Lisboa busca un nuevo aeropuerto desde hace medio siglo

El nuevo aeropuerto de Lisboa es un viejo debate. Ha pasado más de medio siglo desde que comenzó a estudiarse una alternativa al Humberto Delgado en Portela, que en menos de tres décadas de vida se demostró como una mala elección. Han pasado también una dictadura, una revolución y 13 primeros ministros. Gobiernos con y sin mayoría absoluta. Veinte años de gabinetes conservadores y 22 de socialistas. Presupuestos de vacas gordas y presupuestos de machetazos. En este tiempo el turismo se masificó gracias a los vuelos low cost y Portugal se convirtió en uno de los destinos de moda, sin que su principal aeródromo tenga capacidad para aceptar todas las peticiones de las aerolíneas.

“Necesitamos urgentemente el nuevo aeropuerto. Ya estamos rechazando vuelos, no podemos atender todas las peticiones que recibimos”, reconocía el ministro de Infraestructuras de Portugal, Pedro Nuno Santos, a EL PAÍS, en una entrevista anterior a la crisis política que él mismo desató al aprobar un decreto que decidía la ubicación y que estuvo a punto de costarle el cargo. Después de medio siglo, la única unanimidad política y social que se ha alcanzado en este asunto es que el aeropuerto Humberto Delgado, insertado en plena trama urbana, es peligroso, molesto e insuficiente. Ahí se acaba el consenso.

Desde 1969 se han estudiado hasta 17 localizaciones sin que ninguna prosperase. Durante una reciente comida con empresarios, el primer ministro, el socialista António Costa, ironizaba sobre la montaña de “estudios y más estudios” sobre las distintas ubicaciones que se acumulaban en la alcaldía de Lisboa cuando él llegó al cargo. Los cambios de liderazgos políticos también han ido variando las preferencias, aunque en algunos bandazos se especula con el peso de lobbies con intereses económicos que no acaban de salir a la luz.

El dilema sobre la ubicación, a día de hoy, parece limitarse a la península de Montijo o la base militar de Alcochete, ambas en la zona sur del río Tajo. La oposición a Montijo no solo proviene de algunos alcaldes. Los grupos ecologistas alertan sobre el impacto que tendría en un valioso estuario natural, que además puede generar situaciones de riesgo para el tráfico aéreo por la concentración de aves. “Montijo es una aberración absoluta desde el punto de vista ambiental y de biodiversidad y en términos de seguridad”, según Marta Leandro, vicepresidenta de Quercus, una de las nueve organizaciones que recurrieron ante los tribunales la anterior evaluación de impacto ambiental sobre Montijo y que ahora exigen que se realice una evaluación sobre varias ubicaciones que tenga en cuenta las conexiones con el tren, el coste económico y el riesgo para la población, además del impacto ecológico.

El aeropuerto Humberto Delgado es una infraestructura saturada, uno de los peores de Europa en puntualidad. En los primeros días de julio fue el tercero con más vuelos cancelados (solo por detrás de Fráncfort y Schiphol en Ámsterdam) y el sexto donde se registraron más retrasos (afectaron al 65% de los vuelos), según los datos recopilados por la agencia de viajes Hopper Inc. El caos del verano, con la recuperación del turismo a niveles similares a los de 2019, reavivó el debate sobre la urgencia de contar con una alternativa.

Costa sorprendió a todos cuando pareció depositar la decisión en manos del principal partido de la oposición, el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), a pesar de contar con mayoría absoluta. Defendía que se trata de una obra estratégica y que debe pactarse entre ambas formaciones para evitar que no acabe en otro estudio en un cajón en caso de alternancia política. Llegó a decir que el aeropuerto se construiría donde el PSD quisiese.

