“Hará falta un cambio de régimen político en Rusia para que Putin pueda ser juzgado por el TPI”

Melanie O´Brien se lleva las manos a la cabeza cuando explica que algunas de las armas cuyo uso ha sido denunciado en la guerra en Ucrania —entre ellas las bombas de racimo o las termobáricas— no figuran en el Estatuto de Roma, el texto fundacional del Tribunal Penal Internacional (TPI). Este no podrá perseguir, por tanto, su utilización por parte de Rusia. O´Brien, que es profesora titular de Derecho Internacional en la universidad de Western Australia, cree que ya es hora de que los 123 Estados miembros del TPI amplíen el abanico de crímenes de guerra manejado por esa instancia. Sostiene también que solo un cambio de régimen en Rusia permitirá juzgar al presidente, Vladímir Putin, por el crimen de agresión que se ha cometido. En tal caso, el proceso podría celebrarse incluso en un tribunal ucranio, siempre que cuente con la legislación adecuada.

En un encuentro virtual con la prensa extranjera en Países Bajos, la académica admite que lograrlo puede costar años. En una conversación posterior con este periódico, llevada a cabo antes de las atrocidades denunciadas este domingo por Human Rights Watch (HRW) en el frente norte de la guerra ―en particular, en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev― O´Brien dice tener esperanza en la labor de la justicia universal. Esta es la que faculta a los países que la adoptan para procesar a sospechosos de guerras como la librada en Ucrania.

Pregunta. ¿Cuáles son los crímenes que sí podrá juzgar el Tribunal Penal Internacional en el caso ucranio?

Respuesta. Tanto Rusia como Ucrania son parte de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Son las normas que regulan cómo se libra un conflicto armado, pero estamos viendo que la primera viola muchas de estas reglas. Habrá que ver cuáles se han vulnerado y si encajan en los crímenes que puede juzgar el TPI, que ha incluido en el Estatuto de Roma un número reducido de crímenes de guerra. El tribunal podrá juzgar los ataques contra civiles, incluidos los periodistas, y contra dianas civiles. Estas últimas son, por ejemplo, viviendas, lugares de refugio, hospitales, escuelas, museos, parques, o teatros. Todos han sido atacados. También podrá perseguir actos como el presunto secuestro del alcalde de la ciudad de Melitopol, ya que fue usado como rehén por las tropas invasoras y liberado en un intercambio de prisioneros.

El hambre como arma es otro crimen de guerra en la agenda del TPI, y a localidades como Mariupol y otras no llegan alimentos o ayuda humanitaria porque lo impiden las tropas rusas. Los crímenes contra la humanidad, por su parte, requieren ataques amplios y sistemáticos contra la población civil, y puede decirse que esto está pasando. También lo sería, de confirmarse, el transporte ilegal de ciudadanos ucranios a Rusia. Equivaldría a una deportación forzosa.

P. ¿Qué delitos escapan al ámbito de este tribunal, que es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad?

R. Rusia ha atacado y ocupado la central nuclear ucrania de Zaporiyia. Es un acto específicamente prohibido por las leyes de la guerra debido a que puede causar enormes daños a los civiles y al entorno. Sin embargo, el Estatuto de Roma no lo recoge. Tampoco aparece el delito de atacar los corredores humanitarios que se consideran una zona desmilitarizada y protegida. Ha habido ataques de esta clase a lo largo de estas semanas, a pesar de que no se puede atentar contra civiles, pero no figura en la lista del TPI.

P. ¿Y las armas, porque no todo vale en una guerra?

R. Este es un apartado asombroso porque el tribunal lleva dos décadas abierto. Cuenta con una disposición que prohíbe el uso de armamento en ataques indiscriminados o que causen un sufrimiento innecesario, pero carece de un listado concreto. En veinte años no se ha creado un anexo para apuntar estas armas y no hay excusa posible. Así que el TPI no puede perseguir algunas cuyo uso se ha denunciado en Ucrania. Me refiero, en particular, a las bombas de racimo y las termobáricas, así como los misiles balísticos imprecisos [con explosivos que no puedan ser guiados hasta su objetivo militar]. En el Estatuto de Roma faltan a su vez las armas químicas y nucleares, y ello se debe en parte a los compromisos políticos de los países que hicieron posible el propio estatuto.

P. Rusia puede estar violando las leyes de la guerra. ¿Qué piensa de Ucrania?

R. Lo que vemos estos días es que Ucrania respeta las normas. Lo que no deben hacer, de ningún modo, es presentar a los prisioneros de guerra rusos en televisión. La Tercera Convención de Ginebra lo prohíbe, en cualquier caso o país, porque los prisioneros deben ser protegidos contra los insultos o el ridículo.

[En el momento de celebrarse la entrevista, HRW no había pedido aún al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, que investigara las imágenes en las que presuntos militares de su país aparecen disparando de cerca a miembros del ejército ruso capturados. El abuso de los prisioneros de guerra es un crimen de guerra].

P. ¿Qué futuro le aguarda al presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco de la justicia internacional?

R. Lo primero que hay que tener en cuenta es que recabar pruebas y datos es una labor prolija, y es preciso demostrar el nexo entre el crimen y el autor del mismo. La autoría es esencial, de ahí la lentitud que se le atribuye a la justicia internacional. Por otra parte, la responsabilidad no recae solo sobre quien ordena un crimen de guerra. También se puede señalar al que no lo impide, o declina perseguirlo una vez perpetrado. En Ucrania, se están produciendo tantos ataques contra civiles que hay una discrepancia entre una supuesta operación militar rusa y la realidad. Parece que lo que vemos era el plan inicial para entrar y llevar a cabo una guerra. Hará falta un cambio de régimen político en Rusia para que Putin pueda ser juzgado por el TPI. Recuerde que este país no es un Estado miembro del tribunal, de modo que es imposible juzgarle por el crimen de agresión, que es competencia de la corte desde 2018.

Con otra situación política, el juicio contra el hoy presidente ruso podría celebrarse incluso en Ucrania. Para ello, debería contar con la legislación apropiada y tener la voluntad de hacerlo. No pierdo la esperanza. El Gobierno sudanés ha dicho que entregaría al TPI al expresidente Omar Al-Bashir, acusado de genocidio en Darfur. Aún no lo ha hecho, pero puede ocurrir.

P. ¿Y un tribunal especial para juzgar el delito de agresión?

R. Creo que sería mucho más efectivo el TPI, siempre que cambiase el régimen en Rusia. El fiscal jefe del tribunal, Karim Kahn, ha tenido que pedir más fondos para investigar la guerra en Ucrania. Un tribunal especial resultaría muy costoso, y de dónde saldría el dinero para costearlo si ahora ya es difícil apoyar al TPI. Por otro lado, una corte especial podría tener problemas de legitimidad; ser vista como la justicia del vencedor. Creo que el Tribunal Penal Internacional es esencial, pero también podrían actuar las cortes nacionales de países que contemplen la justicia universal. Sería eficaz y más rápido, y no es necesario que haya ciudadanos propios entre las víctimas de la guerra para dotar a los jueces de esta autoridad extraterritorial. Aunque claro, habrá quienes tal vez no quieran dañar sus relaciones con Rusia. Eso es ya un tema político.

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