agregar: “¿Hay algo peor que esto? ¿Ser castigado por algo que no hiciste?”.

A Rami Al Salah, en cambio, le daba pudor quejarse. “Gracias a Dios, todo está bien”, decía mientras el movimiento nervioso de la rodilla delataba lo contrario. “Como contratista, tengo dinero y mi propio negocio. Estos días nos apoyamos entre todos”, explicaba. Al Salah, de 43 años, también tenía vetada sine die la entrada a Israel, pero con mucho más colchón económico para mantener a su mujer y a sus seis hijos que los seis peones que subcontrata para levantar casas ―por lo general de palestinos con ciudadanía israelí― al otro lado de la frontera. Él se encarga además de adquirir la piedra en las canteras. Con las obras paradas, sus clientes en Israel se impacientaban y amenazaban con contratar a migrantes asiáticos en Israel para acabar la vivienda sin vaivenes, con lo que habría perdido lo invertido en los cimientos y los muros ya levantados.

Esté activo o no, el permiso le cuesta 2.500 shekels (unos 700 euros o dólares) mensuales. Todo un negocio que enriquece a intermediarios, comisionistas y timadores que dejan de responder al teléfono tras cobrar. También se hace cargo de 200 euros mensuales del permiso de cada uno de sus empleados. Calculaba que, entre gastos y plusvalías perdidas, dejaba de ingresar cada día unos 300 euros.

Al Salah no logró resignarse a consultar cada dos por tres la aplicación y la página de Facebook del COGAT. También se acercó algún día al puesto fronterizo a ver si había suerte. “Sabía que [el permiso] estaba congelado, pero lo intenté igual. Allí nadie te dice hasta cuándo no funciona, solo que ese día no funciona”, lamentaba. Unos 1.600 residentes en Kafr Dan se vieron afectados por la paralización de los permisos, según Al Salah. Por lo general son miembros de la misma familia y ejercen en Israel en la construcción o la agricultura. El COGAT rechazó proporcionar el número y explicar los motivos de la medida.

El castigo colectivo en Kafr Dan no se limita a los permisos. Con la luz verde del Tribunal Supremo, las fuerzas de seguridad israelíes suelen además demoler la vivienda de los atacantes, como “medida disuasoria destinada a impedir nuevos ataques terroristas”, señala el Ejército israelí, consultado al respecto. “No es una herramienta de castigo”, recalca.

A Hani Abed parece preocuparle poco el futuro de su casa. Habla de ello como una suerte a la que resignarse y no esconde la satisfacción de que su hijo, Abdulrahman Hani Abed, fuese uno de los dos atacantes. “Estoy muy orgulloso de que mi hijo no matase a civiles. Fue un soldado que mató a un soldado en respuesta a que mataron a su primo […] Los israelíes matan niños y lanzan bombas”, justifica rodeado de otros familiares. Un cartel loa al “mártir” con Jerusalén de fondo.

Poco después del ataque, las fuerzas israelíes entraron en la vivienda —“habría un centenar solo dentro de la casa”, rememora— para preparar su demolición en una fecha desconocida. En las paredes aún se pueden ver los agujeros para medir el grosor de los muros. También tomaron las medidas de otro inmueble familiar.

Nadie en la familia tenía ya permiso de trabajo en Israel, pero ahora tampoco podrían solicitarlo. La reactivación de los permisos no se aplica a decenas de familiares de los dos atacantes, precisa el COGAT en un comunicado. En todo el territorio ocupado de Cisjordania, tienen prohibido entrar a Israel “más de 2.500 familiares de perpetradores palestinos de otros ataques terroristas contra israelíes en el último año”, agrega la nota. Israel concede a los alrededor de tres millones de cisjordanos unos 100.000 permisos de trabajo en Israel y otros 30.000 en los asentamientos judíos allí establecidos.

El día que los soldados y policías de fronteras israelíes entraron en la casa de los Abed, hubo enfrentamientos en la localidad y un adolescente de 17 años, Uday Salah, murió de un disparo en la cabeza, según el Ministerio de Sanidad palestino. El ejército israelí aseguró entonces que sus soldados dispararon, e identificaron “haber dado en el blanco”, cuando “sospechosos armados lanzaron explosivos y cócteles molotov, y abrieron fuego contra los soldados”. “Estaba en su propio pueblo, solo fue a ver lo que pasaba. No fue a un puesto de control militar a hacer nada”, responde su abuelo Basmán mientras encadena cigarrillos en su casa, de la que cuelgan imágenes del adolescente y una bandera de Al Fatah, la facción del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. “Los israelíes entran a por un matlub [buscado por el ejército], lo matan y piensan ‘ahora todo estará en calma’. Es al revés”.

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