La policía cierra con 126 multas su investigación de las fiestas en Downing Street durante la pandemia

La publicación del informe interno de la alta funcionaria Sue Gray puede poner de nuevo contra las cuerdas a Boris Johnson

Boris Johnson, el miércoles en la Cámara de los Comunes.
Boris Johnson, el miércoles en la Cámara de los Comunes.UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR (via REUTERS)

Scotland Yard ha dado este jueves por concluida su investigación sobre las fiestas en Downing Street durante el confinamiento por el coronavirus. Paradójicamente, el cierre de este expediente puede suponer la apertura de nuevos días de presión sobre Boris Johnson. La vicesecretaria del Gabinete, Sue Gray (la número dos en el escalafón de los altos funcionarios británicos) frenó la publicación de gran parte del contenido de su informe interno sobre lo sucedido, para no interferir en las pesquisas policiales. Es muy probable que el informe vea la luz la semana que viene, y se espera que contenga un severo cuestionamiento del liderazgo ético de Johnson sobre su equipo de gobierno en los días de la pandemia.

La investigación policial se ha cerrado con un total de 126 multas, de las que las primeras 20 se anunciaron ya hace unas semanas. Boris Johnson, su esposa, Carrie Symonds, y el ministro de Economía, Rishi Sunak, recibieron la notificación de sanción por su presencia en una fiesta, el 19 de junio de 2020. Era el cumpleaños del primer ministro, y Symonds preparó la celebración, con pastel incluido, en el Cabinet Room, la sala donde se reúne semanalmente el Gobierno en pleno. No se ha revelado la cantidad exacta de la sanción, pero, durante el confinamiento, las normas establecían una horquilla de entre poco más de 30 euros hasta 12.000. Todo sugiere que la multa recibida por Johnson se movió en torno a los 60 euros.

Los portavoces del primer ministro han confirmado este jueves que no recibirá una segunda multa, según les ha comunicado ya Scotland Yard.

“Nuestra investigación ha sido completa e imparcial, y concluyó lo más rápido que fue posible, dada la cantidad de información que necesitó ser revisada, y la importancia de asegurarnos de que cada multa estaba sostenida por pruebas sólidas”, ha dicho Helen Ball, la subinspectora al frente de la Policía Metropolitana de Londres. Doce detectives, 345 documentos (correos, mensajes de wasap, declaraciones de testigos...), 510 fotografías e imágenes de vídeo y 204 cuestionarios para los implicados. El coste total de todo el proceso, según Scotland Yard, ha supuesto más de 540.000 euros.

No fue la cantidad en sí, sino el hecho sin precedente histórico de que un primer ministro fuera sancionado por incumplir la ley, y además dentro de Downing Street, lo que volvió a poner contra las cuerdas a Johnson. Tuvo que pedir perdón en sede parlamentaria, aunque en ningún momento contempló la posibilidad de renunciar al cargo. “Nunca se me ocurrió, ni entonces ni más tarde, que esa reunión en el Cabinet Room, unos minutos antes de lo que iba a ser otra reunión clave sobre estrategia frente a la covid, podía suponer una infracción de las normas. Fue mi error y pido perdón sin reservas”, dijo entonces el primer ministro.

El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, que ha pedido desde entonces en reiteradas ocasiones la dimisión de Johnson, acabó enredado en el último quiebro de un asunto que, en ocasiones, se ha convertido en una comedia del absurdo. La policía de Durham abrió hace un par de semanas otra investigación por presunta infracción de las normas del confinamiento. Esta vez, el investigado era Starmer, por hacer un parón con su equipo, en la campaña de una elección local, para tomarse una cerveza y un poco de comida india para llevar. El líder laborista ha anunciado que él sí dimitirá si la policía acaba imponiéndole una multa.

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Esperando a Sue Gray

A pesar de que la decisión de Scotland Yard de abrir su propia investigación supuso un frenazo al informe interno de Sue Gray, la alta funcionaria decidió publicar parte del documento a finales de enero. En concreto, lo referente a aquellos eventos ocurridos en Downing Street durante el confinamiento que la policía no había incluido en sus pesquisas. Ese primer texto tuvo ya un contenido demoledor. El personal que trabajaba al servicio de Johnson en Downing Street en esas fechas había demostrado escaso respeto a las normas vigentes, y “al menos en algunas de sus reuniones cometió un grave incumplimiento a la hora de observar, no solo las normas éticas exigibles a los que trabajan en el corazón del Gobierno, sino las que podían exigirse a la población británica en general durante este tiempo”, decía el informe. Describía un ambiente en el que imperaba “un consumo excesivo de alcohol que no resulta nunca apropiado en el lugar de trabajo”, y “fallos en el liderazgo y en el juicio empleado por diferentes departamentos del número 10 de Downing Street”.

La sensación general, entonces, era que lo peor estaba por llegar, porque Gray también había manejado fotos, correos y otras pruebas incriminatorias. Y porque su informe no tiene por qué concluir que se hayan cometido ilícitos penales. Es sobre todo un análisis del cumplimiento o no de las normas éticas y de buen gobierno exigibles, y los primeros indicios que presentó a finales de enero apuntan graves fallos.

Johnson ya ha anunciado su intención de volver a comparecer en la Cámara de los Comunes después de que se publique el informe completo de Gray. Es previsible que vuelva a pedir disculpas, con la pretensión de dar por cerrado el episodio. Dependerá del malestar interno entre los diputados del grupo parlamentario conservador, que ya tuvieron un primer gusto amargo de la irritación entre sus votantes en las últimas elecciones municipales, el que vuelvan a surgir peticiones de dimisión, tambores de guerra, y el fantasma de una moción de censura interna para derribar al primer ministro.

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Sobre la firma

Rafa de Miguel

Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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