Pero el PSD estaba en plena transición interna. Tras las primarias para elegir a su nuevo líder, Luís Montenegro, el partido celebró un congreso el 2 y 3 de julio. Dos días antes de la cita, mientras el primer ministro asistía en Madrid a la cumbre de la OTAN, el ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos, publicó un decreto en el Diario de la República donde se decantaba por una medida extraña y quizás salomónica: un aeropuerto complementario en Montijo a corto plazo y otro en Alcochete más adelante. Se argumentó que el primero requiere menos dinero y menos tiempo de ejecución, pero que tiene condicionantes ambientales que impedirán dotarlo de un tamaño suficiente para asumir todo el tráfico aéreo que se prevé en Lisboa. “Los riesgos de que una infraestructura aeroportuaria con dos pistas de gran extensión en la península de Montijo no obtenga autorización ambiental para ejecutarse son considerados como muy elevados”, sostenía el decreto. “La única solución que responde a la exigencia de dotar al país y a la región de Lisboa de una infraestructura moderna con capacidad de crecimiento a largo plazo es la construcción de un aeropuerto en el campo de tiro de Alcochete”, añadía.

El decreto, de paso, anulaba el concurso público internacional para elaborar una evaluación ambiental estratégica sobre los dos emplazamientos, que había ganado el consorcio formado por Coba y la española INECO. El Gobierno portugués considera que la empresa española tiene intereses económicos en el sector que le pueden restar objetividad a su evaluación.

La decisión duró menos de 24 horas. En un acto insólito en la democracia portuguesa, el primer ministro ordenó revocar el decreto. Pedro Nuno Santos no fue destituido ni tampoco dimitió. Después de reunirse con Costa, hizo un acto de expiación pública que la prensa consideró humillante. Casi todos interpretaron que Nuno Santos, que aspirar a sustituir a Costa en el liderazgo del Partido Socialista, consideró que su carrera tenía menos posibilidades de éxito fuera del Gobierno, donde también se sientan otros potenciales sucesores más del agrado del primer ministro.

La polémica por el emplazamiento comenzó hace ya más de dos décadas. En 1999, el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, futuro primer ministro y futuro protagonista del principal escándalo de corrupción institucional, el socialista José Sócrates, forzó el veto a la ubicación en Rio Frio, que estaba a punto de avalar el estudio de evaluación. El Gobierno se inclinó por la opción descartada en Ota, pero las protestas acabaron bloqueando la decisión. Aunque Sócrates retomó el asunto a su llegada al Gobierno en 2005, encargó un nuevo estudio para comparar las ubicaciones de Ota y Alcochete. Finalmente, la bancarrota estatal paralizó de nuevo el proyecto.

El Gobierno conservador de Passos Coelho, que gestionó el país durante la intervención por la troika formada por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y Banco Central Europeo, abandonó las ideas anteriores y planteó complementar el aeropuerto actual de Lisboa con otro en la base aérea militar de Montijo. Su Gabinete también privatizó la ANA, que gestiona todos los aeropuertos del país, y la vendió al grupo francés Vinci en 2013 por 3.000 millones de euros, según recordaba el ingeniero S. Pompeu Santos en un artículo en Público.

Cuando el socialista Costa llegó al Gobierno, decidió respetar la decisión de su predecesor y avanzar sobre ella. En 2017 firmó un memorando de entendimiento con ANA-Vinci para que asumieran las inversiones necesarias para ampliar los aeródromos de Humberto Delgado y Montijo. Se ignoraba entonces que los municipios portugueses tienen la prerrogativa legal de bloquear la construcción de estas infraestructuras en sus territorios. “Escoger un pequeño aeropuerto en el interior de perímetros urbanos, como será en Montijo, es repetir el error de Lisboa”, avisa el alcalde de Seixal, el comunista Joaquim Santos. Una de las primeras cosas que quiere hacer el Gobierno es cambiar esta ley para sortear el veto municipal.

El aeropuerto vuelve ahora a la casilla incierta en la que estaba. Costa se reunió con Montenegro, el líder de la oposición, durante más de tres horas, sin que el encuentro acabase con la incertidumbre. Lo único que han acordado es que se necesita un nuevo estudio. Otro más que se sumará a la colección creada durante medio siglo.

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